* Del pico delictivo a la escalada terrorista

* Gobierno no responde con contundencia

La situación de orden público y seguridad ciudadana en el suroccidente del país es crítica. Los gobernadores de Valle del Cauca, Nariño y Cauca vienen prendiendo las alarmas en torno al accionar tanto de los grupos armados ilegales como de la delincuencia común y organizada. Los índices de victimización ciudadana van en aumento y tanto los entes de control como las organizaciones no gubernamentales, líderes sociales y autoridades locales están urgiendo del Gobierno y la Fuerza Pública una respuesta urgente y contundente a esta andanada.

Es una situación que ha venido tomando visos cada vez más complicados. En el Valle, por ejemplo, al comienzo de este año la principal preocupación radicaba en el accionar de bandas criminales como ‘La inmaculada’, en Tuluá. Pero ahora la principal amenaza proviene de las disidencias de las Farc, sobre todo después de que el Ejecutivo, el pasado 17 de marzo, decidió suspender el cese el fuego con el también llamado ‘Estado Mayor Central’ (EMC), tanto en este departamento, como en Cauca y Nariño, después de múltiples violaciones a esa tregua.

Desde entonces se han presentado varios hostigamientos armados en distintos municipios, como Jamundí e incluso en la propia Cali, en donde una semana atrás hubo un ataque con ‘cilindros bomba’ en los alrededores de cantón Pichincha, del Ejército. A ello se sumó una masacre de cinco personas días atrás en el municipio de El Toro que, según las autoridades, tendría que ver con vendettas entre bandas criminales.

En Cauca la situación también es complicada. Fue allí en donde las disidencias atacaron una comunidad indígena y asesinaron a una líder, hecho que dio origen a la suspensión de la tregua. También se han presentado fuertes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y facciones de ese grupo ilegal, en donde han sido abatidos varios guerrilleros y resultado asesinados o heridos algunos uniformados. La noche del jueves y madrugada del viernes pasado la crisis escaló por la explosión de un ‘carro-bomba’ en Miranda y hostigamientos en Corinto. Esto, además, de asesinatos de líderes sociales y masacres.

Finalmente, en Nariño también se han registrado combates de las Fuerzas Militares y Policía no solo contra las disidencias, sino con facciones de la ‘Nueva Marquetalia’, también están en proceso de paz con el gobierno Petro. De hecho, hace un par de semanas fueron dados de baja nueve subversivos de este último grupo en zona rural de los municipios de Mosquera y Roberto Payán.

El temor de la población es mayor después de que el ‘EMC’ amenazara, días atrás, con lanzar una ofensiva terrorista en esos tres departamentos e incluso condicionó la suspensión de esos ataques criminales a que se restablezca el cese el fuego. Llegó al extremo de conminar a los civiles para que no estén cerca de unidades policiales o militares, ya que estas serán blanco de la andanada criminal.

Como se ve, la violencia está ganando terreno en esta zona sin que se vea una acción más decidida del Gobierno para proteger a la población civil. Hay un empoderamiento de facto de los grupos armados ilegales, incluso con combates entre varias facciones de los grupos residuales de las Farc y de la propia guerrilla del Eln, así como de otras bandas criminales de alto espectro, como El Clan del Golfo. Precisamente por ello, las denuncias de gobernadores y alcaldes advierten una pérdida progresiva del control territorial a manos de las distintas expresiones delincuenciales.

Preocupa en grado sumo que desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa no pareciera estarse prestando la atención debida a esta crisis de orden público. Pocos ecos tienen, las peticiones de gobernadores y alcaldes para lograr una mayor asignación de pie de fuerza policial y que se redoble la presencia permanente de las tropas del Ejército, Fuerza Aérea e Infantería de Marina. Tampoco se ha visto del alto comisionado de Paz y de los jefes de las mesas de negociación mayor diligencia para responder a las peticiones de una mayor agilidad en la activación de mecanismos para investigar las continuas violaciones al cese el fuego.

Por igual, resulta innegable que hay un ‘boom’ en esos tres departamentos de narcocultivos y minería criminal, especialmente aurífera. Estos flagelos están disparando la circulación de dineros ilícitos y las vendettas por el dominio de corredores estratégicos y enclaves.

El suroccidente del país, como se ve, está en crisis de orden público y seguridad. Muchos campanazos se han dado en los últimos meses al respecto, pero ahora la situación es más dramática. Las medidas ordenadas por la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa no han dado los resultados esperados. Frente a ello, la pregunta es una sola: ¿Será que con esta escalada terrorista ahora sí se implementa un plan de choque efectivo estatal para proteger a los civiles y contener el pico delictivo?