*El desarrollo económico
*La paz no debe ser una entelequia
Por estos días la tensión política ha salpicado al ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien entre los compromisos que tiene en su cartera busca corregir las falencias en torno de la política a realizar con los baldíos y las mejores fórmulas para desarrollar esas regiones tan maltratadas por la violencia y el atraso secular. Se le acusa, precisamente, de tener relación con el campo puesto que por muchos años fue gerente de Indupalma y se le vincula con algunos negocios agrarios. Siendo que, es casi inevitable que una persona que es nombrada como Ministro de Agricultura tenga no solo conocimientos teóricos sobre el campo, se trata de alguien con experiencia y contacto directo con esos problemas; ese es el caso de Lizarralde. Satanizar al Ministro por sus conocimientos y esfuerzos por mejorar la condición de los agricultores en los programas sociales que ha adelantado desde Indupalma, sería como solicitar que los ingenieros experimentados, en dado caso no pudiesen ser ministros de Obras o los médicos tampoco figurar como ministros de Salud cuando sabemos que por su condición debieran ocupar esos cargos y desempeñarse bien. Y no se debe presentar como algo ilegal o una jugada siniestra la competencia del Ministro en los asuntos de su cargo, ni las inversiones en el agro que en un momento dado pueda tener, más bien, esa es una buena referencia si se mira desapasionadamente y con objetividad el asunto.
Es evidente que los ataques continuos contra el Ministro de Agricultura por parte del senador Jorge Robledo han recalentado el debate sobre el tema de los baldíos, por cuanto el senador considera que el Ministro está inhabilitado para presentar el respectivo proyecto de ley de baldíos mediante lo cual impulsa seis medidas importantes:
1. Eliminar la prohibición de fraccionar predios rurales en superficies inferiores a la UAF.
2. Reducir el requisito de explotación de 2/3 a 1/ 2
3. Reducir los baldíos inadjudicables alrededor de explotaciones de recursos no renovables de 5 kilómetros a 1 kilómetro
4. Obligar al Incoder a entregar resoluciones de titulación de baldíos debidamente registradas en la ORIP, sin costo para los campesinos.
5. Reducir el límite superior del patrimonio para las elegibles de 1.000 salarios mínimos a 400 salarios mínimos.
6. Cambiar el requisito de ocupación previa de 5 a 3 años.
Naturalmente el proyecto de ley del Gobierno está sujeto a los cambios que sufra en los respectivos debates que se den en el Congreso de la República, puesto que no se está hablando de un decreto sino de una ley. En cuanto a lo que se apruebe en ese proyecto de ley no va a operar con retroactividad ni a cambiar las condiciones de la propiedad existentes, se trata de predicamentos a futuro para resolver los problemas, fundamentalmente, de aquellos que carecen de la debida titulación. Al parecer, son tantas las gentes que están en ese conflicto que no sería fácil solucionar en el poco tiempo que se menciona su situación legal, habría que innovar con nuevos procedimientos más expeditos para resolver el entuerto.
Esperamos que los conflictos que han enrarecido la relación entre el ministro Lizarralde y el senador Robledo, que aumentaron por cuenta de una grabación clandestina que sin conocer el remitente le llegó a su despacho, en la que el político del Polo Democrático incitaba a la protesta popular lo que no es ninguna novedad dado su carácter de radical jefe de la oposición, que ya ha estado aupando otros paros. Lo mismo que la propuesta de la renuncia del Ministro o del Senador, de tener algunos de los dos la razón, no pasa de ser un recurso retórico del primero.
Por encima de esas incidencias entre el Ministro y el Legislador está el interés nacional y la política de Estado y desarrollo, que se requiere para sacar la periferia del país de la situación irredenta que padece, agravada por la violencia de décadas que han sufrido sus labriegos y habitantes. Debemos entender que para desarrollar la periferia se requiere crear una infraestructura adecuada que reclama gigantescas inversiones, lo que hasta ahora no se ha podido hacer en gran parte por cuenta de la violencia subversiva, de los cultivos ilícitos, que entre sus estrategias de guerrilla, ha destruido puentes, vías y en las aldeas volaban los puestos de la policía y asaltaban las sucursales bancarias, agravando más el atraso, la miseria y la frustración de esa zona. Cuando tanto se habla de paz, y para todo se invoca la paz, los laicos predican la paz, y la política gira alrededor de la paz, debemos entender claramente que si se frustra el desarrollo de la periferia, donde está gran parte de la riqueza del país no será posible alcanzar ese anhelo nacional de la paz, así todos los actores implicados en la guerra sean signatarios de un acuerdo de convivencia; como sostiene Juan Martín Caicedo Ferrer, la principal causa del atraso en la infraestructura se explica por los bajos niveles de inversión.