*Urge responder peros de la oposición
*Falsa percepción sobre alcance de la norma
SI bien es cierto que las controversias que rodean el proceso de paz han centrado la atención del país de manera intensa en la última semana así como otros hechos de alto impacto, particularmente la ola de violencia contra los menores de edad, hay otros temas en la agenda nacional que deben concitar el interés de todos los sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, institucionales y, obviamente, de la opinión pública. Uno de ellos es, precisamente, el inicio de la discusión del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno al Congreso días atrás y que en menos de dos semanas de estar bajo la lupa parlamentaria ya genera polémicas de alto calibre, empezando por aquella referida a si la iniciativa necesitaba consulta previa con las minorías étnicas, duda que se solventó acudiendo a jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Pero esa fue apenas la apertura de fuegos en una contienda legislativa que se vislumbra como intensa y mediada, quiérase o no, por la polarización política imperante y una campaña electoral que toma ritmo y en la que es claro que el Plan se convierte en un telón de fondo propicio para que parlamentarios, partidos y candidatos a gobernaciones y alcaldías hagan cualquier cantidad de promesas sobre políticas, obras y medidas a incluir en la iniciativa, todo con el único propósito de conquistar la mayoría de votos posibles para la cita en las urnas de octubre próximo.
Desde el Polo, por ejemplo, se ha advertido que el proyecto del Plan podría estar violando el principio de unidad de materia, por cuanto trae no menos de cuarenta medidas o propuestas de reformas que deberían ser tramitadas como proyectos de ley independientes. También sostienen parlamentarios de esa colectividad que en la iniciativa gubernamental hay una variopinta de políticas que afectarían el marco legal para temas que incluyen desde el régimen de licoreras, la autorización de tropas colombianas en cuerpos de paz extranjeros, y una nueva modificación al mecanismo de licenciamiento ambiental .
Entre tanto voces del uribismo advierten falencias que van desde falta de correspondencia entre las metas fijadas en el Plan y las promesas de la campaña reeleccionista, hasta una intención del Ejecutivo para crear no menos de una decena de entidades e instancias oficiales, que podrían generar carga burocrática excesiva y duplicidad de funciones. Al igual que el Polo alerta el Centro Democrático por las facultades extraordinarias que se dan al Presidente de la República para introducir reformas a todo el organigrama institucional del sector del agro. También cuestiona el uribismo que en el Plan hay propuestas de políticas que deben ser objeto de proyectos de ley independientes.
Si bien el Gobierno no ha entrado a replicar puntualmente cada una de las observaciones de la oposición, e insiste en que el proyecto no solo fue construido desde el consenso regional, sino que compendia la integralidad de lo que debe ser la carta de navegación para el próximo cuatrienio, es claro que la plana mayor ministerial debe alistarse para un debate que se vislumbra muy movido y beligerante desde el punto de vista técnico, de evaluación de metas y análisis a fondo de cada una de las políticas planteadas en la iniciativa. Es evidente que el Plan debe profundizar en las metas específicas y reformas legales y constitucionales que se requieren para cumplir las primeras. De lo contrario sería apenas una iniciación formal de objetivos, que no es ni debe ser la esencia del Plan Nacional de Desarrollo, tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia del máximo tribunal de guarda de la Carta Política.
Como se ve, el debate parlamentario al Plan no es un trámite más sin importancia sino que requiere la absoluta concentración y concertación no solo de las bancadas como del Gobierno sino de todos los sectores. Es de esperar que gobernadores, alcaldes, Consejo Gremial, universidades, organizaciones rurales, la academia y otras instancias nacionales expresen de manera oficial y puntual su opinión frente a los alcances del proyecto del Plan, de lo contrario les quedaría muy difícil quejarse después si llegan a considerar que no terminaron bien posicionados en materia de presupuesto y metas mínimas de gestión y ejecución.
Visto lo anterior por más importantes que sean otros temas que están en la agenda nacional es obvio que el país tiene que enfocarse también en el debate del Plan, más aún si se tiene en cuenta que se trata de una carta de navegación que, en virtud de la reelección presidencial, enfatiza y profundiza lo hecho en el primer mandato sobre todo en materia de mayores y mejores resultados.