* El nuevo sistema de Gestión de Riesgo

* Una costosa y dramática ola invernal

La entrada en vigencia de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres genera tres tipos de reacciones.

Una primera se basa en lo positivo que es para el país contar ahora con una política integral y estructurada que se enfoca no sólo en la atención sino también en la prevención de desastres naturales o, al menos, en la mitigación tempranera de su nivel de afectación.

La segunda postura se dirige a lo complicado que resulta explicarle a la opinión pública que habiendo sumado en las últimas décadas Colombia tantas tragedias por inviernos, sequías, sismos, olas de incendios y otros fenómenos derivados de la fuerza impredecible de la naturaleza, sólo hasta ahora se cuente con un mecanismo como el activado ayer.

Y en tercer lugar, que el arranque del Sistema se da en medio de una difícil coyuntura por cuenta de una temporada invernal muy drástica, en la que pese a las millonarias inversiones en planes y obras de contingencia en todo el país, desde el motor de Colombia Humanitaria, el número de damnificados ya supera los 60 mil en casi 300 municipios, en tanto que el saldo mortal es de 36 fallecidos y siete personas más desaparecidas.

Más allá de esa paradoja, lo cierto es que la clave de este nuevo Sistema está sustentada en que el andamiaje estatal y privado haga de la reducción del riesgo una estrategia obligatoria y permanente. Tradicionalmente Colombia ha tenido sistemas de reacción a emergencias basados en la atención de la contingencia, los damnificados y las posteriores etapas de rehabilitación o reconstrucción de lo dañado, pero no así en la prevención y la alerta temprana ante la inminencia o probabilidad del desastre.

Para que el nuevo esquema sea eficaz lo primero que debe profundizarse es en la capacidad de conocer el tipo y características de la amenaza. Algo así como estudiar previamente al ‘enemigo’ y, por esa vía, establecer una hoja de procedimientos y acciones para enfrentarla. Es imposible evitar la ocurrencia del fenómeno natural, pero sí es viable disminuir su grado de afectación, amortiguar sus daños más probables y, sobre todo, asegurarse de que las pérdidas humanas y de otra índole sean las más bajas.

Lo importante ahora es que este nuevo Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres sea estructurado y periódicamente puesto a prueba para detectar a tiempo falencias y debilidades que eviten que cuando sea inminente la  emergencia, el país sepa reaccionar sin traumatismos ni improvisaciones.

La ‘cuota inicial’ del nuevo Sistema se dio el año pasado cuando se creó la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, con un estatus y autonomía administrativa y financiera mayores, adscrita a la Presidencia.

A esa dependencia lo complementará ahora, por cuenta de la nueva Ley, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que, a su turno, deberá aprobar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y la Estrategia Nacional de Respuesta a los Desastres. A ellos se unirán tres comités especializados, los consejos Departamentales, Distritales y Municipales, que remplazarán a los actuales Comités Locales de Atención de Emergencias (Clopad) y contarán con las Corporaciones Autónomas Regionales como miembros permanentes.

No menos importante es que la norma debutante obliga a las autoridades locales a incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial las zonas de riesgo y amenaza, con el fin de evitar que se levanten allí construcciones y otros desarrollos poblacionales.

De otro lado, los Planes de Desarrollo tendrán un capítulo específico sobre la gestión del riesgo, para determinar cuáles son las amenazas en cada territorio y los mecanismos para afrontarlas. Y todo lo anterior estará sustentado en fondos nacionales, regionales y locales para financiar de manera ágil y transparente estas acciones de prevención y atención de emergencias, así como un régimen especial para intervenir cuando se declara la situación de desastre o la calamidad pública, y por esa vía acelerar lo relativo a contratación, control fiscal, reubicación de asentamientos y apoyo a damnificados.

Como se ve, la herramienta ya está creada y ahora lo importante es empezar a utilizarla, y qué mejor oportunidad que la actual emergencia invernal. Cada paso en esa dirección significará ahorro de vidas y menos dolor.