- El ascenso de la clase media
- No atrincherarse en la sordera política
Las características de la democracia colombiana, como mecanismo idóneo para resolver y aplicar el Estado Social de Derecho, tienen elementos sustancialmente diferentes frente a otros sistemas latinoamericanos e incluso del mundo. Vale la pena decirlo, a propósito del diálogo social abierto por el gobierno en estos días, puesto que no es un chauvinismo antipático enfatizar en que las disposiciones colombianas gozan de una riqueza excepcional en ese objetivo.
Aún todavía más, si se quiere, cuando no se trataría simplemente de llevar a cabo una conversación nacional, con el riesgo latente de caer en la locuacidad esterilizante, sino de llevar el intercambio de propuestas a un terreno en que sean viables los acuerdos, su desarrollo, evaluación y finiquito. Es decir, un ejercicio de concertación en toda la línea que, como hemos dicho desde el comienzo de las protestas a raíz del paro del 21-N, refleje la capacidad dialéctica del país e impida la erosión institucional de quienes abrigan propósitos anárquicos y violentos.
En efecto, a diferencia de otros sistemas democráticos bloqueados como el de Chile o anulados, como el de Venezuela, hay en Colombia todo un abanico instrumental por medio del cual es factible ir perfeccionando el Estado Social de Derecho y ajustar el modelo económico a los requerimientos vertiginosos de los tiempos en curso. No en vano, por lo demás, muchos de los indicadores de calidad de vida, de participación en el consumo, de incremento del ingreso per cápita, de acceso general al crédito, de mejoramiento en los rubros de la educación, la salud y la vivienda, demuestran que el país ha transcurrido, recientemente, al menos en la dirección correcta con miras a satisfacer los postulados constitucionales de una población con nuevas alternativas y exigencias desde que se estableció una Carta consensuada, en 1991.
En consecuencia, tal vez sea este el mayor hecho político de las últimas décadas que no siempre es sopesado, en toda su dimensión categórica, en la formación de una sociedad con soportes diferentes a la previa, asimismo dentro de los cánones de un contrato social renovado que ha venido consolidándose paulatinamente y buscando salidas eficaces a la altura del ordenamiento creado a partir del espíritu consensual antedicho. Factores decisivos como la tutela, las acciones populares, los mecanismos de la democracia directa, el sistema general de participaciones, la distribución de las regalías, los estímulos contra la abstención electoral, entre otros, han servido de aliciente para crear un derecho público proclive a la gente.
Ahora bien, el hecho económico más notorio, durante estos tiempos, ha sido el incremento de la llamada clase media que, por tanto, ha comportado una estructura social diferente y unas demandas acordes con esa nueva composición poblacional. No es de asombrarse con que esto suceda, puesto que resulta connatural a las intenciones que se han tenido de mejorar las condiciones vitales de los colombianos, su amplitud de miras y superar los indicadores de pobreza, antes endémicos.
Mucho de lo que hoy ocurre, con la voz de la protesta social, consiste precisamente en el establecimiento de unas líneas rojas que impidan regresar a tiempos previos y por el contrario se mantenga el ritmo presupuestal creciente de hace unos años, revertido desde que cayeron los precios del petróleo, y se intentó sufragar el drástico faltante con un expediente alcabalero y el desmayo de las inversiones públicas. Todo ello, por demás, adobado con una devaluación monetaria, desequilibrios en la cuenta corriente, aumento de la deuda, inusitado desborde de la inmigración -con incidencia en los rubros de empleo-, cambio en las calificadoras de riesgo y amagos de inseguridad jurídica. Pero la democracia colombiana tiene, como lo hemos señalado, elementos de primer orden, no solo para consolidar el Estado Social de Derecho, sino a fin de canalizar las demandas ciudadanas. Es ahí, justamente, donde debería jugar un papel preponderante la Planeación, una institución típica de Colombia.
Efectivamente, dice la Constitución que la economía debe ordenarse dentro “de los límites del bien común” y la función social. Y para ello, la Planeación es la solución creativa que permite disciplinar los recursos estatales y orientarlos luego de la participación ciudadana. Como, en suma, se trata de vislumbrar el futuro y no declararse anodinamente satisfechos con las metas logradas, el ajuste del Plan de Desarrollo, que hace un año se votó a las volandas, no dejaría de ser un mecanismo institucional que actúe de plataforma de aterrizaje al amplio diálogo propuesto.
Si de lo que se trata es de concertar, y no solo de conversar, el camino lo brinda pues la misma democracia. Esa es su fortaleza, frente a los turiferarios de la catástrofe y el atrincheramiento en la sordera política.