• El desmadre de los cultivos de coca
• Viaje del presidente Duque a la ONU

Las 171 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, de acuerdo con el estudio de la ONU recién publicado, suponen alrededor de 1.379 toneladas de producción potencial de cocaína.

Esto, según podría deducirse de las tablas presentadas, significaría más de seis mil millones de dólares como valor general del negocio en un año, si se entiende que cada kilo de clorhidrato de cocaína cuesta cuatro millones y medio de pesos. Una cifra verdaderamente abrumadora.

Asimismo, habría que descontar las 435 toneladas incautadas. En todo caso, la producción del alcaloide en Colombia, al monetizarse, oscila entre los 16 y 18 billones de pesos.

En el caso de utilizarse la cifra de 209 mil hectáreas sembradas, dada por el último informe de las autoridades norteamericanas, el negocio tendría réditos superiores.

La diferencia, entre los datos de la ONU y de Estados Unidos, es que la versión norteamericana da un menor rendimiento por hectárea sembrada frente al presupuestado por el organismo multilateral.

Queda claro, a su vez, que la dramática situación arrancó desde 2014, por cuanto hasta el año inmediatamente anterior se había logrado una reducción hasta 48 mil hectáreas. De acuerdo con el informe de la ONU a partir de entonces se creció a un ritmo de 45 por ciento anual. Este incremento constante, señala el mismo estudio, sucedió en el marco de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc y asimismo dentro del cambio de estrategia abocado por la administración Santos en su segundo mandato.

Para lograr retornar prontamente a cifras manejables es indispensable, ciertamente, un plan coherente, cuya esencia sea la voluntad política para llevarlo a cabo y no cambiarlo en la mitad de las operaciones. Es, por supuesto, lamentable que ello haya ocurrido en el gobierno anterior. Ahora Colombia vuelve a encontrarse en el ojo del huracán a raíz de semejante viraje, cuyos costos hasta ahora comienzan a aparecer, con otra arista nacional como el crecimiento incontenible del microtráfico, especialmente alrededor de colegios y universidades, calculado en seis billones de pesos anuales, según estudio de Planeación Nacional.

El presidente Iván Duque, en su próxima visita a la ONU, la semana entrante, dará los lineamientos generales contra la droga en el país. Ya no se trata, ciertamente, de hablar por los laditos de la despenalización o legalización de las sustancias ilícitas, por cuanto ello no solo no tuvo eco alguno, sino que se abrió al mismo tiempo el boquete gigantesco que hoy tiene Colombia en la materia. La despenalización o liberalización continúa siendo tema académico o periodístico, pero en modo alguno se convirtió en un asunto serio a considerar. El caso, frente a ello es que el país quintuplicó la producción de cocaína, mientras que jamás se abrió el debate mundial propuesto por la administración anterior.

Lo cierto, en esa dirección, es que las principales violaciones del orden público se producen a raíz del estruendoso crecimiento del fenómeno. El inusitado incremento en las regiones afectadas, especialmente en la Pacífica y la Central, es el caldo de cultivo para la apertura o consolidación de los corredores estratégicos por donde se busca comercializar la coca. Desde luego, también resulta preocupante que las zonas amortiguadoras de los Parques Nacionales se hayan convertido en lugar preferente para las siembras, así como la deforestación  de las reservas naturales, supuestamente amparadas por la ley.

El presidente Duque, en su viaje a la ONU, tendrá pues que comprometerse con cifras de reducción precisas y en un lapso corto. Resulta lamentable que un país cuya vocación de futuro es cierta termine obstaculizado con este tipo de circunstancias que lo retrotraen a épocas aparentemente superadas. Todo, como se dijo, por la intermitencia en las estrategias, porque hasta hace un tiempo el éxito parecía garantizado de no haber sido por los cambios intempestivos y sin fórmulas sustitutas para mantener la dirección correcta.

Se requiere, entonces, un Plan Colombia repotenciado, bajo los criterios de la corresponsabilidad, que permita volver por los fueros anteriores y conquistar el terreno perdido frente a los malos cálculos que se hicieron. No se trata, en este aspecto, de demandar de la comunidad internacional los recursos que, a fin de cuentas, siempre terminan fondeándose de la alianza entre Colombia y Estados Unidos. Pero sí de construir una política de Estado que comprometa al país en una ruta inmodificable y que, asimismo, no puede soportarse en la mano laxa de los últimos años, so pena de llevar el fenómeno hasta cifras inconmensurables más allá de los rubros críticos de la actualidad.