Es muy preocupante lo que sucede en varias zonas del país, en especial del Valle del Cauca, por cuenta de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y otras modalidades delictivas.   

La matanza en la que perecieron ocho personas en una finca de exclusivo sector, entre Cali y Jamundí, debe alertar a las autoridades de los riesgos que implica para la tranquilidad de la población la presencia de bandas armadas. En los últimos años ha resurgido el sicariato en muchas regiones. No hay que olvidar que Colombia en décadas pasadas padeció cruenta época del terror impuesto por los grandes carteles de la droga. Ahora están a la orden del día asesinatos por “encargo”.  Atentados que se han vuelto comunes.

Corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado idear estrategias para el desmantelamiento de las bandas criminales. Las hipótesis sobre causas de la matanza apuntan a retaliaciones entre grupos al margen de la ley, posiblemente relacionados con el tráfico de drogas sintéticas. Según versiones policiales uno de los individuos que perdió la vida en el asalto a la finca, conocido como J1, quien había salido de la cárcel, y era considerado el capo de las drogas sintéticas, trató de reasumir el control de su banda criminal. Tenía interés en el control del negocio, que incluía la venta del llamado 2CB o cocaína rosada, este quizá fue el motivo del encuentro en un predio en La María, exclusivo sector del sur de Cali.

Es una situación que requiere atención. Tras la masacre, la Defensoría del Pueblo aseguró que ya había advertido de la injerencia de bandas criminales en por lo menos 30 barrios pertenecientes a 12 comunas de la capital vallecaucana y expresó su temorpor el aumento de la violencia en Cali.

Es un problema complejo que el Gobierno debe encarar con decisión. No se puede permitir que siga este estado de cosas. Resulta absurdo que el crimen imponga su ley, como en nefanda época de los grandes carteles. El Estado debe tener la capacidad de enfrentar a los delincuentes. Es claro el llamado de la Defensoría "para que desde el Ministerio de Defensa, la Policía y demás autoridades (...) adopten con urgencia las medidas pertinentes para ponerle freno a estas escaladas cíclicas de homicidios, amenazas y afectaciones a la seguridad ciudadana en Cali y el Valle del Cauca”.