*Regla Fiscal, garantía de estabilidad económica
*Acelerar la inversión pública sin más excusas
Un descache monumental. No de otra manera se puede calificar la propuesta presidencial de anular la Regla Fiscal. Si bien no es la primera vez que desde este Gobierno se plantea acabar con esta figura, creada en 2011 como mecanismo para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de tal forma que no se supere el límite de deuda, insistir ahora en tan polémica idea es muy grave.
Para cualquiera medianamente entendido en estas materias resulta innegable que acabar con la Regla Fiscal es una especie de ‘suicidio’, ya que este mecanismo es la principal garantía de seriedad y estabilidad en la política macroeconómica colombiana.
Es claro que esta autoimpuesta ‘camisa de fuerza’ en el gasto, que evita que un endeudamiento público extremo dispare los déficit fiscal y de cuenta corriente, ha permitido que Colombia pueda salir a los mercados de capitales y conseguir de manera rápida empréstitos de la banca multilateral y privada, con condiciones de tasas, plazos y demanda muy potables. Incluso, si no existiera la Regla Fiscal este Gobierno, cuya política económica ha sido traumática, tal como lo evidencia el crecimiento negativo del Producto Interno Bruto al cierre del tercer trimestre (-0,3%), no habría podido ubicar hace un par de semanas bonos sociales de deuda pública soberana por más de 2.500 millones de dólares.
No en vano este mecanismo de disciplina de las finanzas públicas y la autonomía del Banco de la República son los elementos que, junto al esfuerzo titánico y casi solitario de la empresa privada, hoy mantienen la economía colombiana a flote.
La importancia trascendental de la Regla Fiscal es de tal magnitud que ni siquiera en medio de la más grave crisis socioeconómica de la última década, la pandemia de Covid-19, se pensó en desmontarla. Por el contrario, el gobierno de entonces solo obtuvo del Comité Autónomo (compuesto por cinco expertos independientes que fijan y vigilan el cumplimiento de la figura) una flexibilización temporal para aumentar así el margen de endeudamiento oficial y financiar el billonario plan de choque contra esa contingencia inédita: megaoperativo sanitario, salvavidas a empresas y empleo, así como ayudas monetarias directas a la población.
Sin embargo, ahora que la economía cayó a su nivel más bajo en dieciséis meses de accidentada administración Petro, al punto de volver a un decrecimiento productivo que en este siglo solo se había presentado en el año más duro de la pandemia (2020), la Casa de Nariño, en uno más de tantos bandazos en política macroeconómica, vuelve a poner sobre el tapete la reforma a la Regla Fiscal. El intempestivo planteamiento ya empezó a tener consecuencias, como lo ocurrido ayer con la cotización del dólar. También es claro que, más allá de si algún día una reforma como estas llega al Congreso, el solo hecho de proponerla tiene un efecto a corto plazo en materia de encarecimiento de la deuda externa, mayor alejamiento de la inversión extranjera directa, afectación del ya golpeado clima de negocios e incluso habrá un eco negativo en las notas de las firmas calificadoras de riesgo sobre Colombia.
Precisamente, por todo ello es que la propuesta de acabar la Regla Fiscal parece, en realidad, una cortina de humo mediante la cual el Ejecutivo puso al país a discutir sobre una polémica que no tiene futuro alguno, ya que una modificación legal como esa debe ser aprobada por un Congreso en donde el Gobierno hoy es minoría, acaba de recibir un contundente voto castigo en los comicios regionales y ningún partido independiente o de oposición daría vía libre a semejante descache económico.
Es obvio, entonces, que el Gobierno buscó quitarle el foco al debate prioritario: su responsabilidad directa y principal en la drástica caída económica de 2023, en el que a duras penas el PIB crecería un 1%, muy lejos del 7,5% de 2022 y del 10,6% récord de 2021. Un año en el que, además, la inflación sigue por encima del 10%, la inversión cae, las empresas reducen operaciones, el consumo no levanta, el poder adquisitivo de los hogares se restringe, la ejecución presupuestal está colgada, las controvertidas reformas dispararon la incertidumbre nacional y tanto el comercio como la industria y construcción, principales generadores de empleo, tienen números en rojo.
Este crítico escenario no es resultado de la Regla Fiscal ni tampoco culpa del Emisor en cuanto a mantener altas sus tasas de interés para contener la escalada inflacionaria. La responsable es una política económica improvisada, marcadamente populista y errada a cual más. Si se quiere revertir la descolgada productiva debe empezarse por acelerar la ejecución presupuestal aquí y ahora. Mediando la aplicación de la reforma tributaria más alta de la historia, los ministerios tienen recursos suficientes, pero no la diligencia para destrabar la inversión pública. Ese es el problema mayor.