- Los paradigmas del Estado moderno
- Gobierno en línea, monitoreo en línea
Cantidad no significa necesariamente calidad. Esa premisa se aplica sin duda alguna a la vigilancia fiscal en Colombia, pues si bien hay un buen número de instituciones encargadas de esta función, continúan siendo muy altos los índices de desgreño administrativo, malgasto presupuestal y robo del erario. Es claro, igualmente, que mientras las jurisdicciones penal, disciplinaria y fiscal no sean más efectivas en la persecución y castigo a las redes de corrupción y de gestión ineficiente que medran en muchos organismos oficiales, la lucha contra el flagelo de corrupción, que mueve cifras billonarias al año, continuará dejando unas batallas importantes ganadas pero la guerra perdiéndose.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y a los demás entes de vigilancia les faltan más facultades, recursos humanos y técnicos así como clarificación de sus competencias para poder actuar a tiempo ante casos de corrupción o desgreño en los estamentos oficiales. Muchos de quienes han pasado por las instituciones mencionadas así como por superintendencias y otras entidades de control han advertido la existencia de un conjunto normativo, empezando por los respectivos códigos que regulan el actuar de cada una de ellas, que se enfocan en investigaciones y sanciones de tipo forense, es decir cuando ya el daño está hecho y los dineros públicos embolatados. Incluso, ha hecho carrera la tesis de que la vigilancia preventiva o en tiempo real termina derivando en una especie de ‘coadministración’ por parte de los entes de control, mucho más allá del llamado “síndrome de las ías”, como se suele llamar a cierta tendencia en los despachos públicos para no tomar decisiones por miedo a caer en pesquisas penales, disciplinarias o fiscales.
Sin embargo, si algo está demostrado en los paradigmas de funcionamiento de los Estados modernos es que los medios tecnológicos y la masificación de las estrategias de “gobiernos en línea” le permiten a las entidades de control realizar un monitoreo permanente, detallado y en tiempo real de las instituciones bajo su órbita. Mediante sistemas de datos abiertos, portales de contratación gubernamental a todo nivel, registro web de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, consultas al instante sobre inhabilidades y sanciones, comparativos de precios y filtros de compra oficial eficaz, entre otros, se puede ejercer un acompañamiento real y eficiente de lo que pasa en cada entidad, sin que ello signifique una coadministración o injerencia indebida.
Por esa misma vía se pueden superar los viejos debates en torno a la eficacia o no de los controles preventivos, concomitantes o posteriores. La tecnología, simple y llanamente, permite activar un monitoreo de carácter permanente que da pie a generar alertas tempranas y actuar a tiempo para corregir situaciones de riesgo. Además, el método actúa también como elemento disuasivo en el caso de funcionarios tentados a torcer la ley. Un monitoreo permanente que en modo alguno puede llevar a una intervención caprichosa de los entes de control en el accionar de cada institución y menos a que se derive en una disfuncional instancia de permiso previo para tomar tal o cual decisión, pues ello paralizaría al Estado a todo nivel.
En ese orden de ideas, resulta interesante el acto legislativo que el Contralor General de la República radicó la semana pasada en el Congreso, en especial la propuesta de establecer una vigilancia concomitante y preventiva sobre el accionar estatal, acudiendo para ello al big data, la inteligencia artificial, así como las auditorías y el control con base en los datos abiertos de las entidades. Cuando la Corte Constitucional ‘tumbó’ tiempo atrás la facultad de control preventivo fiscal, se indicó en estas páginas que dicha competencia era prioritaria, más aún en un país en donde los carteles de contratación y mafias de corruptos estaban entrando a saco al erario. Según el titular de la Contraloría esa vigilancia en tiempo real y demás ajustes de fondo planteados al modelo de control fiscal evitará que la institución solo “llegue a ver las cenizas” de los presuntos robos al presupuesto público.
Habrá que esperar qué decide el Congreso respecto a esta reforma constitucional. No es fácil si se tiene en cuenta que las más de 60 contralorías departamentales, municipales y distritales son fortín burocrático de muchos caciques políticos regionales. Sin embargo, es claro que en medio de la cruzada contra la corrupción a nivel nacional, al Parlamento le quedará muy complicado oponerse o dilatar la urgente reingeniería del modelo de control fiscal.