- Blindar recursos para alimentar a 6 millones de alumnos
- Activar controles trasversales, eficientes y en tiempo real
Arrancó el calendario académico para millones de niños, niñas y jóvenes en escuelas y colegios oficiales en todo el país. Tras la aprobación el año pasado del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno ve en 2020 la etapa crucial para avanzar en el cumplimiento de las metas cuatrienales, entre ellas llegar a dos millones de menores con educación inicial y preescolar así como duplicar los estudiantes en jornada única en colegios públicos, pasando de 900 mil a 1,8 millones. No en vano el Ejecutivo resalta a cada tanto que el presupuesto para el sector educativo no solo es el más alto en el presupuesto anual, sino que su tasa de crecimiento no tiene antecedentes, todo ello para concretar la universalización de la educación preescolar, superar las disparidades en cobertura y calidad educativa entre zonas urbanas y rurales, así como erradicar el rezago de la educación media y aumentar el acceso a la educación superior.
Sin embargo, hay una meta que este año tendrá su punto de exigencia mayor. Se trata nada menos que de la nueva etapa del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sin duda uno de las iniciativas de mayor impacto social ya que permite suministrar diariamente desayunos, refrigerios y almuerzos a alrededor de seis millones de estudiantes.
Como todo el país lo sabe y en muchas ocasiones lo han evidenciado las denuncias y procesos de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Auditoría, lamentablemente el PAE se convirtió en los últimos años en ‘botín’ de las redes de corrupción, politiquería y contratación amañada en ni pocos municipios y departamentos. Aunque se han aplicado múltiples ajustes al funcionamiento del programa, las alertas continúan prendidas y así lo comprueban reportes recientes de los entes de control sobre pesquisas penales, disciplinarias y fiscales a titulares y funcionarios de alcaldías y gobernaciones así como a contratistas. Producen indignación y vergüenza las graves anomalías denunciadas en distintas regiones, sobre todo las relacionadas con el suministro a los menores de edad de comida en mal estado, mal preparada o incluso en porciones pírricas y sin ningún balance nutricional.
Tanto en el remate de los periodos de los anteriores mandatarios regionales y locales como en las pocas semanas que llevan los que se posesionaron el pasado 1 de enero, el PAE ha sido una de las prioridades, no solo para asegurar que todos los alumnos puedan tener este apoyo alimenticio desde el primer día de clases, sino porque entes como la Procuraduría han advertido que tienen la lupa puesta en la eficiencia de la gestión al respecto. A ello se suma que los procesos de licitación y escogencia de los respectivos contratistas deben realizarse ahora dentro de las nuevas normas anticorrupción aprobadas el año pasado por el Congreso. No hay que olvidar que para poder avanzar en la meta de que a 2022 más de siete millones de estudiantes de instituciones oficiales ya estén cubiertos por este programa, para este año se aumentaron sustancialmente los recursos para su funcionamiento.
Lo anterior evidencia la necesidad imperiosa de que este año se ponga en práctica el nuevo conjunto de medidas para garantizar la transparencia en el PAE. Medidas que dan un papel más determinante a los directivos, docentes y padres de familia para vigilar qué clase de alimentación se suministra a sus hijos y si esta cumple con los estándares nutricionales, de higiene y calidad requeridos. También existen más instancias de filtro y control para los procesos de contratación de los operadores, sobre todo en cuanto a certificar que tengan la experiencia exigida, el músculo presupuestal suficiente y no hayan incurrido en prácticas de corrupción e incumplimiento en el pasado. Igualmente se agilizaron los conductos para el trámite de las quejas, ya que las denuncias no pueden quedar en el aire ni esperar a los largos y engorrosos trámites administrativos ni jurídicos. Debe haber celeridad en la reacción y la implementación de los correctivos y sanciones del caso.
A todo lo anterior debe sumarse otro paso clave: la creación de la Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Educación, para fortalecer las políticas de alimentación escolar, ampliar la cobertura, promover la transparencia y la capacidad de respuesta a la diversidad territorial. Incluso se había hablado de instituir una Agencia para que manejara todo el sistema.
Como se ve, el PAE tendrá este 2020 una prueba de fuego. No solo porque manejará más recursos y buscará mayor cobertura, sino porque se crearon otras instancias de control con el de evitar que los dineros para alimentar a más de seis millones de niños y jóvenes caigan en las manos de la corrupción y el desgreño.