Sin duda resulta preocupante la advertencia que hiciera esta semana la Defensoría del Pueblo en torno a que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica en Colombia incumple estándares internacionales.

No es un campanazo de menor grado. Por el contrario, correspondería al Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar, el Congreso y otras entidades del orden nacional dar una respuesta a lo señalado por la institución del Ministerio Público.

El panorama, según el informe defensoral, es muy crítico en los centros de internamiento de los menores infractores, según se constató a través de visitas y encuestas a los jóvenes que tienen medidas privativas de la libertad.

No solo se concluyó que es necesario generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla el proceso de resocialización de los menores infractores, sino que, además, se requiere ajustar el mecanismo pedagógico, específico y diferenciado para que estos adolescentes puedan reingresar a la sociedad.

Entre las principales anomalías detectadas están las falencias en la infraestructura de los centros de internamiento así como la deficiente asistencia legal a los menores infractores sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y la defensa.

Alarma, por ejemplo, que existan todavía los llamados “cuartos de aislamiento” en estos sitios de reclusión especial, lo que podría estar significando una violación a estándares de derechos humanos.

Un asunto que llamó la atención de la Defensoría es que en muy pocos casos se aplica a los procesos de los menores el principio de oportunidad, ello debido a que esa figura no está regulada en el Código de Infancia y Adolescencia. De allí que se considere urgente que el Congreso reforme la Ley 1098 de 2006.

Paradójicamente este campanazo de la Defensoría del Pueblo se da en momentos en que hay dos polémicas asociadas a la crisis penitenciaria. De un lado, que el año termina sin que se haya podido solucionar la problemática de más de 17 mil personas que permanecen privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Y, por otra parte, días atrás se generó una controversia entre la alcaldía de Bogotá y Bienestar Familiar porque este último no quiso recibir las instalaciones de un moderno centro de detención especial para menores infractores, señalando que la política judicial del actual Gobierno no está de acuerdo con imponer medidas privativas de la libertad a los jóvenes, sino buscar alternativas restaurativas y de resocialización distintas.