*Acelerar el juicio político

*Hora de recuperar la confianza

 

Hay hoy en el Brasil una guerra civil no declarada que, por lo pronto, tiene connotaciones políticas y sociales pero no armadas. Y que tiene de epicentro la corrupción, al más alto nivel, del Partido de los Trabajadores, sus conexiones con el poder y el gabinete, y los sobornos y canonjías en Petrobras. Fue ello, naturalmente, lo que terminó llevándose por delante a Dilma Rousseff, suspendida ayer de la presidencia brasileña mientras el Congreso realiza, máximo en un semestre, el juicio político y si la separa definitivamente del cargo.

 

Las acusaciones directas contra Rousseff parecerían, ciertamente, precarias. No hay ninguna conducta típica, antijurídica y culpable, es decir delictiva, en haber presentado el balance general al Congreso con anexos financieros que permitían cuadrar las cuentas nacionales, tal cual lo venían haciendo gobiernos anteriores. Pero en cambio le cabe, eso sí, la gran responsabilidad de haber tenido asiento en Petrobras, a través de ella misma o de sus delegados, y haber tolerado la gigantesca correa de transmisión de la corrupción. Ese debería ser verdaderamente el núcleo de la impugnación. Porque, como se sabe, actuar por omisión es igualmente delictual que hacerlo por acción. Rousseff cohonestó, de tal modo, el fraude, soborno y desfalco y es ello lo que debería haberse incluido como auto cabeza de proceso. Habrá que esperar si el Congreso la destituye por la causa ya aprobada.

 

En todo caso, es extremadamente nocivo para un país respetable, como Brasil, haber utilizado los mecanismos falsarios del balance general para dar la sensación de estabilidad económica cuando la situación era, en realidad, un caos y la conducta presidencial un gigantesco engaño que se hizo evidente con el paso de los meses. Tanto como que, efectivamente, la ineptitud de Rousseff puso al Brasil en el camino del desempleo, la inflación y una carga tributaria del 40 por ciento que, aunque menor a la colombiana, emasculó a la empresa privada. No puede, por supuesto, cabalgarse en el populismo a cambio de reventar los resortes de la economía y conducir a una nación por el abismo de la irresponsabilidad, al estilo de la satrapía venezolana. Es ello, a fin de cuentas, lo que le están cobrando a Rousseff, con la diferencia de que Brasil todavía tiene medios institucionales para recuperarse de la debacle.

 

Pero no va a ser fácil, en lo absoluto. El nuevo mandatario, que fungía de vicepresidente y que ha sido actor principal en el apartamiento de Rousseff, ostenta  credenciales interesantes para sacar a Brasil de la encrucijada. Sin embargo también tiene, al parecer, pleitos pendientes que seguramente le pondrán sobre el tapete en los próximos días. Se trata de haber recomendado algún directivo menor en Petrobras. Aun así, Michel Temer es una figura que tiene muchas mejores condiciones que Rousseff y que posee un sentido constitucional del Estado. Pertenece, por lo demás, a las doctrinas políticas que desdicen del intervencionismo en la economía a todo dar, de las regulaciones excesivas y del tributarismo como fuente de la demagogia. De entrada bajó el número abultado de ministerios y anunció que fijará una reducción en el desorbitado gasto público.

 

Sea lo que sea, Temer tendrá rápidamente que recuperar la confianza ciudadana y la internacional en Brasil. Siendo, por lo pronto, un presidente interino, ello será difícil puesto que precisamente la incertidumbre es su condición. De modo que el Senado brasileño debería tomar una determinación, lo más pronto posible, sobre el futuro político de Rousseff. Es lo más conveniente, bien para la exoneración, bien para el posterior encausamiento jurídico, porque lo más lesivo en estos momentos, para  Brasil, es tomarse, por parte del Congreso, todos los términos y permitir que la incertidumbre termine de copar la economía y la política. Una acción jurídica rápida y debidamente soportada es lo que necesita esa nación.

 

Como muy seguramente se repetirá la votación que abrió la impugnación, o por lo menos se mantendrán las mayorías, es básico avanzar lo más rápidamente, respetando el derecho a la defensa. Pero una vez ello se lleve a cabo es evidente que  Brasil aun no cerrará la brecha y retornará fácilmente a la estabilidad. El pleito, en todo caso, llegará a las elecciones de 2018 y es así cuando definitivamente se sabrá cuál es el camino finalmente escogido por la potencia latinoamericana.