* Falencias innegables del acuerdo de paz
* Disidencias y reincidencias, riesgo mayor
Las falencias del proceso de paz adelantado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno anterior son más que evidentes, sin por ello desconocer que los índices de homicidios se han reducido desde entonces. Pero esas fallas no se están descubriendo ahora. En realidad durante el largo transcurso de la negociación, la doble firma del acuerdo en 2016 (mediando el plebiscito refrendatorio cuyo dictamen popular negativo fue desconocido) y la aún más complicada implementación en el último quinquenio, las debilidades del pacto han sido palpables.
En ese orden de ideas, no se entiende la controversia generada esta semana por algunas de las afirmaciones de la canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde se avaluaba el último informe de la Misión de Verificación de ese organismo sobre cómo se está desarrollando lo acordado con la extinta organización subversiva.
La titular de Relaciones Exteriores confirmó lo que todos y cada uno de los colombianos ya saben ¿Acaso alguien duda de que uno de los ‘pecados originales’ de este proceso de paz es que aunque se le presentó al país y al mundo como la fórmula para la terminación definitiva del conflicto y la vía para alcanzar una “paz estable y duradera”, no había posibilidad de que ello fuera viable por cuanto quedaban delinquiendo otros grupos armados ilegales como el Eln y bandas criminales de alto espectro?
También resulta lógica la afirmación de la titular de Relaciones Exteriores en torno a que se considere “la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político. Los enemigos del Acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. El 80% de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes”.
No hay en esa afirmación nada que falte a la verdad. Aunque en la antesala de la firma del acuerdo el gobierno de entonces ni la guerrilla lo admitieron públicamente, hoy todo el país sabe que una porción importante de cabecillas y guerrilleros de base se apartaron de las tratativas y decidieron seguir alzados en armas. Esas son las disidencias hoy bajo el mando de alias ‘Gentil Duarte’. Y también es más que claro para todos los colombianos, la Misión de Verificación y la comunidad internacional que otro tanto de excomandantes y personal desmovilizado, en cabeza del exjefe negociador en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, decidieron desde 2018 regresar a la clandestinidad. Estas son las reincidencias. Ambas facciones sumarían hoy más de cuatro mil hombres-arma que delinquen en más de 120 municipios y no solo luchan por el control de los corredores del narcotráfico y la minería ilegal, sino que están detrás, junto al Eln y las bandas criminales, de la racha de masacres y asesinatos de líderes sociales y reinsertados.
No hay, entonces, en lo afirmado por la canciller Blum nada que falte a la verdad. Al país se le vendió un acuerdo de paz que se dijo era integral y acabaría con el conflicto, pero a hoy es evidente que dejó por fuera a varios actores de la violencia y que ni siquiera desmovilizó ni mantuvo en la legalidad a la totalidad de las propias Farc. Considerar que eso no es un incumplimiento a los objetivos centrales del pacto y a la forma en que el Estado cedió en la aplicación de justicia y castigo a los delitos de la guerrilla, resulta incomprensible.
Ahora, que el fenómeno de las disidencias y reincidencias de las Farc sea responsabilidad de los exmandos y la base de excombatientes que permanecen en la legalidad, claramente no es así. De hecho, el Gobierno dejó en claro esta salvedad y reiteró que tampoco hizo tal acusación ante la ONU. A la cúpula del partido Comunes y al grueso de los reinsertados lo que se les recrimina es su poco aporte a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a las víctimas, sobre todo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz.
Es evidente que al ser un mandato constitucional el acuerdo de paz debe implementarse. La Misión de la ONU reconoce muchos avances de este Gobierno en esa dirección, al tiempo que exige redoblar esfuerzos para frenar los crímenes contra reinsertados y líderes, tarea en la que el Estado, en su conjunto, debe aumentar su eficacia y planes de protección, como es apenas obvio. Nada de ello choca ni contradice con reconocer las falencias del pacto y menos aún implica demeritar los aspectos positivos del mismo.