- Indígenas deben desbloquear ya la Panamericana
- Imposible y nefasto ceder ante las vías de hecho
Desde el pasado 11 de marzo la autopista Panamericana se encuentra taponada por millares de manifestantes pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El bloqueo de la que es considerada la principal arteria vial del suroccidente del país tiene en estado de emergencia a este departamento, Nariño y zonas aledañas. Con gran parte del tráfico de pasajeros y carga paralizado, la afectación es muy grave, al punto que las cuentas de algunos gremios productivos ya tasan en 80 mil millones de pesos las pérdidas, en tanto que las autoridades locales sostienen que el daño económico es mayor porque por la escasez de alimentos, víveres y mercancías hay un pico inflacionario, la mayoría de las actividades comerciales, industriales, turísticas, académicas y de una amplia índole se han visto impactadas, e incluso los fiscos regionales registran una caída vertical de ingresos por obvias razones.
A ello se suma, que la tensión social en Cauca y Nariño ya está tomando ribetes críticos, toda vez que gran parte de la población, que en un principio mostró alguna empatía con la movilización indígena, o al menos llamaba a respetar su derecho a la protesta, ya no aguanta más los duros efectos del aislamiento por el largo bloqueo de la Panamericana, razón por la cual hay temor de una asonada contra los propios resguardos que lideran el paro…
Es claro que la Constitución ampara la garantía fundamental que permite a todos los colombianos movilizarse y protestar. También es evidente que el Estado, y el gobierno nacional como su principal brazo ejecutor, está llamado a escuchar y atender las solicitudes de la ciudadanía y propender por dar solución, dentro de lo posible, a sus problemáticas. Hasta allí la “minga” indígena es totalmente válida, sobre todo porque para nadie es un secreto que hay una gran cantidad de acuerdos firmados por anteriores gobiernos que no fueron cumplidos, sin que ello implique desconocer que aun así a los resguardos del Cauca se les han destinado millonarios presupuestos en los últimos años.
Sin embargo, los derechos de un individuo van hasta donde comienzan los del otro. Esa misma Carta Política que viabiliza el derecho a la protesta también ampara el derecho a la libre locomoción de la ciudadanía, así como al disfrute de otras garantías fundamentales como la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, libre expresión e información, paz, circulación y residencia así como trabajo y educación.
Todos esos derechos están siendo vulnerados, no por la “minga” indígena, cuya validez no está en discusión, sino por el taponamiento permanente de la vía Panamericana. En modo alguno puede el CRIC y los demás resguardos que lo apoyan considerar que sus derechos están por encima de los del resto de la población. En modo alguno pueden alegar que debe ser tolerable que acudan a las vías de hecho y la violencia -ya son nueve los muertos en tres semanas- para forzar al Estado a negociar. En modo alguno es válido que los líderes del paro amenacen ahora con tomarse por la fuerza a Popayán como fórmula para obtener cesiones del Ejecutivo. Y menos aún se puede aceptar que condicionen el despeje de la carretera a que el Presidente de la República, que envió varios altos funcionarios a dialogar con los líderes del paro, haga presencia obligada en la zona.
El actual Jefe de Estado o cualquier otro no puede ceder a las vías de hecho. Hacerlo sentaría un funesto precedente e incentivaría que en las próximas protestas, sean cuales sean sus protagonistas y motivos, se acuda como fórmula ‘efectiva’ de presión a taponar vías, atacar a la Fuerza Pública y afectar a la mayor cantidad de población posible. El presidente Iván Duque ha sido enfático en que sólo asistirá a la región cuando la Panamericana sea despejada y cese el aislamiento poblacional en Cauca y Nariño. La condición no solo es válida, sino que se preserva la institucionalidad del Estado. El principio de legalidad y el respeto por la ley y la igualdad de derechos no son negociables. Si el CRIC quiere negociar debe hacerlo dentro de las reglas del juego constitucionales. La estrategia de querer ‘arrodillar’ a las instituciones no puede ser tolerada ni admitida.
¿Entonces? Sencillo: que los indígenas desbloqueen la vía y, listo, el Presidente irá a la zona y negociará lo que esté dentro de sus competencias y límites fiscales. No se trata de una terquedad ni capricho presidencial. Es la aplicación natural del estado de derecho, del cual Iván Duque debe ser el primer garante. El CRIC, como todos los colombianos, debe entenderlo y actuar en consecuencia.