* Destituido por “incapacidad moral”
* Sucesión de crisis en gobiernos de izquierda
La destitución y apresamiento ayer del ahora expresidente de Perú, Pedro Castillo, no sorprendió a nadie después de tanta fantochería e ignorancia demostrada que, al mismo tiempo, culminó con una intentona de golpe de Estado sin pies ni cabeza.
Por el contrario, desde el día uno del gobierno de este mandatario de izquierda, quien llegó al poder en julio de 2021, como una propuesta dizque renovadora y tras una elección que ganó por una porción mínima de votos, tanto él como sus más inmediatos colaboradores empezaron a estar bajo la lupa de la justicia y de un Congreso con otras mayorías. Todo ello tuvo su punto culminante semanas atrás cuando la propia Fiscalía peruana presentó ante el Parlamento el voluminoso expediente penal contra el jefe de Estado, sindicándolo de ser el capo de una red corrupta y criminal enquistada en la cúpula del poder para traficar influencias familiares, manipular contratos e incurrir en otros actos de malversación.
Así se explica que en apenas dieciséis meses de accidentada gestión (tuvo que renovar el gabinete en cinco ocasiones con un total de 70 ministros) Castillo se salvó de dos mociones de destitución y ayer, cuando debía votarse una tercera, que muy seguramente lo obligaría a apartarse del cargo, decidió, en un típico acto de desesperación y estolidez política, violentar la Constitución que juró defender, revocar el mandato del Congreso, gobernar por decreto y citar a un improvisado proceso constituyente.
¿El resultado? Las instituciones reaccionaron de inmediato a la intentona autoritaria, las Fuerzas Militares se apartaron de la decisión de Castillo, el poder judicial advirtió la ilegalidad manifiesta del procedimiento presidencial y el Parlamento, reunido de urgencia, aprobó, por una aplastante mayoría de 101 sobre 130 votos posibles, la vacancia presidencial por “incapacidad moral” para ejercer esa dignidad.
Apenas unas horas después, Castillo terminó siendo apresado por efectivos de la unidad anticorrupción de la Fiscalía en las instalaciones de la prefectura policial a la que había llegado tras abandonar la Casa Pizarro, en tanto que la segunda vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la Jefatura de Estado ante el mismo Congreso que días atrás debatió la posibilidad de destituirla por varias infracciones, pero el proceso fue desestimado.
¿Qué pasará en Perú? La crisis institucional es casi permanente en la nación inca, al punto que ha tenido siete presidentes en los últimos seis años y medio (entre elegidos que luego fueron destituidos o renunciaron, vicepresidentes que los reemplazaron y hasta un presidente del Congreso que asumió como última fórmula constitucional). A ello hay que sumar que varios de los anteriores mandatarios hoy están condenados (Alberto Fujimori), procesados (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) o incluso se quitaron la vida para evitar ser capturados (Alan García). Ayer, aunque Boluarte, al jurarse como la primera mandataria peruana en la historia, llamó a una tregua política y un diálogo nacional, no terminó ese clima de inestabilidad ya que, como es obvio, varios partidos urgieron que se convoque a elecciones generales pues todo el régimen presidido por Castillo está infectado.
De otro lado, lo ocurrido con Castillo es una evidencia más del fracaso de los gobiernos de izquierda en Suramérica. Varios de los más emblemáticos líderes están hoy condenados o procesados. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue sentenciado en 2020 por el escándalo de corrupción de Odebrecht y permanece asilado en Bélgica. Asimismo, el dos veces mandatario brasileño y hoy presidente electo, Inácio Lula Da Silva, fue condenado por la misma causa en su país, sentenciado y encarcelado, pero los casos se anularon por simples errores de procedimiento, en tanto su copartidaria y sucesora, Dilma Rousseff, terminó siendo destituida. De otra parte, a al expresidente boliviano Evo Morales, que huyó del país tras revelarse el intento de fraude electoral en 2019, se le anularon varios procesos penales bajo el gobierno de su correligionario Luis Arce…
A esto se suma que no más anteayer la dos veces presidenta argentina y hoy vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por un deleznable caso de corrupción. Y ni hablar del jefe del régimen dictatorial venezolano, Nicolás Maduro. Paradójicamente, varios de los dirigentes de izquierda mencionados modificaron sus constituciones para tratar de perpetuarse en el poder.
No es solo, pues, Castillo el emblema del fracaso izquierdista en sus cacareados propósitos de cambio. Es necesario que también Argentina recupere el sendero perdido. Y que, claro está, en Venezuela se produzcan elecciones limpias y transparentes so pena de que el pueblo siga oprimido por el fiasco de un régimen que acabó con la democracia.