* Un país destinado al asistencialismo
* El pérfido abismo de la inseguridad
Un programa político medianamente aceptable para los colombianos tendría que comenzar por tratar de reducir los índices de pobreza monetaria, como mínimo, a los registros logrados entre 2012 y 2018 y de ahí para abajo. Todavía más allá, establecer una cota inferior al 25%, que podría ser una meta alcanzable, en principio, si en verdad se dedicarán los esfuerzos colectivos a ese propósito mancomunado.
Para ello habría que actuar en los diferentes flancos que permitan lograr un objetivo de estas características, comenzando por entender que sin una economía sólida y vigorosa cualquier intento de obtener registros sostenibles y de largo plazo, en la materia, suele venirse a pique al menor amago de crisis.
Entre 2012 y 2018, Colombia redujo la incidencia de la pobreza monetaria y se estabilizó en rubros diferentes a los que se presentaban en lustros previos, que oscilaban entre el 40% y 50%. En efecto, los porcentajes del periodo en mención fueron los siguientes, según el DANE: 32,7 (2012); 30,6 (2013); 28,5 (2014); 27,8 (2015); 28 (2016); 26,9 (2017); y 27 (2018).
Cabe anotar que, por la época, el país había comprendido que el factor seguridad es indisoluble tanto del desempeño económico como de su repercusión sobre la disminución de la pobreza monetaria y, al mismo tiempo, había abierto un espacio a la desmovilización negociada de las guerrillas (en particular, la más grande), luego de consolidarse el Plan Colombia y desdoblar efectivamente la acción de las fuerzas legítimas del Estado.
Sin embargo, para 2019 la inseguridad y el terror en los territorios había retomado, en parte, su círculo diabólico, impactando el índice de pobreza. Y ya en el siguiente año, cuando estalló la pandemia del coronavirus, la debacle económica llevó a que se elevara sobremanera este registro, aunque solo hasta estadísticas similares a las de 2008, es decir, alrededor del 42% (crisis en Estados Unidos), fruto de haber acudido a la expansión monetaria que permitió atender las necesidades de los más vulnerables y mantener a flote la economía.
De no haber sido así es probable que se hubiera regresado a índices del 50%, parecidos a los de finales de los años noventa del siglo pasado, cuando la economía del país sufrió un dilatado periodo de cuidados intensivos por la conjuración de las dificultades internas del sector financiero y las consecuencias de la crisis económica rusa.
Por su parte, desde 2012 y hasta la pandemia, Colombia había logrado incrementar el Producto Bruto Interno (PIB) en 36%. De ahí que, no solo se conseguía reducir la incidencia de la pobreza monetaria, sino que se incrementaban decididamente los segmentos de la llamada clase media, mejorando sus posibilidades y vocación de futuro.
En los dos años siguientes, después del catastrófico desplome de la economía causado por la pandemia y cuando, en consecuencia, se elevó la pobreza monetaria al 42,5%, se obtuvo recuperar, aunque no del todo, el dramático apagón económico, con crecimientos favorables, al tiempo que la curva de pobreza comenzó a ceder al 39,3% y luego al 36,6%. No obstante, vino la abrumadora desaceleración del 2023, con resultado prácticamente cero de crecimiento de la economía, aunque el asistencialismo adicional adoptado desde épocas del coronavirus (acaso con nombres cambiados) continuó el descenso de la pobreza monetaria hasta 33%, que pudo haber sido bastante mayor si no se hubiera dado un manejo económico errático, aun en medio de las actuales circunstancias internacionales y la aflictiva carestía de los últimos tiempos.
En efecto, para lograr lo propuesto, es decir, propósitos nacionales de mucha mayor envergadura que al menos sitúen la pobreza monetaria en rubros similares a los del 2012-2018 e incluso se fije una cuota menor al 25%, hasta mayores descensos paulatinos (en vez de contentarse con rubros míseros), se requiere comprender que se necesitan, en el escenario de hoy, crecimientos económicos del doble o el triple del porcentaje de incremento poblacional y una inflación máxima del tres por ciento. Satisfacerse con dejar a parte importante del pueblo colombiano sometido al instrumento accidental del asistencialismo implica una estrechez de miras pecaminosa. Que es, precisamente, lo que está ocurriendo.
Sin una eficaz o al menos una mínima política de empleo, en que además sea un reproche que el país viva recostado en las remesas provenientes de los colombianos expulsados al exterior, jamás se podrá superar verdaderamente la pobreza monetaria. Mucho menos si se continúa fomentando el trabajo informal, en lugar de promover el pleno empleo, incluidos jóvenes y mujeres, y promocionar el ensanchamiento y nuevas empresas que asuman los cupos.
De hecho, la intermediación del Estado en la marcha económica, donde los gastos y servicios personales implican el 62% del presupuesto y acaso si queda para inversión un lánguido 14%, genera una improductividad asombrosa y un déficit permanente (ya va casi en seis por ciento). Por ello, un peso puesto en el sector público produce menos PIB que el mismo puesto en el sector privado. Todavía en menor medida si se restringe la alianza productiva entre ambos, además con cargas tributarias confiscatorias.
El desafío, para bajar consistentemente la pobreza monetaria, está en comprender que el asistencialismo es apenas un mecanismo temporal, pero no un objetivo estructural.