• Urge acercar justicia al ciudadano de a pie
• Realidad nacional y formación del abogado

Un expresidente colombiano solía decir que el ciudadano del común se hace una idea de lo que es y cómo actúa el Estado, y qué postura asumir ante este, según la relación que entabla con un agente de Policía o la autoridad administrativa o judicial más cercana e inmediata con la que tenga relación por asuntos de la cotidianidad. De allí la importancia de que esa interacción de cualquier persona con quienes representan al Estado en su entorno cercano sea lo más institucional, eficiente y tranquila posible. Por ejemplo, si alguien se ve en la necesidad de acudir a un uniformado para que lo auxilie ante determinada contingencia y este lo asiste de forma profesional y diligente, esa persona se hace una idea de un Estado justo y eficaz, en el que se puede confiar y al que es viable reconocerle legitimidad. Pero si, por el contrario, el agente policial no le presta un buen servicio ni tampoco se interesa realmente por solucionar o aclarar la problemática que el ciudadano le plantea, entonces se configura en este último la nociva imagen de un Estado inútil, injusto y lejano.

Algo similar ocurre con la justicia, que debe ser entendida, en toda su dimensión, como un servicio que presta el Estado a sus gobernados. Sin embargo, para nadie es un secreto que en nuestro país el sistema judicial arrastra preocupantes índices de morosidad e impunidad. Procesos que duran largos meses y años. Criminales de toda índole que son capturados en flagrancia y en cuestión de días o semanas están de nuevo libres y delinquiendo. Tecnicismos legales que permiten a quienes han infringido la ley escabullirse del castigo proporcional a su infracción, ya sea esta penal, disciplinaria, fiscal, administrativa o de otro aspecto… Todo lo anterior lleva a que la ciudadanía tenga la arraigada percepción -reconfirmada por las encuestas- de que solo si se tiene dinero para pagar a un abogado es posible obtener justicia. Una percepción que, lamentablemente, lleva a que en no pocas ocasiones quien se siente perjudicado por un tercero prefiere acudir a la mal llamada ‘justicia por propia mano’, generándose cantidad de casos de agresiones por intolerancia y múltiples problemáticas y tragedias derivadas.

No en pocas ocasiones hemos advertido en estas páginas que la reforma judicial que necesita el país -y que tantas veces se ha frustrado en el Congreso o en los fallos de inexequibilidad de las altas Cortes- debe enfocarse, más que en el ajuste a la arquitectura de la rama o el desgastado juzgamiento de los aforados, en acercar la justicia a la solución de las problemáticas de mayor incidencia para el ciudadano de a pie. Pleitos vecinales, riñas intrafamiliares, pequeñas causas penales, problemas con arriendos, líos menores en materia de accidentes viales, diferencias de orden civil en negocios particulares, caos por presentación de tutelas y derechos de petición… En esta clase de diferencias el Estado debe ser más efectivo para intervenir y zanjarlas pronta y eficientemente.

Es allí en donde los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho deben jugar un papel más primordial. Sin embargo, para nadie es un secreto que el servicio que estos prestan no es hoy el más eficaz, a tal punto que hizo carrera la noción de que son una instancia para “personas pobres” que son atendidas por “abogados pobres” que no consiguieron una práctica mejor.

Esa es la realidad que se pretende cambiar ahora con el proyecto de reforma a los Consultorios Jurídicos, radicado por la Ministra de Justicia días atrás en el Congreso. La iniciativa busca fortalecer el funcionamiento de estas instancias para hacerlas más decisivas y funcionales en la asistencia a la ciudadanía. Por ejemplo, a partir de sexto semestre quienes estudien para ser abogados harán parte de los consultorios. De igual manera se ajusta y amplía lo relativo a más competencias, habrá mayor cobertura y servicios, mejores modelos de gestión y una estructura administrativa fuerte. Podrán actuar en casos penales de gravedad menor o media, disciplinarios, fiscales, administrativos, de familia y civiles, de arbitraje y otros asuntos de solución alternativa de conflictos, con las limitaciones de complejidad y mayor cuantía que establezca la nueva ley. Continuará siendo una asistencia gratuita, eso es clave. De igual manera, se contribuirá a la formación del abogado, pues tendrá un aprendizaje práctico -obviamente asesorado por docentes y expertos- y un contacto directo con las realidades sociales y jurídicas del país.

No es, pues, una reforma improvisada, ya que la confección de este nuevo sistema tuvo amplia participación de decanos, profesores y estudiantes de Derecho, siempre bajo el objetivo de mejorar el  acceso de los ciudadanos a los servicios de  justicia y, por esa vía, corregir la nociva percepción de muchas personas en torno a que hay que tener plata, abogados de trayectoria y ‘palanca’ para que los jueces, fiscales y demás instancias penales, administrativas, fiscales y de otra índole zanjen los pleitos de manera justa.

Habrá que esperar qué dice el Congreso al respecto y si los Consultorios Jurídicos serán objeto de esta reingeniería.