- Urgente definir la legalidad del nuevo modelo
- Estado debe acelerar regulación de plataformas
Retos. Eso es lo que representa para el Estado colombiano la sorpresiva reactivación, el jueves pasado, del servicio de la plataforma digital Uber en nuestro país, esta vez bajo un nuevo modelo de negocio, luego de que hubiera dejado de operar el pasado 31 de enero tras una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Un primer reto, como es apenas obvio, se basa en la urgente obligación de las autoridades para establecer si el esquema jurídico que la multinacional está aplicando ahora, en la que pasa de ser una aplicación de intermediación en un servicio de transporte de pasajeros a una figura en donde se torna una plataforma de contacto entre un arrendador de un carro con conductor y un arrendatario del mismo, cumple con la legislación colombiana. Más allá del alud de reacciones entre quienes consideran que aquí se le está haciendo un evidente y deliberado esguince a la normatividad vigente y aquellos que sostienen que el nuevo modelo de negocios es legal y similar al de otras aplicaciones que prestan servicios en diversos sectores, lo cierto es que el Ministerio de Transporte y las superintendencias del caso deben analizar fríamente la situación y emitir un concepto oficial. Dicha decisión no solo tiene que estar suficientemente soportada desde el punto de vista jurídico para aclarar el caso puntual de Uber, sino que debe sentar un precedente normativo general ante la posibilidad de que otras plataformas similares, que también están bajo investigación, acudan a esta misma maniobra si llegaran a ser suspendidas.
El segundo reto va dirigido a que la respuesta de las autoridades frente a la maniobra legal de Uber debe ser rápida. Cada día que pase sin que exista claridad sobre si es aceptable o no para el ordenamiento jurídico el modelo de funcionamiento que plantea ahora la multinacional, acrecienta el riesgo de nuevos casos de roces y enfrentamientos entre los conductores que trabajan con la aplicación y quienes manejan taxis y otros vehículos de transporte público de pasajeros. A ello se suma que la tranquilidad ciudadana y el sistema productivo no pueden quedar expuestos a un paro nacional de taxistas como el que se anunció para mediados de marzo por los voceros de los gremios transportadores. Las pérdidas económicas y la interrupción de las actividades cotidianas de la población por bloqueos y protestas sociales y sectoriales, in crescendo desde noviembre pasado, ya son muy altas.
Un tercer reto parte de la base de reconocer que en este caso la autoridad institucional y la legitimidad sancionatoria del Estado están en juego. De ello no hay duda. Y ese peligro es aún mayor si se trae a colación que hay varias denuncias de tipo penal y administrativo en curso, causas que jueces y magistrados deberán fallar más temprano que tarde. Incluso conductores de la aplicación y taxistas ya anunciaron una tutelatón para la próxima semana, lo que complicará aún más este complejo panorama. Frente a todo ello no se puede perder de vista que un error en la respuesta gubernamental y de los entes de control a esta nueva situación con Uber podría derivar en demandas contra la Nación, por acción u omisión, poniendo en peligro el erario, que en últimas es el patrimonio de todos los colombianos.
Todo lo anterior nos lleva a un cuarto y definitivo reto: el Gobierno y el Congreso tienen que abordar, de una vez por todas, la regulación de lo que se ha dado en llamar como la nueva era de la “economía colaborativa”, referida a toda la gama de actividades, generación, consumo e interacción de productos, bienes y servicios a partir de la digitalización y el desarrollo tecnológico. Es claro que las aplicaciones electrónicas llegaron para quedarse, no solo porque el nivel de acceso a las mismas no tiene límites de modo, tiempo y lugar, sino porque una de las grandes metas nacionales en esta década es, precisamente, universalizar el acceso a internet a lo largo y ancho del territorio, con todo lo que ello implica en torno a entrar en contacto con un universo infinito de conocimientos y usos propios de la era digital.
Así las cosas, a menos de tres semanas para que inicien las sesiones parlamentarias ordinarias se impone la necesidad de que el Ministerio del Transporte perfeccione el articulado del proyecto de ley que ha venido trabajando con congresistas, entes de control, gremios del transporte y expertos en servicios tecnológicos y mercadeo digital, con el fin de regular los servicios que se prestan a través de estas plataformas, generando marcos legales que garanticen la libre competencia, la igualdad en las reglas del juego, el desarrollo empresarial y la adecuación ordenada, moderna y proactiva de la legislación a las nuevas dinámicas productivas ad portas de la tercera década del siglo XXI.
Visto todo lo anterior, es imperativo que el Estado afronte estos cuatro retos y que lo haga de forma eficiente y determinante. Cualquier dilación o vacío en la respuesta a las circunstancias descritas no solo pone en duda la fortaleza de la institucionalidad colombiana, sino su capacidad para ponerse a tono con los desafíos regulatorios que impone el progreso tecnológico, del cual es imposible abstraerse.