*Tutelitis desquicia el sistema
*Crece la impunidad
LA tutela ha sido una de las innovaciones jurídicas que más ha prosperado en los últimos tiempos en el país y que se consagra en el artículo 86 de la Constitución de 1991. Se reglamenta posteriormente de la siguiente forma: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”. En otro aparte de la norma reglamentaria se dice que la tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata la ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito.
La tutela ha sido uno de los más positivos avances para combatir la denegación de justicia y las arbitrariedades de toda laya que suelen afectar los derechos humanos de las personas. Y se ha vuelto tan popular, que se usa para casos distintos a los dispuestos por la ley. Basta que se anuncie que se investiga a un funcionario por transgredir las normas, para que éste, al enterarse, se entienda con sus abogados y entren a analizar en qué momento se valdrán de la tutela. Este recurso de amparo se usa para defender los derechos de las personas en muchas ocasiones con la mejor de las intenciones y para favorecer que impere la ley, pero en otras oportunidades se convierte en instrumento para torcer el curso de las investigaciones y garantizar la impunidad. Se dan algunos casos muy inocentes como el de la niña que acude a esta acción para impedir que su madre le aplique una sustancia contra los piojos, o cuando uno de los integrantes de la pareja acude a la tutela para amparar “el derecho a ver sus programas preferidos en televisión”. Pero también son múltiples los casos en los que después de un largo pleito en el que fallan en contra de una persona, ésta se acoge al recurso de la tutela para tumbar la decisión judicial, lo que teoría está prohibido por las normas sobre cosa juzgada, pero que jueces complacientes otorgan bajo cualesquier pretexto.
Lo cierto es que por medio de la tutela algunos temidos jefes de la mafia -con muchos crímenes a cuestas y a los que las autoridades consiguen con mucho esfuerzo llevar a prisión y presentarlos ante la justicia- alegan ser cabezas de familia y acceden a decisiones sorprendentes como la casa por cárcel. Esos sindicados o condenados, por lo general, se fugan o siguen delinquiendo desde su ‘prisión domiciliaria’. Y, por supuesto, los constituyentes de 1991 en ningún momento supusieron que la tutela se desvirtuara de tal manera que pudiese convertirse en el trampolín predilecto del hampa para obtener beneficios típicos de las madres. Y, claro, el mal uso de la tutela se extiende como plaga para entorpecer la labor de los funcionarios judiciales, así como para desconcertar y anular la acción de la justicia. Una misma persona acusada de determinada falta y que es investigada por las autoridades competentes, puede interponer varias tutelas e incluso cientos que, así los jueces no las acepten en su totalidad, sí le roban tiempo precioso al tener que estudiarlas. Por esa vía, esos operadores judiciales desatienden casos delicados y de inmensa importancia.
De esta forma, la tutela está siendo desvirtuada, no solamente por los abogados que ofrecen sus servicios para entorpecer los juicios y embolatar a los jueces, sino por funcionarios y políticos en apuros. Se intenta paralizar la acción de los jueces capaces u rectos. Con el grado de corrupción que agobia a la justicia colombiana, este recurso de amparo se convierte en una bomba de alta potencia. Se dan casos en los que dueños de predios han sido despojados de sus bienes por cuenta de fallos de tutela. También se conocen las modalidades más sofisticadas para conseguir que las autoridades, por medio de acciones de tutela astutamente concebidas, terminen amparando a los delincuentes. La degeneración de la tutela debe hacer sonar las alarmas de la sociedad y las autoridades, para impedir que se desvirtúe y se convierta en instrumento para burlar la ley o garantizar la impunidad.