• Un capítulo más en la tragedia venezolana
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El oro siempre ha estado en el centro de los conflictos de los países. Recordemos, entre muchos ejemplos, la triste historia de las reservas de oro de España durante la Guerra Civil, que fueron utilizadas por el gobierno republicano para financiar la contienda interna, dando lugar a una controversia cuyos ecos llegan hasta nuestros días.

En Venezuela ha venido ocurriendo otro tanto. En 2011 el gobierno de Hugo Chávez repatrió cerca de 130 toneladas de oro que el Banco Central de Venezuela tenía depositadas en bancos de la Unión Europea y de Estados Unidos, alegando que su país debía tener control físico de esta porción de sus reservas para atender gastos internos.

La custodia del oro de países extranjeros es una de las actividades más rentables de algunos bancos centrales, en especial del Federal Reserve Bank de los Estados Unidos y del Banco de Inglaterra. Se calcula que éste último guarda en sus sótanos, maravillosamente protegidos por la más sofisticada tecnología, cerca de 5.000 toneladas (400.000 lingotes) de oro, que son propiedad de naciones extranjeras, las que confían a esta prestigiosa entidad financiera la custodia y manejo de este importante activo de sus reservas internacionales. Una de ellas es Venezuela.

Esta es la esencia del contencioso que en este momento enfrenta al Banco Central de Inglaterra y el Gobierno del Reino Unido con Venezuela. Siguiendo el antecedente que ya había abierto Chávez en 2011, el régimen de Nicolás Maduro solicitó el retiro del remanente del oro venezolano (31 toneladas) que reposa en los sótanos del banco británico, alegando que su gobierno necesita monetizar ese activo para atender gastos asociados a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y pidió, en consecuencia, que el oro de la reclamación se pusiera a disposición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND), para que esta agencia internacional actuara como una especie de agente fiduciario que manejara algunos programas vinculados a la lucha contra el Covid-19, financiados con la venta de este oro reclamado.

El Banco Central del Reino Unido, alegando que es el Gobierno interino presidido por Juan Guaidó (reconocido así tanto por Londres como por 90 otros países) el que goza del legitimidad ante el gobierno británico, y no el de Nicolás Maduro, se ha negado a atender la solicitud de devolución del oro venezolano hecha por el régimen madurista. Es más, puso a disposición del gobierno interino esta considerable suma de recursos, cuyo valor calculado a los precios actuales del oro asciende a cerca de 1.100 millones de euros.

Esta decisión del Banco Central de Inglaterra ha dado inicio a una encendida polémica jurídica en cuya primera instancia, es obvio, va triunfando el gobierno interino de Guaidó. Pero vienen otras muchas apelaciones jurídicas y más pataleos del gobierno Maduro.

Lo que está de por medio en este caso es quién tiene la personería sobre el oro venezolano y sobre muchos otros temas en la arena internacional: ¿el gobierno de Maduro o el de Guaidó? ¿Quién representa al pueblo venezolano, que es al fin de cuentas el propietario de este oro?

El gobierno de Guaidó -tal como lo ha hecho también para el caso de la otrora poderosa Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- ha nombrado una junta directiva paralela, una especie de instancia en la sombra del Banco Central de Venezuela, para supervisar y controlar sus actividades. Como represalia a lo que está sucediendo en Londres, el gobierno de Maduro ha decretado el arresto de todos los miembros de esa junta supervisora nombrada por Guaidó, acusándolos de traición a la patria. La controversia va, pues, para largo.

No hay que olvidar que Venezuela es un importante productor de oro. El llamado “arco minero” del vecino país es uno de los centros auríferos más importantes del mundo. Con el derrumbe de la capacidad productora de petróleo en Venezuela, que por su decadencia técnica está reducida a la mínima expresión, la exportación del metal dorado de nueva producción (en adición al retiro del que está depositado en las bóvedas de los bancos centrales de los países ya mencionados) se ha convertido en uno de sus principales renglones de divisas para el régimen. Un mercado que, además, escapa fácilmente a las medidas sancionatorias que la comunidad internacional le ha impuesto a Venezuela. Y, por supuesto, a todas estas transacciones se les asocia a no pocos episodios de la corrupción que campea en Venezuela por estos días. De hecho, Caracas ha venido exportando su oro a países como Uganda, Turquía e Irán. Incluso, seguramente las exportaciones de oro están asociadas también a los negocios turbios que manejaba el oscuro empresario Alex Saad, recientemente detenido en Cabo Verde.

Como se ve, no todo lo que brilla es oro. Y tristemente para el país del “bravo pueblo”, a la corrupción rampante, a las violaciones ampliamente documentadas a los derechos humanos, al desabastecimiento, a ser ahora el país más pobre de Latinoamérica (¡por encima de Haití!) y a la ruina lastimosa de su aparato productivo y de su infraestructura petrolera, se suma ahora este episodio de la rapiña chavista por sus reservas de oro.