• La democracia en el polígono
• Amparar a candidatos no da espera

El problema más apremiante de la democracia colombiana se da hoy en el nivel local. Es aquí, ciertamente, donde se verifica un ataque frontal y aleve contra las personas y las instituciones, y donde se desarrolla el aniquilamiento de los candidatos a las próximas elecciones inmisericordemente. Parecería un eterno retorno ante el cual se estaría produciendo, además, una resignación cómplice.

Frente a ello es, por supuesto, lamentable constatar que la retórica de la paz no alcanzó para romperle el pescuezo a la realidad violenta de nuestro país. La dramática situación por la que atraviesa Colombia, con miras a la próxima justa electoral, es la demostración fehaciente de que se sigue pensando en términos de balas y de cadáveres, bien para deshacerse de los competidores políticos o bien para dejar absolutamente en claro quiénes son los ‘mandamases’ y los ‘dueños’ del poder en los municipios.

Ya no se trata exclusivamente de favorecer los corredores estratégicos del narcotráfico o de hacerse los de la vista gorda en torno a la minería criminal, sino de capturar el gobierno municipal a como dé lugar, a fin de cooptar los presupuestos y de poner las fichas claves en la burocracia correspondiente. No hay allí, desde luego, ninguna expresión democrática. Se trata, por el contrario, de imponerse por las armas y de cabalgar sobre la amenaza y el terror. En medio de ello, sobrevive una población desamparada y los comicios se convierten, entonces, en un teatro terrorista que, para muchos, es mejor desestimar para salvaguardar sus propias vidas.

En principio resalta y preocupa la atonía o la impotencia de las autoridades locales y regionales. Muy poco pueden hacer los alcaldes y los gobernadores casi nunca aparecen como los primeros encargados de la tranquilidad ciudadana y del orden público en las zonas respectivas. Parecería que el asunto no es con ellos. Es, de igual manera, la confirmación de que no tienen el dominio de la seguridad en el territorio. Su función prioritaria resulta, pues, de quinto orden, mientras caen los candidatos o tienen que hacer proselitismo atrincherados en sus oficinas, recurriendo simplemente a las aplicaciones a la mano y sin ningún contacto con la gente.

La Misión de Observación Electoral (MOE) acaba de revelar un extenso informe en el que advierte que se han presentado al menos 50 hechos de violencia contra aspirantes, desde el inicio de la campaña: 40 amenazados, dos secuestrados, cinco víctimas de atentados y siete  asesinados.

El país requiere con suma urgencia recuperar el principio de autoridad. La inseguridad campea sin límite alguno y es menester que el Estado actúe o habrá perdido definitivamente su razón de ser. Ciertamente, la democracia se define por muchos otros factores, pero en lo esencial se trata de garantizar elecciones libres y de que la ciudadanía pueda designar en las urnas a sus representantes. Lo contrario es un régimen democrático inexistente, como está sucediendo a diario en ciertas partes de Colombia. Y no puede ser excusa que como esto no ocurre en la mayoría del territorio, entonces la democracia está vigorosa y saludable.

Basta hoy con encender un noticiero internacional para darse cuenta de que los asesinatos y las amenazas, en plena contienda electoral, están haciendo estragos en la imagen externa del país. Para la gran mayoría en el extranjero es claro que no se ha dado la paz en Colombia y la guerra se ha reciclado en diferentes facetas. Ello, además, se relaciona con otras noticias desde Venezuela y, entonces, el cariz que se adquiere es el de una nación con una inestabilidad sin precedentes.

Cada amenaza y cada ataque se dan contra el corazón de la democracia. No bastan desde el punto de vista nacional declaraciones retóricas a la espera de que pronto se den las elecciones y de que entonces finiquite la tragedia. Cada vez que los colombianos despertamos con un asesinato más se produce una ola de temor que revierte en las ya de por sí malas condiciones estatales. De modo que se necesita, de inmediato, una estrategia que le permita a los colombianos confiar en el Estado y que se puedan llevar a cabo los comicios tranquilamente en estas semanas que faltan para el 27 de octubre.

Es mucho el trecho de aquí hasta entonces. Y es indispensable una sola voz entre el Presidente y los gobernadores, así como con las autoridades militares y de Policía, a fin de que esto no se siga convirtiendo en una matanza a cuentagotas. Es fundamental hacerle frente al fenómeno, con acciones inmediatas y la financiación correspondiente. El reto es no dejar que siga corriendo la sangre por el país, como si no estuviera ocurriendo nada. Los anuncios ayer del Jefe de Estado en materia de mayor seguridad electoral van en la dirección correcta pero se requiere más proactividad a nivel departamental y municipal para proteger la actividad proselitista en ese nivel, el local, que es en donde se está perdiendo la batalla.