- Preservar el principio de autoridad
- Preocupantes casos delictivos y antisociales
La situación inédita que vive el país debido a la epidemia del Covid-19 exige de las autoridades redoblar su eficiencia en muchos aspectos básicos de la seguridad y convivencia ciudadanas. Es apenas obvio que en medio de la cuarentena general que mañana comienzan a cumplir todos los colombianos como medida preventiva para frenar la curva de contagios del coronavirus, hay una serie de amenazas a la tranquilidad de la población que deben ser precavidas de forma urgente para evitar que los criminales aprovechen esta grave coyuntura sanitaria para victimizar a las millones de familias que estarán refugiadas en sus casas.
En los últimos días, por ejemplo, ya se han sentido varios campanazos preocupantes en este flanco. De un lado, se registró una ola de amotinamientos en las principales cárceles del país que, según lo advertido por el Ministerio de Justicia y el Inpec, fue una acción planificada con miras a facilitar fugas masivas. De hecho existen audios en donde se evidencia que la idea era crear un caos generalizado en las prisiones, dificultando así la capacidad de reacción de la guardia penitenciaria y la Fuerza Pública, lo que facilitaría la evasión de miles y miles de reclusos, gran parte de ellos de alta peligrosidad. Afortunadamente las autoridades supieron reaccionar ante este complot y lograron contenerlo, aunque se produjo un alto saldo de muertos y heridos, sobre todo en la cárcel La Modelo en la capital del país.
De otro lado, ya se han reportado en distintas ciudades y municipios intentos de saqueos a supermercados, tiendas y otros establecimientos de abastecimiento alimentario y de víveres de primera necesidad, perpetrados por turbas evidentemente organizadas.
A ello se suma el alud de denuncias ciudadanas por acciones abiertas de acaparamiento de víveres así como de especulación con sus precios, que en algunos casos han subido cuatro, cinco o más veces su valor, sin que exista escasez ni desabastecimiento de los mismos.
No menos grave resulta para el cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios para evitar el aumento de contagiados y muertes por el Covid-19, que en algunas ciudades se está reportando la venta masiva de tapabocas, desinfectantes, antibacteriales e incluso medicamentos falsificados o que no cumplen con los estándares mínimos higiénicos que se requieren para evitar la propagación del virus. Estos avivatos y oportunistas se aprovechan del temor de la ciudadanía para venderles productos inútiles, lo que no sólo es un delito en materia comercial sino también un atentado directo a la sanidad pública.
A todo lo anterior hay que sumar que, lamentablemente, persisten las personas que no entienden la gravedad de la crisis sanitaria que estamos atravesando e incurren en desplazamientos, actividades y otro tipo de comportamientos claramente contrarios a las recomendaciones y directrices de las autoridades. Se trata de individuos que se saltan irresponsablemente los protocolos de confinamiento social, “dándoselas de vivos”, como suele decirse popularmente.
Frente a las situaciones ya descritas es urgente que tanto las Fuerzas Militares como la Policía y demás organismos de seguridad redoblen sus operativos para detectar a quienes están incurriendo en esos delitos y comportamientos antisociales para aplicarles, de forma ejemplarizante, las sanciones a que haya lugar. El principio de autoridad debe ser preservado a toda costa, más aún en medio de la emergencia sanitaria. No se puede permitir que los criminales y oportunistas traten de sacar provecho de esta delicada situación, ya que ello abriría el riesgo de que la ciudadanía también trate de ‘hacer justicia por propia mano’, reaccionando violentamente ante sus agresores.
El país tiene suficientes muestras del profesionalismo y el carácter patriótico de su Fuerza Pública, sus fiscales y jueces. Si bien es claro que su marco operacional se está complicando por cuenta de las restricciones funcionales que implica la epidemia, estamos seguros de su compromiso para seguir defendiendo la institucionalidad así como la seguridad y convivencia ciudadanas. En medio de la emergencia deben disponer de todos los recursos y equipamientos necesarios para cumplir con este propósito, empezando por la dotación de los elementos de bioseguridad necesarios para actuar en espacios abiertos e interactuar con la población.
A la ciudadanía también le corresponde una cuota de responsabilidad para evitar que los delincuentes hagan de las suyas en estos momentos de crisis. No sólo debe reportar de forma rápida cualquier actividad sospechosa, sino coordinarse con sus vecinos para activar protocolos de seguridad comunitaria, respetando las condiciones del aislamiento social.
Como se ve, preservar la tranquilidad ciudadana y el orden público es determinante en estos momentos. Si la criminalidad y los antisociales perciben una debilidad en el imperio de la Constitución y la ley, la situación se complicará sustancialmente así como la urgencia de poder cumplir con la cuarentena y limitar lo más posible el brote epidémico.