* Freno inmediato a invasión de tierras

* Urge una reforma agraria ordenada

El respeto por la propiedad privada es un elemento primordial del ordenamiento constitucional colombiano. Corresponde a las autoridades actuar de manera diligente para garantizar el cumplimiento de ese derecho y contrarrestar toda acción que lo vulnere.

En ese orden de ideas resulta más que oportuno el comunicado del martes pasado del gobierno Petro recalcando que no se admitirá la invasión de tierras que se ha venido presentando en algunas zonas del país en las últimas semanas, sobre todo en el Cauca y algunas áreas de la costa Caribe. La advertencia del Ejecutivo era más urgente aún porque algunos de los voceros de estos procesos de irrupción ilegal estaban tratando de ‘justificar’ sus acciones en una interpretación, obviamente errónea, de la política de redistribución de la propiedad rural anunciada por la Casa de Nariño y sus ministros.

Esas apropiaciones ilegales de predios privados por parte de algunas comunidades indígenas y otros grupos de particulares no solo están generando un preocupante clima de tensión en las mencionadas regiones, sino que tienen en alerta a varios gremios de la producción agropecuaria en torno al riesgo de que se trate del inicio de una estrategia invasora de mayor calado a nivel nacional. De hecho, ya algunas instancias agroindustriales han advertido que el ciclo de cosechas y de nuevas inversiones podría verse alterado ante el temor de los propietarios de las haciendas a que sus terrenos sean blanco de ocupaciones ilícitas.

Frente a esta complicada situación el Gobierno dejó en claro que es imperativo respetar la ley y la institucionalidad. Si bien recalcó que se implementará una reforma agraria para buscar una mayor equidad en el acceso a la tierra, “pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad”. Se agregó, incluso, que quienes promueven las invasiones de predios privados entorpecen la gestión del Ejecutivo y esto “podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”. A línea seguida se puntualizó que si bien hay la disposición para “saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder” a la propiedad de la tierra, esa “democratización de la propiedad” se hará mediante el diálogo y no con la violencia. Por último, pero no menos importante, se dio un plazo de 48 horas para que los invasores desalojen los predios, so pena de que cumplido ese plazo la Fuerza Pública actúe y recupere los terrenos, obviamente acudiendo primero a los mecanismos de diálogo y solución pacífica, ya que el uso de la fuerza legítima debe ser el último recurso, como lo mandan los ordenamientos constitucionales, legales y los propios protocolos policiales y militares.

Es vital que para el cumplimiento de esta directriz los gobernadores y alcaldes informen al Gobierno nacional en el término de la distancia de los recientes casos de apropiación ilegal de predios en sus respectivas jurisdicciones. De esta forma, se puede generar un plan de choque para la recuperación y restitución de la propiedad privada. Es claro que si se dejan pasar los días o semanas sin que las autoridades actúen e impongan la ley, esa demora tendrá un efecto perverso que, lamentablemente, incentivará que se multipliquen esta clase de atropellos. No se puede desconocer, igualmente, que en algunas regiones hay organizaciones criminales ‘especializadas’ en la ocupación ilícita de terrenos y para ello instrumentan a comunidades campesinas, indígenas y de población vulnerable a las que, luego, les terminan cobrando por dejarles ocupar un lote dentro del predio vulnerado.

Para nadie es un secreto que en Colombia se requiere una mejor distribución de la propiedad de la tierra. De hecho, los últimos gobiernos han avanzado en esa dirección, no solo en cuanto a titulación de baldíos del Estado sino en restitución de predios a población desplazada y despojada así como en la asignación a comunidades rurales de haciendas objeto de extinción de dominio. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer, eso es innegable. Lo importante es que este proceso se haga de manera ordenada, respetando la propiedad privada y la institucionalidad.