* El primer año de gobernadores y alcaldes
* La pandemia cambió todas las prioridades
Hace un año por estos días la mayor expectativa en el país era la inminente posesión de los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles elegidos en la última semana de octubre de 2019. Incluso, no pocos analistas aventuraban pronósticos sobre los profundos cambios en materia política, económica, social e institucional que al cierre del primer año de mandato se verían en muchos departamentos y municipios. También se especulaba en torno a un agitado clima político debido a que varias capitales y gobernaciones fueron ganadas por candidatos independientes y de izquierda, obviamente ubicados en una orilla distinta a la del presidente Iván Duque. Asimismo, se pronosticaba que las prioridades de los entrantes dignatarios serían enfrentar el desempleo, el reciclaje de violencias, acabar la corrupción y calmar un caldeado clima social.
Sin embargo, a punto de cumplirse los primeros doce meses de gestión de los gobernadores y alcaldes la mayoría de esas previsiones quedaron sin piso, ya que la pandemia del covid-19, que llegó al país en marzo pasado, modificó el escenario nacional en múltiples órdenes. De hecho, algunos de los mandatarios territoriales no dudan en advertir que les ha tocado navegar en medio de la crisis más grave de Colombia en las últimas décadas. También se evidencia que la emergencia sanitaria no solo desplazó sino que hasta subordinó de forma sustancial la aplicación de los respectivos Planes de Desarrollo que las asambleas departamentales y los concejos municipales aprobaron en el primer semestre, paradójicamente sin mayor debate pues todas las prioridades de gestión estaban puestas en el plan de contingencia contra la pandemia.
En medio de ese inédito panorama hay algunas conclusiones que se pueden sacar sobre lo que ha sido este primer año de los gobernadores y alcaldes. Por ejemplo, resulta destacable que pese a las diferencias políticas, partidistas y de otro tenor entre el Gobierno nacional y algunos mandatarios territoriales, se ha visto un trabajo conjunto y coordinado para enfrentar la emergencia sanitaria. Aunque se han presentado algunos roces entre la Casa de Nariño y ejecutivos regionales, en general se ha podido desarrollar una labor acompasada y efectiva en varios frentes. Sin duda hay aquí una lección muy importante sobre lo imperativo que resulta que las diferencias puntuales se dejen de lado en pos de los grandes objetivos nacionales, sin que ello sea visto como una cesión de tal o cual bando del mapa político.
Ahora, hay otros aspectos en los que sí se requiere una mayor integración de las gestiones y énfasis gubernativos a nivel nacional, regional y local. Por ejemplo, se nota una disparidad de criterios y de acciones frente a asuntos de primer orden como la lucha contra actores armados ilegales de vieja y nueva data, las medidas para frenar el asesinato de líderes sociales y desmovilizados, una mayor eficacia en el combate a los narcocultivos y, sobre todo, la unificación de esfuerzos para definir la ruta de reactivación económica y social una vez se pueda superar el coletazo de la pandemia. El impacto en las finanzas de gobernaciones y alcaldías ha sido muy fuerte, al tiempo que los aparatos productivos locales y seccionales se han visto muy golpeados, con el consecuente aumento de los índices de pobreza, desempleo y exclusión social. Aquí se requiere de una estrategia estatal conjunta, integral y de largo plazo.
Desde ya está visto que el segundo año de los titulares departamentales y municipales arrancará marcado por un nuevo pico de contagios de coronavirus, circunstancia muy preocupante no solo desde el punto de vista de riesgo sanitario de la población, sino por el impacto que tendrá en el proceso de reactivación económica. No menos retador será lograr que todas las instancias gubernativas logren poner en marcha el programa de vacunación masiva contra el virus, que arranca en febrero. También debe reformularse la estrategia de seguridad y orden público y su aplicación territorial. De igual manera, está sobre la mesa la necesidad de una reforma tributaria regional y local que permita sacar a flote los fiscos regionales que, en medio de la pandemia, habrían dejado de recibir no menos de dos billones de pesos. La nueva reforma a las regalías, que moverá 16 billones de pesos en dos años, será clave como salvavidas económico a departamentos y municipios.
Obviamente hay una urgencia de muchos gobernadores y alcaldes en torno a cómo superar la crisis sanitaria y empezar a aplicar de forma más decidida los programas y énfasis de sus respectivos planes de desarrollo. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños: la emergencia por la pandemia vuelve a un punto crítico y sus consecuencias no parece que vayan a desaparecer en el corto plazo. En 2021 el escenario continuará siendo complicado, tanto o más que el año que termina. Lo importante es que los gobernadores y alcaldes aprendan a crecerse ante las dificultades y logren coordinar con la Casa de Nariño para definir e implementar la hoja de ruta de la prevención sanitaria y la reactivación socioeconómica, acorde con las realidades regionales y locales puntuales.