Entre lo urgente y lo importante
Plan de choque invernal, prioridad
La agenda regional urge un redimensionamiento en Colombia. Esa puede ser la principal conclusión de las reuniones las últimas semanas entre el nuevo Gobierno con los alcaldes y los gobernadores. Resulta evidente que los ejecutivos departamentales y municipales tienen una amplia lista de pendientes que es imperativo analizar para generar una hoja de ruta que dé respuestas efectivas y concretas a corto, mediano y largo plazos. Y dado que a los actuales titulares de gobernaciones y alcaldías les quedan dieciséis meses de mandato, la definición de la estrategia tiene que hacerse con la suficiente diligencia.
De entrada, es claro que las preocupaciones y urgencias han cambiado, lo cual es entendible por cuanto en medio de la crisis pandémica, que ha durado más de dos años y todavía no se puede dar por superada, las prioridades tanto del Gobierno nacional como de los seccionales y locales se enfocaron en el tema sanitario y los mecanismos para amortiguar el duro impacto económico y social. Incluso, no pocos de los planes de desarrollo territoriales se han cumplido a medias o sus metas tuvieron que cambiarse sobre la marcha debido a la complicada e inédita coyuntura en materia de salud.
De los encuentros del Presidente de la República y sus ministros con los mandatarios departamentales y municipales se deriva que la seguridad urbana y rural continúa siendo una preocupación de marca mayor, no solo por el creciente accionar de la guerrilla y otros grupos armados de alto espectro, sino también por el aumento de los delitos de alto impacto en la ciudadanía, especialmente atracos, microtráfico, violencia intrafamiliar y homicidios. A diferencia de lo que ocurría años atrás, cuando se podía hacer una diferenciación entre la delincuencia común y la organizada, con sus respectivos modus operandi, hoy las conexiones e interacciones entre una y otra son más profundas y complejas, obligando a que las autoridades policiales, militares y judiciales tengan de atacarlas sin mayor distingo ni estrategias específicas.
El asunto presupuestal es otra de las grandes preocupaciones de los mandatarios territoriales. Los fiscos de gobernaciones y alcaldías se encuentran en rojo en la mayoría de los casos y si bien la reactivación económica del último año y medio ha empezado poco a poco a crecer los alicaídos ingresos, todavía falta mucho camino para recuperar los índices prepandemia. No en vano, una de las principales peticiones al Gobierno nacional se refiere a una reingeniería en el Sistema General de Participaciones (SGP) que permita una mejor redistribución del situado fiscal, sobre todo dentro del enfoque del Ejecutivo en cuanto a propiciar una mayor equidad social. En medio del debate a la reforma tributaria, es obvio que este ha sido un tema central de discusión.
Hay otros asuntos en los que los titulares de departamentos y municipios han planteado a la Casa de Nariño y el gabinete medidas urgentes. Las falencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), redefinir los esquemas de inversión de los recursos billonarios de las regalías, un nuevo plan de ampliación de cárceles, aumentar los presupuestos para salud y educación así como un mayor margen de acción a las gobernaciones y alcaldías en los nuevos planes de infraestructura… Todo ello hace parte del largo pliego de peticiones regional y local. Se espera que muchas de esas solicitudes no solo sean atendidas en la formulación del Presupuesto General de la Nación para 2023, al igual en la destinación de los recursos a recaudar por la iniciativa impositiva, sino -más importante aún- en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la cascada de reformas anunciadas.
Sin embargo, no hay que llamarse a engaños: en estos momentos pesa más lo urgente que lo importante. Y en ese marco es innegable que prepararse para enfrentar la drástica temporada invernal de fin de año se impone como la máxima prioridad tanto para el Gobierno nacional como para gobernadores y alcaldes. De eso no puede caber la menor duda.