* La valiosa opinión de los juristas

* Justa indignación de las Fuerzas Armadas

El NuevoSiglo en la edición del domingo pasado publicó los escritos de tres distinguidos colombianos que se han destacado en diversas actividades al servicio el país. El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Alberto Arrubla Paucar, el  exministro Gabriel Melo Guevara, junto con las opiniones del exvicealmirante Jaime Jaramillo Gómez. Desde ópticas diferentes, dentro de un mismo sentimiento patriótico, coinciden en censurar el exabrupto del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El exmagistrado Arrubla destaca el exótico proceder de la Corte al desvertebrar el Archipiélago de San Andrés y Providencia, para lo cual viola normas vigentes del Derecho del Mar, separando de manera arbitraria los cayos y las islas del mismo. Siendo que en el pronunciamiento de  2007 la  Corte había reconocido la intangibilidad del Archipiélago y la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas. El exmagistrado  Arrubla, con razón, rechaza el proceder jurídico de la Corte de La Haya, desde el momento que: “invocando un desavenido concepto de equidad, le entrega dos tercios de la zona en disputa a Nicaragua, alegando una circunstancia de proporcionalidad de 8.2 a 1, para lo cual mide las costas y no el archipiélago como debía ser, como una unidad”. En su análisis desmenuza el fallo y muestra cómo la Corte transgredió su propia competencia, al desconocer tratados internacionales limítrofes vigentes de Colombia con terceros países: “invocando gaseosos principios de equidad y de justicia”. El exministro Gabriel Melo Guevara, dentro de esa sutileza característica de los aventajados discípulos ignacianos de la Compañía de Jesús, refuta la famosa tesis de Maturana que algunos cínicos trasladan a la diplomacia; y, reconoce que con el fallo de la Corte de La Haya, perdimos y sobre eso no podemos llamarnos a engaño: “ni ahogarnos en un mar de lágrimas, sin deprimirse, sin sobrerreaccionar, sin sepultar ánimo entre gemidos, ni desperdiciar energías buscando chivos expiatorios, sin alentar linchamientos mediáticos, ni regalar absoluciones”. Sostiene que ya habrá tiempo para repasar los acontecimientos, lo que importa ahora “es concentrarnos en la tarea de iniciar una rápida recuperación, sin desperdiciar un solo segundo. Y plantea cuatro opciones: acatar el fallo, pedir la revisión, negarnos a cumplirlo y solicitar interpretación para que la Corte aclare su decisión”. Para lo primero basta decir, como lo repiten como loros algunos que: “los fallos son inapelables y aceptar sumisamente el despojo, dejando ‘una constancia histórica’ para quedarnos con una fama que oscilará entre respetuosos de los jueces y bobos incurables”. Cabe la revisión del fallo “en caso de descubrirse un hecho nuevo de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo, y que al pronunciarse el fallo fuera desconocido por la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia”. Para presentar ese recurso el plazo es  hasta  diez años. Desacatar sería negarse a cumplir la sentencia. Al respecto agrega el exministro Melo, “Como no hay una fuerza coactiva que imponga el cumplimiento si las sentencias no se acatan no hay forma directa de hacerlas obedecer, pues la Corte no dispone de la fuerza necesaria para imponer coactivamente sus decisiones. Haya que afrontar, eso sí, las consecuencias políticas de la desobediencia”. Tanto el exmagistrado Arrubla, como el exministro Melo, señalan toda una serie de casos en los cuales los fallos de la Corte de La Haya, no han podido ejecutarse por diversos motivos. Melo advierte que, al ejercer el derecho de solicitar la interpretación de la sentencia, no significa que se acepta el fallo, se trata de poder hacer claridad para formar un juicio mas claro, para entrar a acatarlo, desacatarlo o pedir la revisión. El tema cobra particular importancia en tanto, como lo advirtió a tiempo El Nuevo Siglo, la Corte desconoció los tratados internacionales vigentes con terceros y que el Archipiélago tiene derecho a mar territorial. El vicealmirante Jaime Jaramillo Gómez deja constancia de la honda  indignación patriótica del estamento militar, en particular de la Armada Nacional, que es la que debe sufrir los efectos del fallo, puesto que según la Constitución le compete  defender la soberanía nacional en los mares. Y, como los dos juristas antes citados, se muestra respetuoso del derecho y los mecanismos pacíficos, para proponer algunos cambios institucionales, que él estima deben ser a favor de los técnicos y en desmedro de los políticos. A los tres comentarios anteriores es del caso agregar los apartes, de la aclaración del fallo, que hace el exmagistrado Manuel José Cepeda: “El fallo delimita áreas marítimas sobre las cuales Nicaragua no puede pretender ejercer soberanía. Tiene derechos de acceso a recursos, siendo el más importante el derecho a explotar recursos naturales”.