- Denuncias válidas y guerra sucia
- Procuraduría denunciará trashumancia
A dos meses y una semana de las elecciones regionales es claro que la campaña ya está en su etapa más decisiva para la escogencia de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. Sin embargo, según lo evidenció el informe dominical de este Diario, hay una serie de nubarrones que continúan asomando sobre el horizonte de la jornada democrática. En sendos informes la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y otras instancias que le han venido haciendo seguimiento a la contienda democrática han advertido de varias anomalías que van desde centenares de candidatos inscritos que tienen vigentes claras inhabilidades hasta graves denuncias sobre financiación irregular de campañas, casos aberrantes de trashumancia electoral, estrategias de guerra sucia en cuñas publicitarias y redes sociales, trampas a las restricciones sobre máximo de vallas... De igual manera hay varios departamentos y municipios en donde algunos candidatos están denunciando que las administraciones salientes estarían participando de manera subrepticia e incluso abierta en política, impulsando a los aspirantes de su cuerda partidista. Más preocupantes aún son las versiones que están circulando en algunas regiones sobre candidatos que estarían siendo apoyados por grupos armados ilegales, que van desde facciones guerrilleras hasta bandas criminales y carteles del narcotráfico, minería ilegal y de otros delitos de alto impacto.
Es claro, y en ello no nos podemos llamar a engaños, que en no pocos casos esas denuncias también son parte de la guerra sucia electoral, en busca de manchar la trayectoria del contrincante, precisamente cuando estamos ad portas de las urnas y cualquier escándalo, tenga o no piso cierto, termina afectando la psiquis del elector y podría dar al traste con las posibilidades de cualquier aspirante. Sin embargo, por lo mismo, es muy grave que esta clase de denuncias y sospechas queden en el aire, sin investigación alguna, haciendo ruido en momentos en que una buena parte de la ciudadanía se empieza, o a interesar por la campaña o, si ya lo viene haciendo, a perfilar a quién acompañará con su voto para cargos uninominales y cuerpos colegiados.
Hay que ser realistas, las trampas electorales en estas instancias de la campaña se multiplican debido a que la capacidad de las autoridades para intervenir de forma inmediata es muy limitada. Si, por el contrario, se activara de forma eficaz el andamiaje del Estado cuando surgen este tipo de versiones que señalan hechos delictivos y graves infracciones a la legislación electoral, entonces sería mayor la posibilidad de diferenciar las denuncias con piso real de aquellas que hacen parte de la guerra sucia proselitista. Y establecido ello, se podrían tomar medidas de inmediato para sancionar a candidatos y partidos que estén involucrados en actuaciones ilícitas. Y, también, frente a las denuncias que no resulten verídicas las autoridades podrían determinar la fuente de esas malinformaciones, injurias y calumnias para iniciar ipso facto los procesos penales y de otra índole a que haya lugar, obviamente antes de la cita en las urnas para que esta clase de guerra sucia proselitista no tenga éxito.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas columnas que se requiere con urgencia una reforma política y electoral. Y no pocas veces, también, hemos criticado que los gobiernos de turno así como los congresos siempre terminen dilatando esta posibilidad. Es más, se ha vuelto una especie de costumbre en Colombia que en plena época electoral se presenten al Parlamento sendos proyectos de reforma que, más allá de si su contenido es positivo o no frente a las falencias tantas veces diagnosticadas, es obvio que ya no podrán ser aplicados para la campaña electoral en curso. En esta ocasión ocurre lo mismo. La Organización Electoral acaba de anunciar un amplio menú de reformas al sistema que, según sus impulsores, podría sanear de forma definitiva una gran cantidad de los vicios arraigados en la materia. De igual manera varios partidos han radicado ya varias iniciativas al respecto. Convendría que el Gobierno se apersonara de todas estas propuestas y liderara una compilación ordenada, coherente y moderna de las mismas, de forma tal que se pueda construir un proyecto de reforma integral y de largo alcance, así sus efectos solo se puedan aplicar en los comicios de 2022.
Por lo pronto hay que concentrarse en la transparencia de la presente campaña. Ya el Procurador General anunció, en entrevista dominical con este Diario, que esta semana revelará un informe sobre trashumancia electoral. Desde ya se puede asegurar que levantará ampolla, confirmando una vez más que las reglas para garantizar la transparencia en los comicios en Colombia continúan siendo muy débiles.