* Reactivación socioeconómica, prioridad
* Por un acuerdo político al más alto nivel
El próximo 20 de julio debe arrancar la cuarta y última legislatura parlamentaria de este cuatrienio gubernamental. Aunque suele creerse que este periodo de sesiones tiende a ser menos productivo y determinante que los tres primeros, debido a que el foco y la prioridad de acción política se enfatizan en las campañas para la renovación del Congreso y la contienda presidencial, es apenas obvio que la grave contingencia sanitaria que ha sufrido el país en los últimos quince meses y sus drásticas consecuencias sociales y económicas, que igualmente han afectado la eficiencia del Parlamento y el trámite de la agenda prioritaria de proyectos de ley y reformas constitucionales, obligan a que Senado y Cámara redoblen ahora el ritmo de trabajo, sin permitirse que la coyuntura electoral distraiga o desacelere el ritmo en comisiones y plenarias.
Para nadie es un secreto que la legislatura que termina no fue la más destacada, salvo porque marcó el récord en materia de debates de moción de censura. De resto, existe un amplio consenso a nivel nacional en torno a que el Congreso no asumió un rol protagónico en la implementación del plan de contingencia para contener la pandemia como tampoco fue un factor decisivo en la resolución de la crisis de tensión social, paros, vandalismo y desorden público que arrancó a finales de abril y solo vino a terminar a comienzos de este mes, si bien persisten algunos focos de protesta.
Aunque al cierre de este tercer periodo legislativo se destacan algunas leyes como la reglamentación de la cadena perpetua, la del etiquetado alimenticio, la de transición energética o la reforma al Código Disciplinario, en tanto continúa el debate sobre los alcances de los ajustes aprobados a la jornada laboral y la administración de justicia, es innegable que la opinión pública tenía centrada su atención en que los senadores y representantes a la Cámara se bajaran o congelaran sus millonarios salarios y redujeran el alto número de curules. Nada de ello pasó pese a que el resto del país no solo vio crecer el déficit fiscal, el desempleo, la pobreza y la deuda pública sino que pese a los esfuerzos presupuestales extraordinarios del Gobierno para contener el coletazo de la pandemia, la pobreza se incrementó de forma alarmante.
¿Cuál, entonces, debe ser la prioridad de la próxima legislatura? De entrada, como lo hemos reiterado en estas páginas, el foco principal debe situarse en la agenda de recuperación social y económica. Tras la inevitable caída del anterior y equivocado proyecto de reforma tributaria, es imperativo que la nueva iniciativa que está preparando el Ministerio de Hacienda se radique el 20 de julio con la suficiente socialización y consenso con todos los sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales.
Hay que asegurar la financiación del gasto social y los planes de reactivación productiva, logrando de forma paralela un equilibrio en las finanzas estatales. Para que este objetivo se concrete es urgente que se empiecen a aterrizar en propuestas y artículos concretos y definitivos lo que será el contenido de esa reforma impositiva y de énfasis social. Esa suma de voluntades es más urgente si se tiene en cuenta que los promotores de los paros de las últimas semanas, los mismos que fueron el disparador de este crítico y mortal tercer pico del covid-19, esperan ese proyecto para tratar de prender de nuevo la mecha de la protesta social.
De igual manera, asoma como prioritaria la reforma a la Ley de Garantías Electorales, sobre todo para evitar que las restricciones a la contratación oficial se terminen atravesando en la apuesta por el desarrollo de infraestructura como columna vertebral de la reactivación económica y generación de empleo.
Es claro que tanto para los ya mencionados como para otros proyectos de ley y acto legislativo prioritarios se requerirá que el Gobierno lidere acuerdos políticos de amplio espectro entre las bancadas, no solo la oficialista sino las independientes y de oposición, con el fin de hacer más productiva la tarea del Legislativo. La Casa de Nariño debe emplearse a fondo en la consecución de estos consensos de alto nivel, esquivando lo más posible el que se prevé como un agitado y polarizado escenario electoral.
Visto todo lo anterior, resulta evidente que la última legislatura tendrá muchos desafíos y distará de otras en gobiernos anteriores en donde el trabajo parlamentario fue reducido y lo que primaba era la carrera proselitista. El Congreso, que continúa siendo la institución oficial de peor calificación en la opinión pública, tiene que reivindicarse y conectarse con las necesidades más imperiosas del país o recibirá en las urnas un duro castigo.