Preocupa y sorprende la pasividad gubernamental frente a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó esta semana, ordenándole al Estado una protección especial a nueve periodistas de emisoras del municipio de Algeciras, en el Huila.

Los comunicadores, según el ente del Sistema Interamericano de derechos humanos, fueron citados a una reunión por un grupo armado ilegal que, incluso, amenazó a quienes no asistieran con declararlos como “objetivos militares”.

Como se sabe, en esta zona del Huila el principal actor armado que opera son las disidencias de las Farc o el llamado ‘Estado Mayor Central’, organización criminal que está en negociación de paz con el gobierno Petro y que se supone pactó con el Ejecutivo un cese el fuego, no solo de hostilidades contra la Fuerza Pública, sino también en cuanto a afectaciones a la población civil no combatiente.

Nueve periodistas amenazados y con medidas cautelares no son un hecho menor. De un lado, se trata de un grave atentado a la libertad de prensa, sobre todo en una zona con un orden público bastante complicado. Y, de otro, si son las disidencias las autoras de estos hostigamientos, hay una clara violación al cese el fuego. Se espera, en consecuencia, que la mesa de negociación active el respectivo mecanismo de monitoreo para establecer si fue este grupo armado el que amenazó a los comunicadores del municipio huilense.

No hay que olvidar que a finales del año pasado se registró un ataque a la sede de "El Periódico", de Valledupar, durante la víspera de Navidad. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se registraron graves daños en las instalaciones. Los periodistas del medio, conocido por revelar casos de corrupción, ya habían sufrido amenazas.

Lamentablemente el panorama para la prensa es complicado en Colombia y en todo el planeta. Esta semana, por ejemplo, la misma SIP denunció que los medios informativos fueron víctimas de una sucesión de ataques sin precedentes durante el 2023, llegando incluso a 140 muertes y asesinatos a nivel global, la mayoría en el marco del conflicto en Gaza.

Según la rectora continental, las estadísticas son alarmantes, no solo por los asesinatos y atentados, sino porque el encarcelamiento arbitrario de periodistas se ha convertido en una práctica común en muchos países. Se citó al respecto el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, de acuerdo con el cual 779 periodistas de todo el mundo estuvieron en prisión por su labor informativa a lo largo del año pasado.