De unas semanas para acá no hay día en que algún gremio, autoridad reguladora, empresa, sector productivo o vocero de otro tipo de entidades del orden nacional, regional o local, ya sea pública o privada, dejen de advertir el riesgo de un eventual racionamiento en el suministro de energía debido no solo al bajo nivel de los embalses, que son el corazón del sistema hidroeléctrico (que soporta más del 65% de la generación en Colombia), sino a otros cuellos de botella en materia financiera, regulatoria o técnica.

Ya son tantos los campanazos que, se supondría, a estas alturas del año esa eventualidad ya debería estar neutralizada o, por lo menos, listo un plan de contingencia lo suficientemente estructurado que disminuya lo más posible el peligro de un apagón. Al menos así lo sostiene el Gobierno.

Sin embargo, al tenor de las alertas esta semana de gremios como Asoenergía, Andesco o incluso de la propia Contraloría General, parece que no existe tal previsión o, si la hay, no genera la confianza para muchos sectores en el país.

Por ejemplo, el ente de control fiscal recomendó el pasado martes al Gobierno no solo poner en marcha un plan de choque para garantizar el suministro de energía durante los próximos meses, sino que promueva un marco regulatorio transitorio y excepcional que les permita a los proyectos de generación que se encuentran listos, conectarse al sistema.

En cuanto a este último aspecto, la Contraloría advierte que algunos de estos proyectos no han podido conectarse porque les faltan trámites, como la licencia. El problema radica en que para obtenerla es indispensable que se adelante oportunamente la consulta previa a las comunidades. Este procedimiento, según el ente, es muy difícil llevarlo a cabo sin el apoyo decidido del Ejecutivo en términos razonables, sobre todo en cuanto a la articulación de las diversas entidades intervinientes.

Resulta preocupante, incluso, que la Contraloría señale que esta es una falla advertida hace tiempo. De hecho, recuerda que se le indicó al Gobierno que esos proyectos de cargo por confiabilidad adjudicados en gobiernos anteriores, e incluso los más recientes, han tenido niveles de “siniestralidad” por varias razones relacionadas con trámites de licencias ambientales, consultas previas y otros.

No es un cuello de botella fácil de superar, al punto que algunos de esos proyectos están casi listos, pero no se han podido vincular al sistema interconectado nacional, esto pese a que pueden sumar más de 2.400 o 3.000 megas, lo que podría neutralizar totalmente el riesgo de apagón.