Con la escogencia ayer del magistrado Francisco José Ricaurte como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, prácticamente termina la renovación en las cúpulas de los máximos tribunales.

Días atrás la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como presidente al magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas, al tiempo que designó como vicepresidente al magistrado José Leonidas Bustos Martínez.

También en días recientes la Sala Plena del Consejo de Estado escogió a la magistrada María Claudia Rojas Lasso como nueva presidenta, en remplazo del jurista Alfonso Vargas Rincón, en tanto que como vicepresidenta fue elegida Martha Teresa Briceño de Valencia.

En la Corte Constitucional el presidente continúa siendo el magistrado Jorge Iván Palacio.

Las nuevas directivas de los altos tribunales tienen este año un reto de marca mayor, además de las funciones primordiales que como tribunales de cierre en las distintas jurisdicciones les competen. Se trata de la misión de ser protagonistas de primer orden en la discusión que está una vez más sobre el tapete respecto a la urgencia de una reforma funcional, del sistema de gobierno y de la arquitectura de la Rama Judicial.

Como se sabe desde hace un par de meses se viene hablando con insistencia de la necesidad de volver a asumir el estudio de una reforma judicial. Tanto el Gobierno como el Congreso y los propios voceros de los máximos tribunales han coincidido en que es necesario aterrizar un nuevo proyecto de reforma. Es más, ya está en marcha una revisión de la última iniciativa que sobre esta delicada materia naufragó en el Parlamento a mediados de 2012, cuando fue necesario que la Casa de Nariño acudiera a las inéditas objeciones  presidenciales para abortar una norma que contenía varios artículos polémicos. Sin embargo, ya hay un grupo de parlamentarios y juristas que está revisando el articulado de esa fallida reforma con el fin de rescatar algunos puntos que se consideran bastante útiles para incluirlos en un nuevo proyecto.

Hasta el propio Jefe de Estado, el martes durante la posesión de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, dio puntadas sobre lo que debería analizar una próxima reforma. Por ejemplo, indicó que la autonomía de los poderes “no puede ser una autorización para separarse de la recta interpretación de la norma”. Incluso afirmó que frente a las decisiones judiciales tomadas “deben ser los propios jueces y los propios magistrados quienes adelanten un proceso de investigación y de autocrítica”.

Es bueno, en consecuencia, que el tema de la reforma judicial vuelva a irrumpir en el escenario y que se analice con todos los actores la viabilidad de los cambios propuestos. Ahora, dada la complejidad del tema y la ponderación y objetividad que requiere, lo mejor es dejar este primer semestre para la confección del proyecto y sólo llevarlo al Congreso en el segundo, con un nuevo Parlamento, la puja presidencial definida y sin la distracción de la contienda electoral.