Si  hay un tema que ha estado en el centro del debate este año, más allá de las coyunturas electorales, ha sido el de la educación, sobre todo después de que se conocieran los resultados de las pruebas PISA en las que el desempeño de los jóvenes estudiantes colombianos no fue el mejor.

De inmediato se prendió una controversia de marca mayor alrededor de la calidad de la educación en nuestro país y volvieron al escenario discusiones muchas veces dadas acerca de las falencias en la formación del recurso humano docente, el efecto del aumento de la cobertura sobre la capacidad de aprendizaje de los alumnos, las distintas ópticas sobre la cualificación de los pensum, la falta de una reforma a fondo de toda la estructura del sistema de instrucción desde el nivel preescolar, pasando por el básico y secundario, para terminar con lo técnico, tecnológico y profesional…  Igual se puso sobre el tapete la necesidad de aprobar un nuevo Estatuto Docente, reforzar lo relativo a la dignificación laboral del educador, hacer más incluyente y decisoria la visión del estudiantado y la academia, así como repensar la inclusión efectiva y provechosa de las nuevas tecnologías en el día a día de la enseñanza a niños, jóvenes y adultos.

Incluso durante la campaña al Congreso y más aún en la presidencial el tema de la educación fue uno de los más debatidos y aunque con matices entre las propuestas de los distintos candidatos, al final parecía existir coincidencia en torno de que mejorar la calidad y el acceso continuaban siendo la columna vertebral de la revolución educativa.

Con un gobierno a punto de arrancar su segundo mandato consecutivo y un Congreso en el que se anuncian no pocos proyectos relativos a optimizar el sistema de educación, es claro que debe hacerse un alto en el camino para encajar de manera coherente y funcional todo lo que se propone con las realidades colombianas en materia de instrucción y enseñanza. No se puede caer, por más bien intencionadas que estén todas las propuestas, en una torre de Babel, y menos aún lanzarse a impulsar leyes y ajustes aislados. Hay que organizar la discusión, aprovechando para ello lo ya avanzando en el proceso de maduración de la reforma a la educación superior en los últimos dos años e incorporando las nuevas ideas que resulten lógicas y funcionales. Por ejemplo, no son pocas las alternativas que en medio de la campaña se escucharon alrededor de flexibilización o la misma gratuidad de los créditos del Icetex, sobre todo para los estudiantes de familias de pocos recursos. Incluso deben analizarse a fondo los conceptos de algunos expertos respecto de que pruebas internacionales estandarizadas como las PISA no necesariamente reflejan la calidad de la educación de un determinado país…

En no pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que suele hablarse con demasiada facilidad de la urgencia de una reforma a la educación pero que, cuando ésta se asume desde un punto de vista integral y sistemático, se entiende que se trata de una de las modificaciones más complejas que se pueden aplicar en cualquier país. A hoy es claro que se ha avanzado en muchos aspectos, otras políticas apenas si están empezando a concretarse y dar resultados, en tanto que hay flancos en donde las falencias son muy notorias. Todo ello debe evaluarse con cabeza fría y objetividad, sin caer en dogmatismos ni posturas macartistas que no conducen a nada bueno. Se requiere una reforma a la educación, eso nadie lo niega. Pero hay que hacerla sin fechas fatales ni mucho menos alarmismos extremos.