• Se avanza en la variable Multipropósito
• Avances que merecen mayor difusión

La idea de transformar el catastro que se ha manejado tradicionalmente en Colombia, por uno novedoso y mucho más moderno denominado “catastro multipropósito”, se incluyó en los acuerdos de Paz de La Habana, siguiendo un proceso de reforma que venía de un tiempo atrás. Esta iniciativa fue recogida luego por el Plan de Desarrollo 2018-2022 y por un importante documento Conpes (número 3958) que delineó los perfiles técnicos de este nuevo catastro y que si se implanta como está previsto, constituirá una auténtica revolución pacífica en los mecanismos de planeación urbana, de tenencia de la tierra y de la seguridad jurídica que debe rodear la propiedad rural en Colombia.

En un documento del Instituto Agustín Codazzi se define el catastro multipropósito de la siguiente manera: “Es un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales. La información obtenida contiene especificaciones sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios en términos de ocupación, valor, usos y urbanización”.

El catastro tradicional ha cumplido solamente fines fiscales: se supone que con base en la información del valor comercial de los predios que aparece en las cédulas catastrales se cobra el impuesto predial de los municipios. La finalidad del multipropósito es mucho más amplia y no se circunscribe solamente a las funcionalidades fiscales asociadas al cobro del predial. Cubre un campo mucho más amplio, que va desde contar con un mejor instrumento de planeación urbana, hasta coordinar y hacer coincidir de manera fidedigna el registro con el catastro. Pues cada uno de estos mecanismos va hoy por su lado y a menudo con graves incongruencias.

Un solo dato entre la infinidad al respecto sirve para ilustrar la importancia y la urgencia de organizar el catastro multipropósito en Colombia: En nuestro país existen 17.128.575 predios, de los cuales apenas el 5,8% cuenta con registros catastrales formados y actualizados a sus valores comerciales. El retraso es, pues, gigantesco en algo que, como los censos catastrales, resulta fundamental para la buena aplicación de las políticas públicas en todo sentido.

Las metas que se ha trazado el país para corregir este galimatías son especialmente ambiciosas: el pobre porcentaje de predios con catastro formado y actualizado que hoy tenemos (5,68%), deberá pasar al 60% en 2022, y al 100% en 2025. Tales son los exigentes objetivos que contemplan los documentos oficiales que hemos citado.

En el nuevo diseño del catastro, además del que llevan con relativa autonomía hoy en día Bogotá, Medellín y Cali, se establece un manejo más descentralizado (que ahora se define como un servicio público municipal), en el que la labor excluyente y exclusiva del IGAC se descarga en una buena medida en las alcaldías. Se les da más juego a éstas, a través de los denominados “gestores catastrales”. La Superintendencia de Notariado y Registro, Planeación Nacional y la Agencia de Tierras jugarán también un papel importante en la reglamentación y supervisión del nuevo catastro.

Para empezar a montar esta ciclópea tarea el país contrató ya dos créditos internacionales, uno con el Banco Mundial por 100 millones de dólares y otro con el BID por 50 millones de dólares, y se ha empezado a avanzar con programas piloto en algunas áreas que se han definido como prioritarias. Como son los municipios más afectados por la violencia, el narcotráfico y la pobreza.

Además de la desactualización, uno de los problemas más graves en la planeación urbana y rural de Colombia radica en que muy a menudo la información catastral y la registral sobre un mismo predio no coinciden. Esto le incorpora un elemento de incertidumbre y de inseguridad jurídica inmenso al mercado de la tierra; lo mismo que a las políticas de dotación y distribución de predios a los campesinos carentes de ellas en desarrollo de las políticas agrarias. El catastro multipropósito, se supone, irá superando esta grave falencia. E igualmente facilitará la aplicación eficiente de los POT y de las políticas ambientales en los diversos municipios del país.

El reto que se ha impuesto el Estado, consistente en tener formados y actualizados, con las metodologías del catastro multipropósito, para el año 2022, el 60% de los predios existentes es plausible en grado extremo. Pero también monumental. Los países que han logrado diseñar sobre bases firmes buenas políticas de desarrollo urbano y rural han comenzado siempre por tener una información catastral confiable y completa. Esta fue, por ejemplo, una obsesión de los borbones desde primera hora (recordar, en este caso, el catastro del Marqués de la Ensenada que, a juicio de muchos historiadores, empezó a abrir las puertas de la modernidad en España).

Si la información catastral de un país es deficiente o desactualizada, como sucede de manera lastimosa entre nosotros, todos los buenos propósitos de las políticas de ordenamiento y planeación urbana, ambiental, agraria, y de certeza jurídica en el mercado de la tierra, se quedarán en el aire. Por eso hay que darles un gran aplauso a los esfuerzos en marcha para implantar el catastro multipropósito.