* Defender sistema de salud funcional y reconocido
* El Congreso no debe legislar a espaldas del país
Tras el accidentado avance del cuestionado proyecto de reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, en donde se prevé que hoy se aprueben los últimos nueve artículos de la iniciativa que pasaría así a tercer debate en el Senado, se intensificaron las alertas en múltiples sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, institucionales y en cada uno de los actores del esquema de aseguramiento y atención médica en Colombia.
La alarma no es gratuita: el texto que avanza en el Congreso no corrige las falencias del sistema sino que busca derruirlo casi en su totalidad, en pos de instaurar un modelo anacrónico y comprobadamente fallido, sin sostenibilidad financiera asegurada, estatizado al extremo y con una estructuración que da pie a la politiquería, corrupción y desgreño administrativo en el manejo de los billonarios recursos que millones de colombianos y la Nación aportan.
Resulta difícil de entender que una iniciativa que la mayoría del país considera lesiva y peligrosa esté a punto de tener visto bueno en la Cámara. Las advertencias de las EPS, los gremios, expertos, exministros, academia y multiplicidad de voces no han sido escuchadas por el grueso de los parlamentarios que, una vez más, legislan a espaldas del querer ciudadano. Por el contrario, el Gobierno, cuya coalición es minoritaria, logró no solo mantener el quorum deliberatorio sino aprobar el grueso del articulado, acudiendo para ello al ofrecimiento desvergonzado de burocracia y asignaciones presupuestales a congresistas de partidos de centroizquierda y de la franja de los independientes. Por esa vía no solo rompió la Ley de Bancadas, sino que vulneró las directrices de las colectividades en contra de la iniciativa.
Más complicado aún es que la Cámara actuó contra la evidencia de un sistema que, aunque con fallas estructurales y coyunturales a corregir, está considerado entre los mejores del mundo. Por ejemplo, la prestigiosa revista británica The Economist, en un ranquin revelado en septiembre pasado, lo ubicó como el sexto a nivel global en materia de calidad y accesibilidad, tan solo superado por Tailandia, Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Francia, pero por encima de Rusia, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes, Cuba y otros países desarrollados.
Igualmente, semanas atrás se publicó un estudio sobre los mejores hospitales de Latinoamérica en este año. En esa clasificación, desarrollada por Latam Business Conference, de 39 instituciones ranqueadas, 19 son colombianas, es decir 48,7%. Se trata, sin duda, de un valor agregado en materia sanitaria muy importante. Incluso, la Fundación Santa Fe de Bogotá ocupó el segundo lugar, tan solo superada por el Hospital Albert Einsten, de Brasil. Es más, en el top 10 se incluyeron cinco centros de atención de nuestro país.
También en los últimos meses se han conocido informes como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países con mejores prácticas de gobierno. En este se destacó el sistema de salud colombiano por rubros como calidad y acceso a la atención médica. Otras mediciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, el CEO World Magazine o incluso el estudio de “Rasgos distintivos de los sistemas de salud en el mundo”, elaborado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, también ponderaron las características del esquema sanitario colombiano.
Ahora que el proyecto se apresta a llegar al Senado, se espera que el debate sea más objetivo y argumental, con menos sesgo politiquero y maniobrerismo gubernamental. Por ejemplo, en esta corporación, en donde los partidos independientes y de oposición son mayoría, debe analizarse seriamente el gaseoso “concepto fiscal” que presentó tardíamente el Ministerio de Hacienda sobre el impacto de la reforma.
El cálculo en torno a que el costo de la iniciativa para 2024 no sería mayor a 929 mil millones de pesos carece, en opinión de los expertos, de pertinencia técnica dados los cambios drásticos que se proponen y la peligrosa estatización de todo el sistema. Incluso, se cuestiona la tesis oficial en torno a que el déficit para el próximo año sólo sería de 3,2 billones de pesos (sobre un costo global de 92,3 billones) y más aún la previsión -sin mayor rigor financiero- según la cual durante los primeros años de vigencia de la reforma el gasto será superior, pero a partir del 2036 comenzaría a descender.
Como se ve, el Senado enfrenta un reto de alto calado una vez asuma la discusión de esta reforma, siendo claro que el impopular y desgastado Gobierno no quiere concertar su alcance y prefiere imponer sus criterios a punta de prebendas presupuestales y burocráticas. Ojalá ahora sí prime la alta política, la defensa de un sistema sanitario funcional y, sobre todo, que el Congreso no siga legislando a espaldas del sentir popular.