·        Las advertencias presidenciales

·        El país a somatén del bonapartismo

Si el llamado plebiscito por la paz no cumple los requisitos para refrendar el acuerdo que salga de La Habana no parecería que, en un acto de vindicta, las Farc estuvieran alistando una “guerra urbana”, en retaliación contra el pueblo, según lo ha proclamado el presidente de la República. Pero si así fuera, dando obvio crédito a la voz del primer mandatario, no podría el Estado quedarse de convidado de piedra y de manos cruzadas tanto en el exterior, en Cuba, como desde luego en el interior frente a semejante reto contra los colombianos y las instituciones. A lo máximo, sin embargo, en caso de no conseguirse el umbral plebiscitario o ganar una mayoría por el No, simplemente habría que retomar las conversaciones para adecuarlas al querer popular y sacarlas avante una vez ajustados los conocidos puntos de controversia. Pero de ahí a decir que, como si se estuviera jugando un póker sangriento, cualquier manifestación en contrario acarrearía la misma barbarie tradicional, llegando por demás a un punto de no retorno, es sintomático de que no se tiene en cuenta que la paz es irreversible. Bien sea ello, ciertamente, por el resultado positivo del plebiscito, avalando el modelo habanero, bien sea porque se requiera, luego de un resultado desfavorable, un consenso nacional y una política de Estado para reencausar los diálogos y llevarlos a puerto seguro. Malo sería, después de tan largo y puntilloso trecho, botarlo todo por la borda.

Desde luego, cuando la máxima autoridad estatal da una información de tales características tiene por qué saberlo. Sería deleznable, naturalmente, que lo hiciera solo por generar temor y con ello presionar a la opinión pública. No es aquel, precisamente, el talante del actual mandatario, quien se ha preciado constantemente de ser un demócrata en toda la línea. Y mal haría por supuesto un presidente, cualquiera que fuera, en hacer de caja de resonancia del terrorismo y la ilegalidad con el propósito exclusivo de llevar sus políticas a cabo. Eso, en términos latos, sería tanto como incurrir en apología del delito. De hecho, no hay que dudarlo. Si el jefe del Estado lo dijo, además en uno de los foros económicos de más alta cobertura mundial y lleno de líderes e inversionistas internacionales, es lógico pensar que estaba previamente informado y lo tenía debidamente meditado al transmitirlo al público, en Medellín. Son estas materias de sumo cuidado porque conllevan víctimas y depredación. Y entonces lo que verdaderamente interesa, frente al propio anuncio y certezas presidenciales, es cuál va a ser la conducta del Gobierno y del Estado para evitar tanto la preparación como la ejecución del plan adjudicado por las mismas autoridades, al más alto nivel posible, a las Farc.

En principio, la información del Presidente lleva de inmediato a interrogarse sobre el momento de la entrega de armas por parte de la guerrilla. Porque, claro está, una vez establecidas así las cosas, la dejación de las mismas se haría más perentoria e integral antes de que se vote la consulta al pueblo. De suyo, no tendría sindéresis alguna que, sabido de antemano el plan subversivo por los agentes oficiales, se dejen en cabeza de esa organización los instrumentos para llevar a cabo la presunta retaliación. Inclusive el plebiscito requiere, antetodo, un ambiente de confianza para cumplirlo. Si de cualquier modo se deja en el aire que se trata de un “plebiscito armado”, sujeto a amenazas y condicionamientos espurios, pierde totalmente el sentido democrático y se vuelve un episodio autoritario y turbulento. En casos como estos deben ser taxativas las garantías. Hasta el punto de que si hay el más leve asomo de que no existen es aconsejable suspender el proceso plebiscitario mientras se reinstauran. Siendo el Presidente básicamente el representante de la unidad nacional, tal cual reza la Constitución en cuanto a su atributo principalísimo, sería una violación supina dejar de lado el espíritu garantista que, en todos los aspectos, anima la normativa constitucional colombiana. Y por esa vía se llegaría, precisamente, a lo que más se ha temido, no solo en la jurisprudencia constitucional al respecto, sino en la opinión pública: los plebiscitos bonapartistas. Los del Sí o Sí, sin ninguna garantía para el No o para los abstencionistas, y que también ha tenido amagos recientes en las absurdas propuestas oficiales de poner a la Fuerza Pública a hacer política, de borrega plebiscitaria.

Se pensó que el Foro Económico Internacional, reunido en Medellín, sería el escenario óptimo para hacer algún anuncio plausible sobre la paz y el futuro del país. Lástima que haya ocurrido exactamente lo contrario.