* Los ataques del Gobierno al sector privado
* Ambiente enrarecido para la concertación
Los pronósticos de las últimas semanas sobre la marcha de la economía apuntan, todos, a que el crecimiento de este año se ubicaría, como máximo, en un 1,8 %, sin duda un indicador pobre que ni siquiera se puede catalogar de regular, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2021 el producto interno Bruto (PIB) creció 10,6 % y en 2022 bajó, pero se ubicó en un muy potable 7,5 %. Sin embargo, ya en 2023, en la administración Petro, se registró una descolgada al 0,6 %. Considerar –como ya lo han insinuado insólitamente algunas voces gobiernistas– que como vamos rumbo a ‘triplicar’ ese porcentaje a diciembre próximo esto sería un “avance superlativo”, es sencillamente irracional y evidencia el afán del Ejecutivo por esconder las consecuencias de una pésima gestión económica.
Está claro, según la mayoría de indicadores macro y micro, que en este segundo semestre no se va a registrar, lamentablemente, un rebote sustancial del aparato productivo. Por el contrario, con el desempleo repuntando, las exportaciones, el comercio y la industria sin salir de los números rojos y una segunda reforma tributaria en ciernes para tratar de contener la aguda crisis fiscal, la billonaria caída en el recaudo de impuestos y un presupuesto 2025 deficitario de entrada en doce billones de pesos, se hace más urgente que el Gobierno por fin pueda acordar con el sector privado el tan anunciado y discutido pero hasta ahora no concretado plan de choque de reactivación económica.
En el marco del último remezón ministerial, la instalación de la tercera legislatura y el alud de anuncios gubernamentales este 7 de agosto respecto a las metas del Ejecutivo para la segunda mitad de su mandato, así como de las exposiciones del gabinete en el marco de los foros “Confianza para crecer”, que viene realizando en todo el país, uno de los temas centrales es que se procederá a un ejercicio de concertación y “acuerdo nacional” con todos los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales. Vistos los antecedentes, sobre todo en el accidentado trámite de los proyectos de reforma, es innegable que persisten dudas marcadas sobre esa voluntad de consenso de la Casa de Nariño.
Aun así, como se dijo, en las últimas semanas se han adelantado reuniones de ministros y otros altos funcionarios con dirigentes gremiales y empresariales con miras a sentar las bases de ese urgente plan de choque. Sin embargo, no deja de ser contradictorio que, al mismo tiempo que el Ejecutivo convoca a los líderes del sector privado y los llama a trabajar juntos para despegar la economía, tanto el presidente de la República como integrantes del gabinete y algunos altos cargos los descalifican, insultan y acusan de situaciones que, en plata blanca, constituyen delitos.
De este escenario hacen parte afirmaciones presidenciales desafortunadas, como aquella en la que se insinuó que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar “palidecería” ante el monto de ganancias de la industria hidroeléctrica; lo dicho por el ministro de Minas y Energía en torno a que “las empresas de servicios públicos están expropiando los bolsillos de los colombianos”; las acusaciones generalizantes de voceros gubernamentales –y que no corresponden a la esencia del informe de la Contraloría– en torno a que “mientras la gente se moría por miles por el covid, se robaban billones de pesos del presupuesto de salud”; los señalamientos a los fondos privados de pensiones en cuanto a que con la reforma recién sancionada se les “acabó el negocio” que hacían con la plata de los colombianos para “enriquecerse”; los calificativos de “esclavitud” y “explotación servil” que se han utilizado contra los generadores de empleo en el marco de la defensa al proyecto de reforma laboral; los adjetivos poco amables y de claro corte populista del Ejecutivo contra los titulares de concesiones viales, ganaderos, hacendados, otros nichos productivos o incluso personas a las que se sataniza por el solo hecho de ser adineradas… Incluso se han criticado desde las toldas oficiales las decisiones de las altas cortes judiciales por considerar, sin detenerse a analizar el fondo de los fallos, que se beneficia intencionalmente al “gran capital” y “el establecimiento” en detrimento de los intereses “populares”…
Cuesta entender cómo el mismo Gobierno que dice tener una renovada y ahora sí tangible voluntad de diálogo, concertación y búsqueda de un “acuerdo nacional” con el sector privado con miras a construir una estrategia conjunta de reactivación económica a corto y mediano plazos, al mismo tiempo ataca de forma por demás agresiva y salida de cualquier contexto al empresariado. Una cosa es que el Ejecutivo y sus toldas defiendan las reformas y medidas que buscan implementar, pero muy otra es acudir para ello al insulto gratuito, la beligerancia verbal injustificada, discursos marcados por la intoxicación ideológica y acusaciones peregrinas, insinuando irresponsablemente hechos que rayan en los linderos del Código Penal. Es más, si desde el Gobierno se tiene certeza de algún actuar irregular o criminal de gremios o empresas, es su deber interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía, superintendencias y demás autoridades, en lugar de quedarse solo en el mensaje efectista y gaseoso de siempre.
Así las cosas, mientras no se atempere el proceder en las máximas instancias de la Casa de Nariño, el gabinete y otros altos cargos con respecto al sector e iniciativa privados, será muy complicado que la construcción de un plan de reactivación económica tangible y funcional pase a ser una realidad.