- Acelerar marco legal para las aplicaciones digitales
- Urge dejar atrás discusiones arcaicas y desgastadas
Uno -sino el principal- de los ejes transversales del actual Gobierno es, sin duda, el de la consolidación de la economía naranja, un término poco conocido por la opinión pública hasta hace unos años pero que hoy se ha convertido en la sombrilla institucional bajo la cual se ampara una gran cantidad de negocios y emprendimientos personales y colectivos en el campo de la innovación, la investigación, la ciencia, la tecnología, las industrias creativas, el turismo, la cultura, la economía colaborativa y la generación de valor agregado a los rubros productivos más tradicionales. Bien podría decirse, incluso, que se trata de la política de mayor trazabilidad intersectorial en el Plan de Desarrollo de este cuatrienio, que comenzó a regir en mayo pasado y, por lo tanto, tiene en este 2020 su primer año de completo énfasis presupuestal y de esfuerzo institucional.
Son varias y muy importantes las cifras que respaldan ese norte en la gestión gubernamental. Por ejemplo, semanas atrás el Dane indicó que el valor agregado de las industrias relacionadas con la economía naranja en Colombia creció 3,2 por ciento en 2018 y creó alrededor de 540 mil puestos de trabajo. De esta forma, movió alrededor de 28,4 billones de pesos, sumando lo generado por las llamadas “creaciones funcionales”, las “artes y patrimonio” y las “industrias culturales”. Además, para este 2020, según lo indicara días atrás el Viceministro de Creatividad y Economía Naranja, se tiene proyectado que este nicho generará inversiones por dos billones de pesos.
Precisamente frente a todo lo anterior es que no se entiende por qué el Estado ha demorado en encontrar una solución funcional a una serie de nuevas modalidades productivas derivadas, precisamente, de uno de los flancos más importantes de la economía naranja: las plataformas digitales como elemento dinamizador de actividades tradicionales. En los últimos meses, por ejemplo, han estado sobre la mesa sendas discusiones alrededor de la regulación del funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas tanto en los nuevos servicios de mensajería por demanda como en el de servicio público de transporte de pasajeros en vehículos privados.
Si bien no es un tema nuevo, al punto que en el anterior gobierno se presentaron no pocas polémicas al respecto e incluso se avanzó algo en legislación y reglamentación, hay que tener en cuenta que en esa administración la economía naranja no hacía parte de los énfasis de gestión del Ejecutivo. Ahora la situación es distinta y de allí la urgencia de dar claridad normativa a las dinámicas de bienes, productos y servicios derivadas de la masificación digital y la ampliación del acceso a internet en todo el país. En esa dirección, es obligación del Estado generar los marcos legales para que los modelos productivos tradicionales y los nuevos puedan cohabitar e incluso complementarse en el mercado, en condiciones de igualdad de competencia y de requisitos de funcionamiento. Corresponde a los ministerios, las superintendencias, al Congreso y al propio sector privado participar activamente en la consolidación de ese marco jurídico, dejando atrás controversias tan desgastadas como irresolutas.
Tanto en el caso de las aplicaciones de mensajería por demanda como en el del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos privados, la solución no puede ser la prohibición total o la restricción a niveles que les haga inviables. Resulta arcaico que el país se enrede a estas alturas de la aldea global tecnológica en debates sobre la conveniencia o no de esos nuevos modelos productivos que tienen como motor los desarrollos tecnológicos. Estos llegaron para quedarse y lo que procede a las instituciones oficiales es formalizarlos rápidamente, con criterios de modernidad, legalidad y equidad. Ello implica múltiples flancos como el laboral, tributario, de perfilación empresarial, regulación del servicio, garantías de calidad para el usuario, vigilancia tarifaria…
En ese mismo orden de ideas, resulta miope enfocarse en determinada empresa de mensajería o en una plataforma en específico, en este caso Uber, cuando lo que se requiere es la formulación de marcos generales de funcionamiento, de modo que todos aquellos que quieran competir tengan claras las reglas del juego y actúen dentro de las mismas. Solo así la inversión extranjera y los emprendimientos locales tendrán un piso firme sobre el cual avanzar.
Bien lo decía días atrás un experto: del Consejo Nacional de Economía Naranja deben hacer parte todas las instancias del Estado y no solo los ministerios de Cultura, Comercio, TIC, Trabajo, Educación, Interior y de Hacienda así como algunos institutos, fondos y direcciones. Hay que ampliar el ámbito funcional de este Consejo, acorde con el énfasis transversal multisectorial de esta política en el actual Plan de Desarrollo.
En últimas, Colombia debe ponerse en “modo economía naranja” en general y no a retazos. Sólo así este énfasis pasará de ser un programa bandera gubernamental a una política de Estado, de largo plazo e integral, con todo lo que ello implica en materia institucional, política, económica y social.