* Distrito y Nación deben reestructurar modelo
* Planes de choque evidencian su poca eficacia
El asesinato de un patrullero, el ataque con ácido a dos uniformados más, así como una serie de homicidios de civiles en medio de robos en la última semana, cuyas imágenes captadas por cámaras de vigilancia y de celulares se volvieron virales, pusieron una vez más sobre la mesa el debate en torno a qué es lo está pasando en la capital del país en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Esta discusión va más allá del tema estadístico. Como ocurrió en todo el país, en Bogotá los índices de varios delitos de alto impacto aumentaron en el primer semestre de este año, lo que se explica en buena parte porque en la primera mitad del año pasado rigió en Colombia el tramo más drástico de la cuarentena para contener el riesgo pandémico del covid-19. Como es apenas obvio, al existir menos personas circulando en espacios abiertos y públicos, se redujo el riesgo de ser blanco de los criminales.
Dejando de lado esa circunstancia, es claro que la ciudad atraviesa una crisis de seguridad. Y no solo por los focos permanentes de vandalismo que no han podido ser sofocados en varios sectores de la ciudad, y que incluso ya se volvieron cosa de todos los días en los alrededores de algunos de los portales del sistema de transporte masivo. Es evidente que delitos como los homicidios y robos con violencia se han venido incrementando de forma sustancial. Atracos, balaceras así como uniformados heridos o asesinados en procedimientos de requisas o de vigilancia, se están volviendo cada vez más recurrentes.
Si bien la Administración Distrital y el gobierno Nacional anunciaron semanas atrás, luego del asesinato de otro uniformado, un plan de choque para reforzar la seguridad en la ciudad, que incluye un refuerzo de 1.500 efectivos (cuya activación será gradual a partir de septiembre) así como más trabajo en el área de inteligencia, investigación y policía judicial, se necesita una estrategia más integral, de largo plazo y estructural. Paradójicamente, ya al comienzo del año, tras un nuevo pico de inseguridad y de vandalismo derivado del desborde violento de la protesta social, se hicieron anuncios similares por parte de la Alcaldía y el Ministerio de Defensa. Al tenor de lo ocurrido en los últimos meses, incluyendo la ola de bloqueos y asonadas de mayo y abril, queda en evidencia que estas medidas coyunturales y cortoplacistas no tienen el efecto buscado.
También está descartado que el aumento de algunos de los delitos de alto impacto tenga como única causa una mayor incidencia criminal de los migrantes venezolanos. Las estadísticas sobre capturados y judicializados sí demuestran que hay una mayor cantidad de extranjeros involucrados en actividades ilegales, pero no en la proporción que se ha viralizado en las redes sociales y generado peligrosos brotes de xenofobia.
Así las cosas, como se dijo, se requiere de una reformulación integral de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá. Una reingeniería que supere, mediante soluciones tangibles y de fondo, discusiones recurrentes y desgastadas, como las del bajo número de policías por cada 100 mil habitantes, las deficiencias en equipamiento y soluciones tecnológicas, la falta de conexión entre las autoridades y las redes de empresas de vigilancia privada, la polémica por los largos tiempos de respuesta de los uniformados a las llamadas de emergencia de la ciudadanía, la desconfianza ciudadana en el accionar de la Fuerza Pública y los peros a la estructura misma de la Policía Metropolitana…
Hay que ser claros: la complejidad y tamaño poblacional de la ciudad, los múltiples factores de delincuencia común y organizada que operan, así como la dimensión presupuestal, de talento humano y equipamiento requeridos para afrontar los retos en estos campos, hacen imperativo que se formule una estrategia estructural, diferencial y de largo plazo de seguridad y orden público para Bogotá. Resulta ineficaz considerar que los modelos de otras ciudades o municipios más pequeños son aplicables en la capital del país, cuando la realidad permite concluir lo contrario.
Es urgente, por tanto, que Distrito y Ministerio de Defensa, a la par de atender con medidas de choque el pico delictivo, se pongan de acuerdo en sentarse a analizar, asesorados por expertos nacionales e internacionales y teniendo en cuenta las estrategias en otras grandes urbes del mundo, ese nuevo modelo de seguridad y convivencia ciudadana para la ciudad, partiendo de un diagnóstico nuevo y preciso sobre la naturaleza de las amenazas criminales, su tipología y cuáles deben ser las herramientas operativas, de inteligencia, presupuestales, de pie de fuerza, judiciales, de establecimientos carcelarios y de reactivación socioeconómica que se requieren aplicar. De lo contrario, los casi diez millones de bogotanos seguirán expuestos a los criminales y a respuestas parciales y ‘paños de agua tibia’ por parte de las autoridades locales y nacionales.