* Una norma muy delicada y de amplio impacto
* Obligatorio un debate abierto y multisectorial
En el marco de las múltiples reformas de las que se está hablando por estos días, todas catalogadas como urgentes y dirigidas a solucionar problemáticas suficientemente sobrediagnosticadas, una de las modificaciones más delicadas, sin duda alguna, es la del Código Civil, uno de los cuerpos normativos más antiguos en la legislación colombiana, incluso más allá de un siglo y tres décadas si nos remitimos al primero de estos compilados legales.
La reforma a este Código es un reto muy grande desde todos los puntos de vista. No en vano se trata del marco regulatorio de las relaciones entre las personas en muchos aspectos. No pocos tratadistas constitucionales señalan que este conjunto de normas termina siendo tan fundamental que los países en donde su funcionalidad es muy alta, la necesidad de que el Estado tenga que intervenir para regular o solucionar las diferencias entre los particulares es relativamente baja, lo que se traduce en un menor índice de conflictividad social y judicial.
Ajustar este Código, incluso unificarlo e integrarlo con el de Comercio por regular ambos las relaciones entre particulares, es una propuesta de vieja data en Colombia. En varios gobiernos se ha querido avanzar en esa dirección pero dado que se trata de una tarea de largo aliento los intentos han quedado a medio camino. En la actual administración se dio un paso más definitivo, a tal punto que semanas atrás la facultad de Derecho de la Universidad Nacional entregó un primer borrador de dicha reforma, que recibió el Ministerio de Justicia indicando que se trata de un proyecto prioritario que no solo apunta a crear una norma marco moderna, coherente y acorde con las múltiples leyes y actos legislativos aprobados en las últimas décadas que ajustaron elementos clave del Código, sino que depura otra cantidad de directrices legales que, por sustracción de materia, caducan su objeto o responden a premisas de interacción social que ya no se aplican en la actualidad y que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional a lo largo de 30 años de vigencia de la Carta del 91. Algunos estudios han señalado que una tercera parte del Código, que tiene alrededor de 2.700 artículos, ha quedado superada por las circunstancias ya descritas, e incluso por otros códigos más recientes, como el de Infancia y Adolescencia.
La propuesta de reforma al Código, que el Ministerio tiene publicada en su página web con el objetivo de recibir comentarios, ha generado mucho debate en las instancias jurídicas. Algunos expertos consideran que en este campo de las relaciones entre particulares ya Colombia tiene un compendio normativo muy amplio, por lo que la depuración de este Código e incluso su unificación con el de Comercio podría resultar un poco redundante desde el punto de vista regulatorio en cuanto al amplio universo del derecho privado, comercial y civil. También están las opiniones de reconocidos juristas que sostienen, por el contrario, que esta reforma debe sacarse urgentemente del ámbito estrictamente académico y abrir un debate nacional de amplio espectro ¿Por qué? Aducen que no se trata solo de dar seguridad jurídica y ajustar la interacción diaria de cada colombiano en los ámbitos social, económico, cultural, contractual y de negocios, sino que impactará asuntos que hoy no están regulados completamente, como el concepto de familia, la perspectiva de género, inclusión de grupos marginados, nuevas realidades de relacionamiento personal, evolución de marcos regulatorios de derechos fundamentales así como la tipología de nuevos negocios y realidades contractuales. Por igual, ese nuevo Código debe incorporar no solo los elementos propios de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, arbitraje y conciliación extrajudicial, sino el impacto en estos de las nuevas tecnologías. Todo ello, además, de una adecuación legal acorde con el renovado bloque de constitucionalidad.
Como bien lo indicara un informe de este Diario la semana pasada, la reforma al Código Civil, que el próximo mes termina su periodo de comentarios, debe ser una de las prioridades del nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Urge un debate de amplio espectro, que empieza por la socialización de la propuesta base proyectada por los expertos de la Universidad Nacional. La discusión debe ser amplia, incluyente, multidisciplinaria. Y, sobre todo, darse antes de que el articulado sea llevado al Congreso.
Como se ve, reformar el Código Civil es un reto de marca mayor y si este Gobierno decidió abocar el proceso, tiene que garantizar la máxima apertura y debate posibles, pues se trata de la norma que regula las relaciones diarias entre los particulares y los marcos regulatorios del derecho privado, civil y comercial.