* Crecen la inseguridad y el desorden público
* Ciudadanía urge menos teoría y más acción
Hay una escalada de inseguridad ciudadana y el desorden público en distintas partes del país. Eso es innegable. Solo el fin de semana se reportaron dos masacres en un municipio de Santander con saldo de ocho víctimas, el asesinato de un dirigente sindical en Barrancabermeja, dos mujeres y un hombre ultimados en la capital del país, en donde además fueron atacados dos CAI de la Policía así como una matanza ayer en la madrugada en Barranquilla, que dejó seis personas sin vida.
Estos hechos violentos no tienen un nexo entre sí, según las autoridades. Lo ocurrido en Landázuri tendría que ver con el ataque a una familia por una deuda, en donde fallecieron cuatro de sus integrantes y, posteriormente, habitantes de la zona capturaron y lincharon a los presuntos asesinos. En la capital del Atlántico la masacre -segunda en quince días- estaría relacionada con supuestas vendettas entre grupos narcotraficantes. En Bogotá los crímenes están bajo investigación pero es claro que la opinión pública no los desliga de los dos asesinatos colectivos del último mes y los nuevos descuartizamientos de cuerpos, hechos en que estarían involucradas bandas de macrocriminalidad. Y, por último, la Unión Sindical Obrera (sindicato de Ecopetrol) señaló que la muerte de su integrante es un nuevo ataque contra las organizaciones de trabajadores de base…
A lo anterior se suman las matanzas de campesinos e indígenas más recientes en Cauca y otras zonas del país, la emboscada a una patrulla policial en zona rural de Neiva en la que fueron ultimados siete uniformados así como un aumento de atracos en los sistemas de transporte masivo, parques y restaurantes. Adicionalmente están los paros de comerciantes en varias ciudades de la costa Caribe por la ola de extorsiones, el funesto ‘plan pistola’ que le costó la vida a una treintena de agentes de la Fuerza Pública y no pocos casos de intolerancia entre particulares que han terminado con saldo fatal y heridos…
Frente a esa preocupante realidad urge una respuesta más contundente del Gobierno nacional y las autoridades. El debate no puede enfocarse en cuántas masacres, asesinatos o ataques a la Fuerza Pública hubo en la anterior administración y qué número se ha registrado en la que asumió el pasado 7 de agosto. Reducir un escenario de esta gravedad a un pulso político o ideológico no solo resulta insólito e inútil, sino que desvía y dilata lo que es verdaderamente importante: ¿Cuál es la estrategia del Ejecutivo, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y policial frente a un repunte de la criminalidad que tiene a la ciudadanía desesperada y atemorizada?
Lo que está ocurriendo en muchas ciudades y municipios no puede ser enfrentado con una discusión teórica sobre lo que es y no es la llamada “Paz total” que el Gobierno quiere implementar como fórmula para dialogar con los distintos actores de la delincuencia común y organizada. Tampoco se avanza en una solución real y efectiva a esta escalada de flancos de criminalidad con ahondar la discusión etérea sobre el concepto de “Seguridad Humana” o la controversia sobre la efectividad de los nuevos “Puestos de Mando Unificado por la Vida”, los diálogos regionales con factores generadores de violencia o el impacto de directrices gubernamentales en torno a no abocar bombardeos en campamentos guerrilleros en donde se sospeche la presencia de menores, si es válido que los mandos militares reciban órdenes de los alcaldes o si tiene lógica que en la hoja de vida de los comandantes de la Fuerza Pública se hagan anotaciones por la ocurrencia de masacres, asesinatos o atentados en sus jurisdicciones…
Esos debates no son la prioridad. La ciudadanía está urgiendo una respuesta efectiva, concreta e inmediata del Ejecutivo, el Ministerio de Defensa y el estamento policial y militar sobre el grave pico delictivo que está presentándose. Solicita planes de choque para el aquí y ahora. En últimas, exige menos teoría y más acción contra el crimen organizado y común.