- Persisten grandes desigualdades regionales
- Una política moderna, objetiva y estructural
Uno de los debates socioeconómicos más importantes en todo el mundo en estos momentos tiene que ver con las metodologías para la medición de la pobreza. Un reconocido experto internacional llamaba la atención meses atrás en torno a que si bien se han estandarizado varios sistemas al respecto, estos adolecen, sin embargo, de indicadores que permitan sopesar de forma más precisa el impacto de algunos determinantes que por ser muy locales y sui generis no encajan dentro de los marcos generales con que se establece el mayor o menor grado de satisfacción o de necesidad básica insatisfecha de una persona y su entorno familiar en cuanto a características vitales como acceso a los servicios de salud, educación o empleo, o su capacidad para sufragarlos o adquirirlos, esto en el caso de bienes como vivienda, electrodomésticos, vehículos y otras propiedades propiamente dichas. Allí radica la diferencia fundamental entre las mediciones de pobreza multidimensional y pobreza monetaria.
Según el DANE, en Colombia el índice para la medición de la pobreza multidimensional fue diseñado con base en la adaptación de la metodología de Alkire y Foster. El viernes pasado se reveló este indicador, medido desde el punto de vista municipal a partir de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Se tuvieron en cuenta cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios. Esas cinco categorías involucran 15 indicadores y con base en dicha metodología se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de los mismos.
Los resultados de la medición, al final de cuentas, no sorprendieron respecto a lo que ya se conocía en los informes de carácter nacional. Los municipios con mayores niveles de pobreza multidimensional municipal predominan en las regiones de la Orinoquía-Amazonía y Pacífica, y los municipios con menores porcentajes se encuentran en las regiones Central y Oriental del país. Las tasas más altas se presentaron en Uribia (La Guajira) con 92,2%, Cumaribo (Vichada) con 91,4% y Alto Baudó (Chocó) con 90,6%. Para nadie es un secreto que el nivel de necesidades básicas insatisfechas en esos tres departamentos es muy alto, combinando causales que van desde el abandono estatal y altos índices de corrupción, hasta una clase dirigente local cuya gestión resulta a todas luces deficiente, con el agravante de que dichas regiones tienen fuentes de riqueza que han sido claramente desperdiciadas en el sentido de crear plusvalía social.
En la misma dirección, resulta lógico que los municipios con menor incidencia de pobreza multidimensional sean Sabaneta con 4,5% y Envigado con 4,9% en Antioquia y Chía (Cundinamarca) con 6,7%. No en vano en ambos departamentos están fijados los nichos económicos de mayor PIB regional al tiempo que están ubicados los nichos poblacionales con mayores coberturas de servicios, desarrollo urbanístico y mejores índices de calidad de vida en el país.
Obviamente cuando se aplican las mediciones según cada una de las dimensiones ya antedichas, hay resultados distintos en la medida en que hay municipios en donde el promedio de hogares tiene claras diferenciaciones en cuanto a condiciones educativas del hogar, estado de la niñez y la juventud, niveles de acceso a la salud, tasas de trabajo y desempleo, características de las viviendas y porcentajes de cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
Pero aun así se pueden sacar algunas conclusiones generales. Por ejemplo, si bien hay bajas tasas de analfabetismo, las hay muy altas en cuanto a bajos logros educativos. A ello se suma que el indicador que tiene mayores niveles de privación en cuanto a condiciones de la niñez y juventud es el de rezago escolar. También se encontró que hay mayores niveles de privación en trabajo informal que en tasa de dependencia económica a lo largo del país. Las conclusiones sobre salud, vivienda, trabajo y servicios públicos son más complejas debido a la cantidad de rubros específicos que se analizan en cada caso.
Más allá de lo anterior, lo que queda claro es que Colombia aún arrastra altos índices de desigualdad e inequidad en varios aspectos sustanciales de calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas. Se ha avanzado en muchos aspectos, claro está, como se evidencia del porcentaje poblacional que ha logrado salir de las franjas de indigencia y pobreza extrema en la última década. También es evidente que el país cuenta hoy con una clase media más amplia y, sobre todo, más estable en ese estatus socioeconómico. Sin embargo, la periferia y los municipios más aislados siguen muy rezagados, algunos sustancialmente. Es allí en donde es imperativo que el Estado, en su conjunto, sea más audaz, con una política transversal, objetiva, estructural y moderna - alejada de los arcaicos e ineficientes modelos asistencialistas y paternalistas- para lograr una mejor redistribución del ingreso, más aún en un país cuyo PIB hoy está muy por encima del promedio latinoamericano.