* El debate comienza a aterrizarse
* Transversalidad del ajuste, tema clave
En medio del impacto cada más lesivo del cambio climático es innegable que la humanidad debe avanzar en la transición energética. Nadie discute que debe disminuirse el uso de petróleo, carbón y otras fuentes de energía de origen fósil debido a su alta contribución a la emisión de gases de efecto invernadero y aumentar, de forma paralela, el parque de generación solar, eólico, de biomasa, hidrógeno y geotermia, entre otras alternativas sostenibles.
Colombia no es la excepción en ese objetivo, aunque su porcentaje de emisión de gases contaminantes es ínfimo en comparación a los países más desarrollados. Sin embargo, por su ubicación geográfica y su riqueza en biodiversidad y potencial hídrico es una de las naciones más vulnerables al calentamiento global.
En la campaña presidencial este fue un tema central, sobre todo cuando el entonces candidato Gustavo Petro planteó un marchitamiento acelerado de la exploración y explotación petroleras. Obviamente esa propuesta levantó polvareda, no solo porque la principal fuente de divisas en Colombia (y por lo tanto motor clave de la inversión social) son las exportaciones minero-energéticas, sino porque una parte importante de los ingresos de la Nación proviene de las billonarias transferencias anuales de la estatal Ecopetrol, así como de los impuestos y regalías que aporta el resto de la industria petrolera, carbonífera, gasífera, aurífera y similares. La controversia fue mayor porque se dio en medio de una escalada global de los precios del petróleo y el gas por el impacto de la guerra en Ucrania, que ayer cumplió cinco meses y no tiene visos de solución a corto plazo.
Tras el triunfo de Petro en las urnas podría decirse que hay tres elementos que han ido, poco a poco, quedando claros en medio de esta discusión nacional. En primer lugar, que Colombia es un país líder regional en materia de transición energética. De hecho, el saliente gobierno recalca que ya multiplicó por 30 la capacidad instalada de generación de energías limpias que se tenía en 2018 y que con los proyectos en curso y las dos subastas realizadas se podría llegar a finales de 2023 a un potencial de 4.500 megavatios, todo un hito. Incluso, la operación que le permitió a Ecopetrol adquirir el 51% de Interconexión Eléctrica (ISA) va en la misma dirección de migrar gradualmente a fuentes de energía renovable.
En segundo término, con el pasar de las semanas el gobierno electo, consciente de que una cosa es la campaña y otra la política pública, ha ido morigerando y precisando su propuesta de transición energética. El ministro de Hacienda designado recalcó que esta es una premisa de la entrante administración, pero será gradual y ordenada, con horizontes incluso más allá de diez años. Por ejemplo, la disminución de la actividad petrolera es un tema de largo plazo, no solo porque se necesita seguir explorando para exportar crudo sino porque diversificar la oferta de productos que se venden al exterior (mayoritariamente minero-energéticos) no es un proceso automático. Incluso, por la demanda, se intensificará la búsqueda de gas.
En cuanto a Ecopetrol, el entrante titular de finanzas recalcó que en modo alguno la intención es debilitar la compañía más grande y rentable del país, que debe seguir produciendo crudo y gas, al tiempo que debe avanzar en el componte solar, eólico y principalmente de hidrógeno, especializando más la operación de ISA en cuanto a producción y transmisión energética. Otra cosa serán los cambios que se introducirán en la junta directiva de la estatal petrolera, que claramente son potestad natural del Gobierno electo, sobre todo tras la controvertida modificación y alargamiento de periodos que se aplicó en marzo pasado.
Por último, ya está claro que plantear una modificación en la matriz petrolera y gasífera tiene efectos transversales que deben tenerse en cuenta. Hay múltiples elementos a ponderar y analizar: los ingresos fiscales de la Nación, el alto nivel de endeudamiento público, el alcance de la reforma tributaria en ciernes, el pico inflacionario, el impacto en el desarrollo regional por una disminución en el flujo de regalías, los peligrosos altibajos de la acción de Ecopetrol (88% estatal), la inestabilidad de la cotización del peso frente al dólar, la dificultad de la diversificación de la canasta exportadora a corto plazo, el volumen de empleos del rubro minero-energético así como el convulso escenario externo por la guerra en Ucrania, asomos de recesión global, pico inflacionario, migración de capitales por reajuste de tasas de interés, carestía de hidrocarburos…
Por lo pronto, resulta saludable que el debate sobre la transición energética comience a aterrizarse. Falta mucho camino por recorrer, es claro, pero siempre es mejor discutir sobre bases ciertas y nortes claros.