*Una luz en el túnel jurídico internacional
*Faltan jugadas maestras en ajedrez diplomático
Pareciera que el tema del fallo injusto de la Corte Internacional de La Haya, en ocasión de la demanda de Nicaragua, ha producido en el país un letargo del que parece no salir. Los partidos políticos que deberían estar agitando y señalando derroteros a su clientela para indicarles cuál es su postura para defender la soberanía nacional y las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia, están silenciosos. El cuerpo diplomático colombiano en retiro, que cuenta con excelentes profesionales, después de unas pocas escaramuzas recién conocida la decisión, enmudeció. Apenas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano algunos internacionalistas han dejado conocer sus observaciones a favor o en contra de la política seguida por nuestra cancillería de San Carlos durante diversos gobiernos. La idea del presidente Juan Manuel Santos y su titular de exteriores, María Ángela Holguín de dar a conocer los documentos confidenciales de la Comisión de Relaciones Exteriores se abandonó en cuanto al expresidente Andrés Pastrana hizo saber públicamente que podría tener un efecto fatal en las relaciones con terceros países y en una eventual contrademanda de Colombia.
La academia, los oficiales en retiro, los gremios, con la honrosa excepción de los alcaldes que se pronunciaron a favor de una actitud más enérgica del Estado colombiano en defensa de nuestra soberanía en el caso que nos ocupa, misteriosamente se han sumido en un silencio trapense. Eso indica que la capacidad de reacción de los cuerpos distintivos de la sociedad colombiana no está funcionando, así como en algunos organismos deja de operar los glóbulos rojos con efecto mortal para los seres humanos. Un Estado que al perder en un tribunal internacional miles y miles de kilómetros de mar, que a la larga ponen en peligro nuestra soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y desde el punto de vista geopolítico amenazan todas nuestras costas en el Caribe, no solamente se ha insensibilizado, sino que da muestras de una ceguedad casi suicida. Un caso como el del fallo de la Corte Internacional de La Haya amerita que tras conocer el parecer de los juristas internacionales contratados en Londres por el gobierno se convoque a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para que el señor presidente Juan Manuel Santos indique a la Nación el rumbo que deben tomar las negociaciones y nuestra actitud frente a esa decisión judicial que, en la práctica, es imposible de cumplir, puesto que no se puede condenar a una minoría de isleños colombianos a los atropellos constantes cuando salgan a pescar por cuenta de vecinos hostiles como lo han sido, casi durante un siglo, los sectores expansionistas nicaragüenses.
Muy seguramente, en el caso de que el presidente Santos se dirigiera al país, algo que es apenas elemental y que debe estar considerando dado su profundo conocimiento de los temas internacionales y de la sicología colombiana, sería importante que explicara a la Nación la posibilidad que existe de demandar la inconsistencia de las fórmulas del tribunal de La Haya, que ignoró de manera olímpica, el sistema interamericano.
Es de recordar que Nicaragua es el país firmante del Pacto de Bogotá, lo mismo que Ecuador y otras naciones. Así que Managua, al comprometerse solemnemente con ese acuerdo, tenía la obligación expresa de acudir primero a la Organización de Estados Americanos, OEA, apelar a una cumbre de cancilleres y a las instituciones regionales para plantear su demanda de nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, lo cual no hizo. A su vez, la Corte Internacional de La Haya tenía el deber, por ser un organismo de las Naciones Unidas, y el Pacto de Bogotá estar adscrito a compromiso ineludible con la ONU, a que se siguieran los trámites y las instancias que acabamos de mencionar. Lo que pasó en el ámbito internacional con la Corte de La Haya es equivalente a que en un caso que debiera tramitarse en la jurisdicción ordinaria nuestro país lo avocara directamente la Corte Suprema de Justicia, sin tener en cuenta a los fiscales, jueces, tribunales y normas jurídicas al respecto.
En tales condiciones, Colombia debe estudiar, así de improviso no lo hayan sugerido los juristas londinenses, la posibilidad de sentar un precedente y acudir a un tribunal regional o a la misma OEA para que se replantee el caso del fallo adverso dentro de ese esquema de nulidad que provocaría el haber desconocido el Pacto de Bogotá y las normas interamericanas y su jurisprudencia.
Así las cosas, el país enciende una luz jurídica en el túnel para volcar su política diplomática en favor de una reacción interamericana acorde a los postulados de Colombia, en lo que no dudamos la señora canciller, con la habilidad que ha demostrado para ganar amigos en el continente y otras regiones en el mundo, podrá hacer lo mismo en este ajedrez internacional, en el que todavía quedan varias jugadas maestras y en la que aún tenemos posibilidades de ganar.