- Ni verdad, ni justicia, ni reparación…
- Un año de fallidas expectativas
Cuando a finales de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc una de las mayores expectativas a nivel nacional e internacional giraba en torno a cómo funcionaría el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que el mismo pacto definía como una estructura compuesta por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrían en marcha de manera coordinada “con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto”. Dicho sistema tiene varios componentes, a saber: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; las medidas de reparación integral y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Como es apenas obvio sobre esta última se fundaban las mayores exigencias de una sociedad que sufrió estoicamente cinco décadas de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las Farc. Para un país con más de ocho millones de víctimas directas o indirectas del conflicto la esperanza de ver, por fin, a los cabecillas subversivos respondiendo ante la justicia, así fuera esta de enfoque transicional, constituía una catarsis para empezar a sanar las graves heridas dejadas por una de las guerras más bárbaras y deshumanizadas del último siglo.
Sin embargo, un año después del arranque en forma de la JEP las grandes expectativas que se tenían sobre su funcionamiento y eficacia no se han cumplido. Los comandantes guerrilleros, mandos medios y combatientes rasos culpables de masacres, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones, violaciones sexuales, desapariciones y toda clase de delitos atroces no han empezado a contar la verdad ante esa jurisdicción especial, pese incluso a que ya una decena de ellos ocupa curules en el Senado y la Cámara de Representantes, que no ganaron en las urnas -en donde tuvieron una votación pírrica-, sino que estaban aseguradas desde el mismo acuerdo de paz.
Ese es el hecho cierto y claramente decepcionante para los millones de personas que veían en la JEP una oportunidad real y cercana de conocer la verdad sobre tantos años de sevicia guerrillera. A hoy no hay juicios puntuales ni condenas específicas pese a que las sanciones contempladas en el acuerdo son extremadamente leves, “restaurativas” y no implicarán privación efectiva de la libertad. Si bien hay más de 9.600 subversivos desmovilizados y 2.000 exintegrantes de las Fuerza Pública sometidos a la jurisdicción, los cinco macro-casos abiertos, que tendrían no menos de 32 mil víctimas, apenas si están en etapa de instrucción. El porcentaje de audiencias en las salas de Definición de Situaciones Jurídicas, la de Indulto y Amnistía así como de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad es ínfimo. Aunque se han recibido más de 168 informes de entidades oficiales y organizaciones sociales y más de un centenar de víctimas han hablado ya ante los magistrados, los procesos individuales contra los grandes determinadores de delitos de lesa humanidad evolucionan tan a paso de tortuga que ya hay expertos advirtiendo que la JEP va rumbo a superar en morosidad judicial a la Ley de Justicia y Paz que se aplicó al paramilitarismo.
Quienes defienden lo hecho hasta el momento alegan que arrancar una jurisdicción no es fácil, no solo por los tropiezos presupuestales, logísticos, de selección de magistrados, choques de competencia con la Fiscalía y la Corte Suprema, el pulso por la extradición y hasta rifirrafes burocráticos registrados en el último año, sino porque la JEP que delineó el acuerdo fue ajustada de forma drástica pero muy necesaria por la Corte Constitucional, que no sólo excluyó de su órbita a los terceros civiles, sino que le puso límites en cuanto a que sus decisiones estaban subordinadas a la Carta Política, no pueden desplazar a la justicia ordinaria ni mucho menos sustraerse de los controles propios a toda institución estatal. Igual no faltan los que agregan que un año es poco dentro de un plazo de funcionamiento superior a la década y con prórroga a bordo.
Pueden ponerse muchos argumentos sobre la mesa para tratar de explicar la lenta marcha de la JEP. E incluso habrá quien trate de descalificar cualquier crítica a la misma bajo la desgastada y delirante tesis de que exponer sus falencias es ser “enemigo de la paz”. Sin embargo, lo real y objetivo es que esta jurisdicción transicional nada que arranca en forma, tampoco produce los fallos ni devela la verdad que todo el país urge. Es más, al no existir una sola sentencia todavía está pendiente, cual espada de Damocles, la trascendental revisión de la Corte Penal Internacional. En síntesis, la JEP está en deuda y negarlo sería ingenuo.