* La reforma en ciernes al Código Electoral
* Recuperar la confianza ciudadana, la clave
Una vez se posesione en próximos días serán muchos y de alto calado los retos que tendrá el nuevo registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien acaba de ganar el concurso de méritos que los presidentes de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, así como del Consejo de Estado adelantaron para escoger el reemplazo de Alexander Vega, que termina su periodo en la primera semana de diciembre.
Abogado, excongresista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, tribunal del cual también fue presidente, Penagos es un dirigente de amplia trayectoria, que cuenta, además, con un máster y una especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios y especialista en Derecho Administrativo. También fue profesor de Sistemas y Procesos Electorales en Escenarios de Postconflicto, de Derechos Políticos y Electorales y de Derecho Administrativo. También es autor de libros sobre partidos, sistema democrático y estatuto de la oposición.
Ese acumulado académico y profesional resulta determinante para los desafíos que tiene la organización electoral en estos momentos, más aún después de los muchos vacíos que se evidenciaron tanto en los comicios parlamentarios y presidenciales del año pasado como en los regionales y locales que acaban de transcurrir.
Entre esas falencias debe mencionarse la persistencia de los delitos contra el sufragio, la demora en la implementación de la biometría y el voto electrónico, el desgastante pulso por la propiedad del software electoral, el alarmante número de votos nulos y no marcados, las zonas grises en la normatividad sobre otorgamiento de avales, así como la patente debilidad de los partidos y movimientos políticos para imponer sus directrices y disciplina. A ello habría que sumar otros flagelos relacionados con la explosión de personerías jurídicas, el boom de movimientos significativos de ciudadanos (candidatos por firmas), la ‘torre de babel’ ideológica por el coalicionismo desbordado o las trabas estructurales para la aplicación práctica de los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, la revocatoria del mandato. Adicional a todo se requiere un ajuste de fondo a la financiación de las campañas, más control en materia de encuestas y una legislación más efectiva para combatir y sancionar las tácticas de ‘guerra sucia’ en campaña, más ahora que se masificaron las ‘fake news’ y hasta se acude a la inteligencia artificial para hacer trampa en la contienda proselitista.
Es claro que afrontar ese complejo escenario requeriría una reforma política y electoral de fondo, que obviamente tendría que pasar por un Congreso que en estos momentos tiene la agenda prioritaria empantanada, un gobierno sin mayorías, sin margen de concertación y con las bancadas muy polarizadas. Es decir, que el panorama para la reingeniería normativa de fondo por vía parlamentaria no está dado a corto o medianos plazos.
Habría que apostar, entonces, por la reforma al Código Electoral que está bajo revisión previa de exequibilidad en la Corte Constitucional. Es una iniciativa de alcance medio, estrictamente reglamentaria que no toca los asuntos estructurales del sistema. Fue aprobada a mediados de este año por el Congreso, como un articulado similar al que había tumbado el mismo alto tribunal en mayo del año pasado.
En ese orden de ideas, el nuevo Registrador no solo deberá esperar el fallo de constitucionalidad sobre esa reforma a un Código Electoral desueto y anacrónico en muchos aspectos, sino que tendrá que maniobrar, junto al Consejo Nacional Electoral y el propio Consejo de Estado, para analizar qué otras modificaciones constitucionales y legales se requieren para erradicar la cantidad de falencias anotadas. Es vital que se trabaje de forma rápida en este campo, aprovechando que vienen dos años sin elecciones de por medio y el Parlamento tendría tiempo suficiente para tramitar las correcciones normativas del caso y que estas puedan reglamentarse y aplicarse en los comicios del 2026.
De igual forma, resulta necesario que se ajusten algunos temas relacionados con la función de registro e identificación que también le corresponden a esta entidad. Incluso si llega a pasar el proyecto de reforma que está bajo estudio de la Corte, algunos sectores parlamentarios urgen tener la lupa puesta sobre la designación de delegados departamentales y otros movimientos burocráticos. La modernización tecnológica es otro de los grandes desafíos de la Registraduría, así como la masificación de la cédula digital.
Visto todo ello, resulta claro que Penagos tendrá múltiples retos como nuevo Registrador. En la medida en que los vaya afrontando dará pasos hacia un objetivo ingente y prioritario: la recuperación de la confianza ciudadana en la eficiencia y transparencia de la organización electoral, un elemento vital para mantener la legitimidad y prevalencia del sistema democrático, eje fundamental del Estado Social de Derecho.