• Inversión ínfima contra multimillonario negocio
• La Corte Constitucional tiene la palabra

Es posible calcular en Colombia, con base en las estadísticas de la Policía Antinarcóticos, que aparte de las incautaciones policiales, quedan libres para ser vendidas en el mercado mundial más o menos 1.000 toneladas de cocaína al año.

Esta producción resulta, en buena medida, de las 200.000 hectáreas promedio de los cultivos de hoja de coca afincados principalmente en cinco departamentos. Es por ello, igualmente, que hace un par de días la JIFE, organismo de la ONU, reiteró que Colombia continuaba siendo el principal productor de cocaína del mundo.

Del mismo modo, dependiendo del lugar de expendio en el exterior y la distancia desde nuestro país, el costo de un gramo de cocaína al detal fluctúa de 62 a 300 dólares, según estadísticas recientes, descontando a América Latina. Si por ejemplo se toma Nueva York, el costo de ese gramo oscila entre los 70 y 72 dólares. En Kuwait o Australia, por el contrario, la misma dosis podría llegar al máximo nivel antedicho. Como la mayoría del consumo de la cocaína colombiana se encuentra en Estados Unidos, donde se agota buena parte de la producción, puede señalarse, asimismo, que a precios norteamericanos el negocio podría comprender unos réditos de 70.000 millones de dólares al año. Esa es, pues, la magnitud que se enfrenta cuando se habla del negocio de la droga ilícita en Colombia. Esto equivale, por demás, a un 20 por ciento del PIB nacional.

Lo primero que puede deducirse ante semejantes cifras es la gigantesca diferencia existente entre las utilidades de la multinacional criminosa y lo que se invierte para extirparla. Y tal vez fue esa la dimensión que quizá faltó en las múltiples intervenciones que se hicieron ayer en la audiencia pública citada por la Corte Constitucional sobre el tema de los protocolos en la suspendida aspersión de glifosato en los cultivos ilícitos. No es posible, en esa dirección, atacar un fenómeno de tal rentabilidad, soportado en el contrabando, típico además de la oferta y la demanda, con recursos que no se compadecen con la extensión del problema. Es tanto, en efecto, como atacar una enfermedad terminal con una aspirina.     

Colombia tiene, desde luego, muchos aspectos que favorecen esta situación. A nuestro juicio, el principal de ellos, la falta de control territorial. Hay aquí infinidad de kilómetros de costas desiertas, tanto por el océano Pacífico como por el Atlántico; a su vez, existen inmensas fronteras, la mayoría selváticas; de hecho, de 114 millones de hectáreas con que cuenta el país, alrededor de 61 millones son reservas forestales y cerca del 40 por ciento del territorio de la nación es amazónico. Todo ello, sumado a una privilegiada situación geográfica, con gigantescas llanuras despobladas donde escasamente llega el Estado, es un caldo propicio para el contrabando de cualquier tipo y desde luego para el camuflaje de los cultivos ilícitos, los laboratorios de cocaína y los corredores estratégicos de la comercialización. De hecho, la lucha de la delincuencia de toda laya por esos corredores estratégicos está a la orden del día en el asesinato de líderes comunitarios que se enfrentan o son incómodos a sus propósitos. Inclusive, parte importante de estos cultivos está en los Parques Nacionales Naturales sobre los que, en la gran mayoría de ocasiones, el Estado no tiene control alguno, pese a la riqueza en biodiversidad y en alternativas para el ecoturismo.

Nadie, en el mundo, dudaría de que Colombia ha hecho grandes esfuerzos para intentar erradicar el fenómeno de las drogas ilícitas que depende, en toda la línea, de la demanda estadounidense y de la oferta colombiana. Por eso la tesis de la corresponsabilidad sigue vigente, dentro de un tratamiento bilateral donde las sinergias son la clave. Asumir posiciones unilaterales en un delito de evidente tracto sucesivo, que compromete a las autoridades de los dos países, no produce resultados favorables. La congestión de las cárceles norteamericanas se debe, en buena proporción, al tráfico y consumo de estupefacientes, lo mismo que aquí el fenómeno implica una mayor acción estatal en todos los frentes, incluidos los sociales. Es mucho más barato invertir en Colombia, con base en una estrategia integral, que mantener las altas dosis de presupuesto que supone allá la resocialización que, por lo general, no suele producirse.

La Corte Constitucional, dentro de su autonomía, pero también dentro de la colaboración de las ramas que exige la Constitución, tiene la palabra. De la audiencia no salió mayor cosa nueva, salvo que el fenómeno de los cultivos ilícitos sigue en franco ascenso.