*La nueva Comisión Intersectorial
*Políticas de Estado, visión moderna
Suele decirse con relativa frecuencia que sólo aquellos países que se fijan metas ambiciosas a corto, mediano y largo plazos son los llamados a lograr avances estructurales. Es más, es allí en donde se incuba la matriz diferencial entre las políticas gubernamentales y las estatales, ya que las primeras tienden a ser reactivas y centrarse en la neutralización de la sintomatología de las problemáticas que más impactan a determinada población, mientras las segundas se enfocan en atacar de raíz el flagelo, identificar su génesis y delinear una estrategia que permita, no solo controlarlo o mantenerlo en cintura, sino erradicarlo lo más posible.
Colombia en el arranque de este siglo poco a poco ha ido entrando en la esfera de las verdaderas políticas de Estado, es decir, aquellas que se generan objetivamente con plazos superiores a los mandatos presidenciales y cuya lógica funcional es tal que les permite estar por encima de las coyunturas políticas, sociales, económicas e institucionales. La suscripción de programas globales como las Metas del Milenio hasta la apuesta por planes internos como el Plan Colombia, el Visión Colombia 2019 o el Sistema de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras, son ejemplos claros de cómo esa visión de largo plazo, con cronogramas de medición y rendimiento intermedios, se han abierto camino.
Es más, no son pocos los analistas y tratadistas que consideran que, precisamente, en esta clase de políticas sólidas, planificadas y de largo aliento está la solución de la eterna polémica sobre la necesidad o no de las reelecciones consecutivas en nivel nacional, regional o local, o incluso a la controversia sobre la duración de los períodos de los presidentes, gobernadores y alcaldes. Es más, ya son muchos los conceptos y teorías sobre lo público que sostienen que el mayor error en Colombia en materia de metas a largo plazo radica, precisamente, en que los Planes de Desarrollo de los gobernantes de turno tienen un perfil casi fundacional o adanista, cuando la lógica de la planificación estratégica y moderna manda que dichos Planes se enfoquen más en acelerar o apuntalar la forma particular y puntual en que cada mandatario va a cumplir las hojas de ruta sectoriales de largo aliento fijadas con anterioridad y con una clara orientación y vocación estatal, de Estado.
En ese orden de ideas, la puesta en marcha ayer de la Comisión Intersectorial de Salud Pública, encargada de implementar el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, apuntaría a ser una de las apuestas más ambiciosas del Estado colombiano desde la Carta del 91. Una apuesta en la que hay fijadas metas sectoriales para los departamentos administrativos de la Presidencia de la República, Nacional de Planeación y para la Prosperidad Social, así como los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo, Minas y Energía, Educación Nacional, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Cultura, Transporte y Salud y Protección Social. Cada entidad tiene unas tareas claramente establecidas, que superan las generalidades y objetivos meramente enunciativos. Misiones que deberán ser sometidas por este y los gobiernos sucesivos a revisión constante, corrección del rumbo o, incluso, a redefinición de objetivos más ambiciosos, tal como ocurrió con las Metas del Milenio, varias de las cuales Colombia las cumplió con varios años de antelación y, lejos de contentarse con alcanzar esos estándares mínimos, de inmediato se fijó hitos más complejos.
Desde estas páginas en no pocas ocasiones hemos urgido una reingeniería al sistema de salud, si bien hemos valorado y ponderado los ajustes parciales hechos por los distintos gobiernos para superar los cuellos de botella financieros, logísticos, de infraestructura, de recurso humano, evolución tecnológica y de calidad y prontitud en el servicio que han sufrido los colombianos en las últimas décadas. Incluso, tras el reciente hundimiento en el Congreso del proyecto de ley ordinaria que pretendía reformar el sistema, se hizo un llamado para que, acaballados en la continuidad gubernamental dictada por las urnas, se ajustara esa iniciativa a los condicionamientos que la Corte Constitucional puso al declarar la exequibilidad de la ley estatutaria de salud, y volviera a presentarse al Legislativo.
Por lo pronto, resulta positiva la puesta en marcha de la Comisión Intersectorial de Salud Pública y la reafirmación de las metas fijadas para 2021, pues se evidencia así que mejorar la atención en salud a los colombianos, en toda su integralidad, no es una política aislada ni apenas sectorial, sino que es transversal a toda la acción del Estado en su conjunto sistémico. Una acción que debe ser evaluada y ajustada continuamente de acuerdo con la evolución de variables poblacionales, epidemiológicas así como de desarrollo humano, económico, social e institucional, que, como es apenas obvio, supera la esfera funcional de un solo ministerio.