Cierre de 2022 estará pasado por agua
Persistencia del fenómeno de La Niña
Con las alertas prendidas. Así deben estar todas las instancias de los gobiernos Nacional, departamentales y municipales ante un cierre de año que tendrá condiciones climáticas pasadas por agua. Los pronósticos del Ideam y las recomendaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Riesgo recalcan que persisten los efectos del fenómeno climático de La Niña, que viene desde finales de 2021 e impactó de forma sustancial en la primera temporada invernal de este año, explicando el porqué las lluvias entre abril y finales de junio fueron particularmente más altas e intensas que los promedios históricos. De hecho, salvo algunos cortos lapsos de ‘tregua’, el país ya completa un año de clima húmedo.
Como se sabe, la segunda ola invernal debe comenzar hacia mediados de septiembre e irá hasta el cambio del año. Se supone que estamos atravesando una época seca, caracterizada por vientos fuertes. Sin embargo, en las últimas semanas los aguaceros y las bajas temperaturas han estado a la orden del día en distintas zonas del país.
Esto era previsible ya que los reportes meteorológicos habían advertido que el trimestre julio-septiembre tendría volúmenes de lluvias superiores en un 30% a los promedios de la época, especialmente en el Caribe y en los departamentos andinos. Por el contrario, en los litorales del Valle del Cauca y Cauca, así como en el piedemonte llanero y amazónico se presentaría una situación inversa.
Ya en lo que hace al último trimestre, se prevé que las precipitaciones sean un 20% más intensas en la zona andina y en el centro-norte del Caribe, mientras que en el resto del país se mantendrían las condiciones normales propias de la oleada invernal de cierre de año.
Precisamente por todo lo anterior, las autoridades nacionales, regionales y locales deben tener activados sus respectivos planes de prevención y atención de emergencias. Ya en la primera temporada hubo cerca de 900 emergencias en 418 municipios de 28 departamentos, que dejaron más de 34 mil familias afectadas, en tanto 80 personas perdieron la vida, 16 mil viviendas quedaron averiadas, 730 puntos viales registraron daños, al igual que 110 puentes vehiculares y peatonales, 90 acueductos, 37 alcantarillados, 108 instituciones educativas y 7 centros de salud. El sector agropecuario también se afectó y ese fue un factor de presión adicional a la ya alta escalada inflacionaria derivada, principalmente, del coletazo socioeconómico de la guerra en Ucrania.
No en pocas ocasiones hemos recalcado en estas páginas que los entes de control, en cabeza de la Procuraduría y la Contraloría, deben activar sus mecanismos de alertas tempranas para advertir a gobernadores, alcaldes e incluso instancias del orden nacional que no puede haber la menor dilación o flexibilidad en los planes y sistemas para mitigar el riesgo de inundaciones, deslaves, derrumbes en zonas de alta pendiente, afectación a puentes, diques, vías y otras infraestructuras públicas y privadas. No se puede permitir que continúen ocurriendo tragedias anunciadas, sobre todo por la tardía evacuación de barrios con alto riesgo de deslizamientos o anegaciones graves en zonas en donde se sabe con suficiente anterioridad que se requieren obras de prevención, mitigación o reconstrucción.
Frente a ello, deben atenderse las voces de alarma que ya se escuchan desde algunos departamentos y municipios. Los nuevos ministros y altos funcionarios tienen que empaparse rápidamente de la estrategia de contingencia y ponerse al frente de las mismas. De igual manera, es imperativo analizar el uso que se está dando a algunos recursos de las regalías, sobre todo en zonas en donde se requieren inversiones de alto calado y complejidad para disminuir de manera estructural y a largo plazo los riesgos por circunstancias climáticas, sin que hasta el momento esos grandes proyectos hayan sido diseñados y concretados.
De otro lado, debe profundizarse la implementación del llamado Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sobre todo para que todas las entidades incorporen de manera activa esa política a sus instrumentos de planificación sectorial y desarrollen y garanticen la gobernanza de los mismos.
Como se ve, las alertas ya están dadas y no puede haber ningún tipo de falencia o demora en la activación de los planes de contingencia. Es necesario asegurar que existan los recursos, personal humano y equipamiento necesarios para afrontar las emergencias. Colombia tiene, de lejos, uno de los mejores sistemas de prevención y atención de desastres de la región, y ello debe verse reflejado en una disminución más sustancial y efectiva de pérdidas fatales y daños.