* Lupa a $17,3 billones para reactivar regiones
* Urge evitar que corrupción haga su ‘agosto’
Tras el duro impacto de la pandemia, una de las grandes apuestas de las regiones para acelerar la reactivación social y económica el próximo año es el efecto dinamizador de los recursos de las regalías. Y no es una apuesta menor en la medida en que el presupuesto para 2021 y 2022 asciende a 17,3 billones de pesos. Es decir, que es el equivalente a dos veces la meta de recaudo de la última reforma tributaria aprobada. Incluso, si se quiere una comparación más terrenal, un cálculo del Departamento Nacional de Planeación señalaba que con ese monto billonario se puede financiar la construcción de 150 megacolegios, energizar a 100 mil familias, pavimentar 9.700 kilómetros de vías de un carril, construir 300 centros de salud de primer nivel y edificar 5.000 viviendas de interés social, entre otras obras.
Sin embargo, no solo es el alto presupuesto con que podrán contar los gobernadores y alcaldes en los dos próximos años sino que, además, por cuenta de la reforma al Sistema Nacional de Regalías aprobada este año por el Congreso, a iniciativa del Gobierno, se introdujeron una serie de cambios destinados no solo a aumentar el volumen de los recursos sino a agilizar la inversión de los dineros que se derivan de la compensación por la extracción de recursos naturales no renovables.
No fue una modificación de bajo calado, todo lo contrario. La reforma estableció, en primer lugar, una mayor asignación directa (de 11 a 25%) a las regiones productoras de petróleo, carbón, gas, oro y otros. Es decir, que esas zonas recibirán más recursos (como lo venían urgiendo desde hace años) sin que ello signifique una reducción de los dineros para las áreas no productoras. En segundo lugar, se le da mayor autonomía a los mandatarios seccionales y locales para poder escoger los proyectos de inversión social a que se destinarán los millonarios montos. Para ello se pasó de 1.152 a 8 Organos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que son la principal instancia del sistema. En otras palabras, del total de recursos de las regalías, el 70% tendrá asignación sin necesidad de pasar por este mecanismo.
Otro de los aspectos clave de la reforma al Sistema es que se determinó una priorización de recursos para los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas y un monto billonario para proyectos de Inversión Regional, priorizando vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico. A ello se suma que, por primera vez, se destinarán regalías para la protección del medio ambiente con un 5% para la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación (casi 800 mil millones de pesos). Para ciencia y tecnología, dos de los frentes que se evidenciaron como más prioritarios en medio de la emergencia por la pandemia, se dirigirán más de 1,5 billones de pesos. A ello tiene que adicionarse que un 7% de este presupuesto billonario se mantiene con una destinación específica para la implementación de una paz con legalidad. Por último pero no menos importante, hay asignaciones directas para proyectos que beneficien a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom o gitano.
Como lo indicamos días atrás en estas páginas, las finanzas de los departamentos y los municipios han sufrido un duro coletazo por el efecto recesivo de la pandemia y los índices de pobreza y desempleo se han disparado. Si se suman los cálculos de las federaciones de mandatarios seccionales y locales sobre lo que los fiscos respectivos han dejado de recibir en los últimos diez meses el déficit sobreviniente podría acercarse a los tres billones de pesos. En ese orden de ideas, el presupuesto de las regalías se constituye en una especie de salvavidas para muchas regiones que con recursos propios no pueden abocar proyectos ni obras de mediana o mayor complejidad, que son precisamente las que dinamizan la economía real.
Precisamente por todo lo anterior es que ahora más que nunca se requiere la mayor transparencia y vigilancia sobre los dineros de las regalías. La flexibilización de los mecanismos para aprobar y ejecutar proyectos implica, lamentablemente, el riesgo de que los carteles de contratación y redes de corrupción locales traten de abalanzarse sobre estos recursos, como ocurrió en el pasado. Se supone que el Sistema refinó sus instancias de control y seguimiento internos y externos para evitar anomalías como los ‘elefantes blancos’, desvío de dineros, sobrecostos, problemas con los diseños, la ejecución y las respectivas interventorías. Sin embargo, la preocupación no desaparece. Planeación Nacional, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Auditoría, Contaduría, las veedurías ciudadanas, así como el Congreso, las asambleas y los concejos, al igual que las administraciones departamentales y municipales… Todos ellos deben tener millones de ojos encima de los 17,3 billones de pesos de las regalías a invertir en estos dos próximos años. El país no se puede arriesgar a que esta tabla de salvación para la recuperación regional termine en manos de la corrupción y el desgreño. Un reto principal para el inmediato futuro.