· Un estatuto con muchas zonas grises
· Urge fortalecer control en tiempo real
El régimen de contratación pública en Colombia es quizás uno de los más reformados en los últimos años, siempre con la intención de frenar la gran cantidad de anomalías que se presentan cuando una entidad pública requiere, de un privado, determinado bien, producto o servicio. Sin embargo, es claro que pese a esos sucesivos ajustes normativos en el orden constitucional, legal y reglamentario, las falencias no han podido ser erradicadas y de allí que muchos de estos procesos continúen siendo permeados por la corrupción, la politiquería y el desgreño administrativo.
Los informes de la Contraloría, la Auditoría General, la Procuraduría, la Fiscalía, veedurías departamentales, municipales y distritales, así como de ONG y de centros de investigación privada y gremial coinciden en que las irregularidades son recurrentes, especialmente en lo relativo a contratos y licitaciones asignados directamente, fallas en la selección objetiva, cartelización de proponentes y oferentes, interventorías débiles o ineficaces, anticipos presupuestales injustificados, fraudes en pólizas y respaldos de capital, renegociación constante de otrosí, proliferación de pleitos en tribunales de arbitramento, reconsideración caprichosa de pliegos, diseños de obras y costo de las mismas… En fin, un menú de yerros que año tras año generan pérdidas billonarias al Estado en todos sus niveles.
Este cuadro crítico explica por qué desde distintos sectores políticos, económicos, gremiales, institucionales y sociales se está urgiendo una nueva reforma al Estatuto de Contratación Pública, que no solo simplifique la base normativa que rige todos esos procesos, sino que permita a los contratantes y a las autoridades de control tener información en tiempo real sobre la marcha de las distintas etapas de diseño, adjudicación y ejecución de toda obra o servicio pactado con el sector privado o los particulares. La sucesión de escándalos alrededor de la contratación del servicio de alimentación para millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos, es una prueba fehaciente de las debilidades de la legislación vigente. Y el hecho de que muchos alcaldes y gobernadores estén solicitando que el Gobierno central reasuma todo este proceso pone de presente que las últimas modificaciones al régimen contractual se quedaron cortas o, al menos, no contemplaron la mayoría de los riesgos en esta materia a nivel regional y local.
Resulta, por demás, insólito que todavía se esté denunciando en muchas regiones que las adjudicaciones se hacen literalmente a dedo y que muchos funcionarios aprovechan las zonas grises del Estatuto para poder direccionar los contratos a la medida de sus intereses particulares. Por ejemplo, esta semana la Auditoría General indicó que en los departamentos del Eje Cafetero dos terceras partes de la contratación se adjudican directamente, al tiempo que muchos de los beneficiados son fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, lo que paradójicamente termina afectando los ingresos tributarios del Estado debido a las excepciones impositivas que éstas tienen.
A ello se suma, según se ha evidenciado en otras investigaciones y escándalos, que esa figura de las fundaciones está siendo utilizada por los carteles de la contratación para adueñarse de los presupuestos públicos. Lo hacen mediante una ya muy conocida táctica de crear empresas de papel que tienen a los mismos accionistas y dueños tras de sí, y que terminan presentándose, todas a una, al mismo proceso licitatorio para dar la impresión de que sí hubo una multiplicidad de oferentes, cuando en realidad lo que hay es una maniobra tramposa.
Cada vez va siendo más palpable que el Estado en sus instancias nacional, departamental y municipal debe privilegiar el modelo de las Alianzas Público Privadas (APP), ya que este no sólo ha demostrado ser más eficaz en materia de cumplimiento y ejecución, sino sobre todo en transparencia. La mayor evidencia de ello está en los programas de vivienda gratuita y de infraestructura vial que se han desarrollado bajo esta figura contractual, sin que hasta el momento se reporten escándalos o anomalías.
Paralelo a esto hay expertos que recomiendan reducir el margen de discrecionalidad de las entidades en materia de nóminas paralelas, asignación directa de obras y proyectos de bajo monto e, incluso, aumentar las facultades preventivas de los entes de control para que la vigilancia sobre el cumplimiento de lo contratado se haga cada vez más en tiempo real y no, como ocurre en muchos casos, cuando ya el mal está hecho o el dinero simple y llanamente se esfumó.
Estos son apenas algunos de los temas que se ponen sobre la mesa en torno a la necesidad de reformar el Estatuto de Contratación Pública, simplificándolo en materia de procedimiento pero aumentando, de paso, la vigilancia y control en tiempo real.